PREOCUPACIÓN POR LA SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN HONDURAS TRAS EL GOLPE DE ESTADO: LA FIDH PARTICIPA EN UNA MISIÓN DE EVALUACIÓN

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) muestra su preocupación por la situación de los derechos humanos y la democracia en Honduras después del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, que supuso la destitución del presidente democráticamente electo, Manuel Zelaya. La semana pasada, la FIDH junto con otras 18 organizaciones1, participó en una misión de evaluación en Honduras con el fin de verificar la situación actual de los derechos humanos en ese país. Con base en la información recabada durante la misión, la FIDH insta a todos los actores en juego, a trabajar en favor del restablecimiento de las intituciones democráticas y de la protección de los derechos humanos en el país.

La misión, que tuvo lugar del 17 al 24 de julio de 2009, confirmó que se han producido graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos tras el golpe de Estado. Estas violaciones suponen el total incumplimento por parte del gobierno de facto de los tratados internacionales de derechos humanos firmados por Honduras. Algunas de las violaciones documentadas son consecuencia de la aplicación del Decreto 11-2009 que establece el Estado de sitio y restricciones de algunos derechos fundamentales. A pesar de que el Decreto instaura el Estado de sitio por un periodo de 72 horas, lo cierto es que aún está vigente, a pesar de no tener ningún fundamento legal. Otras violaciones son el resultado de la militarización de las fuerzas de seguridad del Estado y de otras instituciones públicas. Las principales violaciones cometidas por las fuerzas de seguridad pública durante las manifestaciones han sido detenciones arbitrarias e ilegales de ciudadanos extranjeros (principalmente nicaragüenses) y desapariciones forzosas. Además, las instituciones estatales encargadas de la protección de los derechos humanos han permanecido inactivas. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos no ha reaccionado ante estas violaciones y la Corte Suprema tampoco ha determinado la legalidad del Decreto 11-2009. Se han confirmado serias limitaciones a la libertad de expresión de periodistas y de varios medios de comunicación. El golpe de Estado ha supuesto también el deterioro de la situación de derechos humanos de varios grupos vulnerables, como los LGTB (Lesbianas, Gay, Transexuales y Bisexuales).

La FIDH ha confirmado que el golpe de Estado ha polarizado a la sociedad civil y ha incrementado la tensión social en el mismo país y particularmente en su frontera con Nicaragua. Si esta situación continúa, existe un alto riesgo de que se cometan violaciones masivas de derechos humanos así como otros graves crímenes. Por lo tanto, es necesaria una acción preventiva inmediata por parte de la comunidad internacional para contribuir a mejorar la situación del país.

Teniendo en cuenta esta dramática situación, la FIDH insta:

 A Los miembros de la comunidad internacional:

mantener la condena al golpe de Estado y la suspensión de las relaciones diplomáticas con Honduras; no reconocer los resultados de las eventuales elecciones organizadas por el gobierno de facto.

 A la Unión Europea:

suspender la cooperación económica con base al artículo 56.3.b del Acuerdo de Cooperación entre la UE y Centroamérica de 1993, que prevé esta posibilidad en caso de violación grave del orden constitucional y suspender la participación de Honduras en el Sistema General de Preferencias plus (SGP plus)

 Al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que realice una visita de terreno al país.

 Al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que condene públicamente el golpe de Estado y que tome medidas para el restablecimiento de las instituciones constitucionales.

 Al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que adopte una resolución llamando al respeto de los derechos humanos en el país.

 Al Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), que recuerde a Honduras que es un Estado parte del Estatuto de la CPI y que si la situación continúa deteriorándose con más violaciones, podría estar bajo la jurisdicción de la CPI.

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