El 1 de junio de 2015, la policía acusó formalmente a 42 personas por su implicación en el derrumbe de la fábrica Rana Plaza en abril de 2013, que causó la muerte a más de 1 130 trabajadores y trabajadoras de la fábrica textil y dejó más de 2 000 heridos [1]. Entre los acusados se encuentran los propietarios del complejo Rana Plaza y funcionarios del Gobierno, entre ellos los cuatro inspectores públicos acusados de asesinato en masa por haber permitido que el edificio Rana Plaza se transformarse en un complejo de fábricas y por haber ayudado a los propietarios de la empresa a conseguir los permisos correspondientes, a pesar de que el edificio no cumplía con las normas mínimas de seguridad. Sin embargo, según las leyes de Bangladesh, los ministros del Gobierno deben dar su aprobación para que se pueda juzgar a sus empleados y, en este caso, los ministros se han negado a aprobar las acusaciones que se imputan a sus cuatro inspectores. El 8 de julio de 2015 el magistrado superior Mohammad Shadinur Rahman ordenó al Gobierno de Bangladesh que permita continuar con el caso contra los cuatro inspectores y dió un plazo hasta al 18 de agosto para que la fiscalía vuelva a presentar las acusaciones contra los inspectores.
Esta decisión del tribunal es un paso importante para poner fin a la impunidad con la que se vulneran los derechos de los trabajadores y garantizar que las víctimas del desastre del Rana Plaza reciben alguna forma de justicia. No obstante, a pesar de que esta decisión contribuye a mejorar la rendición de cuentas y al Estado de derecho en Bangladesh, las violaciones de los derechos de los trabajadores siguen sin investigarse ni llevarse a juicio más que en raras ocasiones. Así, el incumplimiento de las normas de seguridad en las fábricas sigue siendo estando generalizado y el Gobierno de Bangladesh no ha aplicado medidas para llevar a los responsables ante la justicia, entre ellos los propietarios del Tazreed Fashion, cuya fábrica se incendió el 24 de noviembre de 2012 y provocó la muerte de 112 trabajadores y trabajadoras, atrapados en el interior debido a la ausencia de salidas de emergencia. Además de estas vulneraciones de la normativa de seguridad de las fábricas, asistimos en la actualidad a un ataque contra los activistas sindicales y los trabajadores y trabajadoras que se organizan para proteger sus derechos, lo que también se lleva a cabo con total impunidad. La desaparición y el asesinato de Aminul Islam, líder sindical cuyo cuerpo mutilado se encontró el 5 de abril de 2012, sigue sin investigarse debidamente. La FIDH y Odhikar han pedido con anterioridad tanto al Gobierno de Bangladesh como a las empresas multinacionales que respeten los derechos de los trabajadores y trabajadoras del sector textil y que se garantice la rendición de cuentas por las violaciones que se cometan [2]
Otra vulneración de los derechos laborales que se produce con frecuencia en Bangladesh es la retención de los salarios. Los trabajadores y trabajadoras de las fábricas actualmente están realizando sentadas pacíficas por todo el país para apoyar a los trabajadores del Swan Garment Private Limited, que llevan tres meses sin recibir sus salarios y primas. Estas manifestaciones pacíficas corren a menudo el riesgo de causar una reacción violenta por parte de la policía industrial, que ataca a los representantes de los trabajadores y a otros grupos que piden públicamente que se respete la legislación laboral.
La FIDH y Odhikar instan de nuevo al Gobierno de Bangladesh a que permita que continúen los procesos judiciales contra todas las personas acusadas en el caso del derrumbe del edificio Rana Plaza y a que garantice que se rinden cuentas por todas las violaciones contra la seguridad y los derechos de los trabajadores. Es especialmente necesario que se respeten todos los acuerdos suscritos tras el desastre del Rana Plaza, así como que se haga justicia a las víctimas del desastre y que reciban una compensación adecuada. El Gobierno de Bangladesh debería asimismo informar públicamente de todas las medidas que se tomen para garantizar que se hace justicia a las víctimas y a sus familias. La FIDH y Odhikar instan además a la policía industrial de Bangladesh a cesar el acoso contra los representantes de los trabajadores y sindicatos y a permitir que todos los trabajadores y trabajadoras ejerzan su derecho a la acción colectiva, y pide asimismo a los propietarios de las empresas que paguen los salarios y las primas pendientes a todos sus trabajadores y trabajadoras.