En una sesión de una hora de duración la Misión Permanente de Nicaragua ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra dirigida por el Sr. Carlos Robelo Raffone comunicó la aceptación o el rechazo, según fue el caso, de las recomendaciones del EPU, cuyo pronunciamiento había postergado el Estado para el corriente mes.
Valoramos positivamente que el Estado haya ratificado el Convenio No. 169 de la OIT sobre los Pueblos Indígenas y Tribales y esperamos que adecue su legislación y sus prácticas a lo establecido en dicho Convenio. Sin embargo, preocupa al CENIDH, la OMCT y la FIDH que el Estado de Nicaragua haya rechazado valiosas recomendaciones, muchas ya formuladas anteriormente por Órganos de Tratados de Naciones Unidas, entre ellas la recomendación de adherirse al Tratado de Roma que crea la Corte Penal Internacional y la recomendación que le alentaba a adherirse al Protocolo Facultativo a la CEDAW.
De igual forma, el Estado desestimó adecuar su legislación a la definición de tortura proporcionada por el Código Penal y establecer dicha conducta como un delito en el Código Penal Militar, recomendación que ya había realizado anteriormente el Comité contra la Tortura. En relación con la violencia contra la mujer, el Estado rechazó restituir el aborto terapéutico haciendo caso omiso de las recomendaciones de cuatro Órganos de Tratados y de las numerosas recomendaciones que sobre el tema presentaron los Estados en la sesión del EPU de febrero.
Por otra parte, no nos parece constructivo que algunas recomendaciones hayan sido aceptadas bajo la premisa de que el Estado ya las está implementando, lo que no se corresponde con la realidad. Tal es el caso de las recomendaciones orientadas a los defensores y defensoras de derechos humanos para lo cual el Estado partió de la afirmación de que existía plena libertad para que los mismos realizaran su labor y que las agresiones alegadas provenían de particulares. Así mismo, causa preocupación que al afirmar que las organizaciones de la sociedad civil tienen plena libertad para manifestar libremente sus opiniones sobre la política gubernamental haya aprovechado la oportunidad para enfatizar que las organizaciones internacionales están impedidas alegando razones de soberanía.
Otro conjunto de recomendaciones rechazadas fueron las que se orientan a favorecer la independencia del Poder Judicial mediante su reforma, alegando que el mismo ya es independiente y garantiza el principio de legalidad. Esa posición puede conllevar a que se desaprovechen futuras oportunidades de cooperación bilateral o multilateral para mejorar la administración de justicia, particularmente la plena implementación de la Ley de Carrera Judicial.
El CENIDH, la OMCT y la FIDH llaman el gobierno a cumplir con todas las recomendaciones del EPU.
Para mayores informaciones agradecemos que se comuniquen con:
CENIDH: + 505 5 266 8940
OMCT: + 41 22 809 49 39
FIDH: + 33 143 55 14 12