El caso adquirió relevancia desde el 8 y 14 de mayo cuando a través de Radio Globo el periodista David Romero reveló que estos hechos involucrarían al actual Presidente de la República Juan Orlando Hernandez, y al partido de gobierno. Asimismo estaría implicado el Poder Judicial por su inacción frente a esta situación. Los actos de corrupción contemplarían la financiación del partido nacional a través de la creación de empresas fantasmas, desviación de fondos, venta de falsos remedios y sobrevaloración de toda clase de prestación del seguro social, entre otros.
Estas revelaciones dieron lugar a serias amenazas en contra del periodista David Romero y han provocado una genuina indignación en la ciudadanía expresada a través de numerosas manifestaciones y protestas de forma masiva.
“Es impactante el clamor del pueblo hondureño que se alza contra la corrupción que corroe su país y que vulnera el goce efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales de la población” , señaló Karim Lahidji, presidente de la FIDH. “Los responsables deben ser juzgados y sancionados y el dinero hurtado debe ser restituido a la salud de los hondureños.”
La FIDH solicita que se realicen investigaciones efectivas contra todos los responsables de este desfalco y los mismos sean juzgados como corresponde, sin esconder o minimizar sus pesadas consecuencias e impactos en el derecho a la salud de los ciudadanos hondureños.
Es sorprendente que la Comisión Multipartidaria creada para investigar "los avances relacionados con el caso de corrupción del IHSS y otros casos” haya decidido retomar el el caso de financiación del referendo la “cuarta urna” [1] , desconociendo el “Acuerdo de Cartagena” del 22 de mayo de 2011, que anulaba dicho proceso.
La FIDH considera que esta comisión no puede pretender esconder la magnitud y gravedad de lo acontecido con la seguridad social de los hondureños, tratando de desviar la atención hacia el tema del referendo de la “cuarta urna”.