Organizaciones internacionales saludan la iniciativa del Ombudsman del Banco Mundial de auditar un proyecto de inversión de la Corporación Financiera Internacional debido a presuntas violaciones de derechos humanos contra comunidades campesinas en el valle del Bajo Aguán, Honduras, y exigen detener el proyecto de inmediato

Las organizaciones internacionales de derechos humanos y redes de la sociedad civil firmantes saludamos la iniciativa del Compliance Advisor Ombudsman (CAO) de auditar la inversión de 30 millones de dólares de la Corporación Financiera Internacional (CFI), en la Corporación Dinant de Honduras, para apoyar la expansión de plantación de palma aceitera en el valle de Aguán. La auditoria se generó debido a que comunidades afectadas y organizaciones de derechos humanos denunciaran violaciones de derechos humanos, alegando que el cliente de la CFI pudo haber llevado a cabo, facilitado o apoyado los desalojos forzosos de campesinos en el Valle del Aguán con la aplicación inapropiada de violencia por las fuerzas de seguridad públicas y privadas bajo el control o la influencia de Dinant. [1] Entre el 27 de febrero y 8 de marzo de 2013, un grupo de expertos de la CAO se reune en Washington DC, para estudiar el caso. [2]

Durante los ultimos años, hemos venido monitoreando constantemente la situación de derechos humanos en el valle del Bajo Aguán, inter alia, a través de una misión de verificación internacional de derechos humanos en marzo de 2011 [3], una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, en octubre de 2011, y una audiencia pública internacional sobre la situación de derechos humanos en Tocoa, Colón, el 28 de mayo de 2012. [4] Varias de las organizaciones firmantes hemos dado seguimiento a la situación de derechos humanos y al conflicto agrario en el Bajo Aguán por más de una década.

El conflicto agrario en el Bajo Aguán es el conflicto más grave en América Central en los últimos 15 años, debido a la violencia contra campesinas y campesinos, que se agravó aún más después del golpe de estado. De acuerdo con nuestra documentación, por lo menos 57 personas afiliadas o afines a organizaciones campesinas fueron asesinadas desde septiembre de 2009 presuntamente en el marco del conflicto agrario, más un periodista y su pareja. Además, un campesino fue desaparecido el 15 de mayo de 2011. De acuerdo con la información obtenida de la Oficina de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos de Honduras, las investigaciones de estos asesinatos no han sido efectivas, por lo que han quedado en total impunidad hasta la fecha.

Las evidencias disponibles y los testimonios indican que las fuerzas de seguridad de la Corporación Dinant juegan un rol central en la violencia contra las comunidades campesinas de la región. El informe de la misión de verificación internacional de 2011, la audiencia pública internacional de 2012, y una serie de pronunciamientos emitidos por organizaciones internacionales, que son de conocimiento de la CAO, documentan de manera detallada las alegaciones respectivas, incluyendo el involucramiento de guardias de seguridad privada contratados por la Corporación Dinant en el asesinato de cinco campesinos el 15 de noviembre de 2010, en la finca El Tumbador.

El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre el uso de mercenarios declaró después de concluir su visita reciente a Honduras del 18 al 22 de febrero de 2013: “la delegación recibió información consistente sobre que muchos guardias de servicios de seguridad privados portan armas prohibidas y las utilizarían para cometer violaciones de derechos humanos. A este respecto, el Grupo de Trabajo expresó su preocupación sobre dicho involucramiento en violaciones de derechos humanos de las compañías de seguridad privadas contratadas por los terratenientes, incluidos asesinatos, desapariciones, desalojos forzados y violencia sexual contra los representantes de las asociaciones campesinas en la región del Bajo Aguán.” [5]

De acuerdo con el resumen del proyecto 27250 de la CFI, se esperaba que iba a tener “un número limitado de impactos ambientales y sociales que se pueden prevenir o mitigar”. En relación al tema de la tierra involucrada en el proyecto, el CFI indica que “el desarrollo de las plantaciones aceiteras esta ocurriendo en tierras agrícolas existentes saneadas, y no habrá destrucción o impacto en hábitat sensible. La adquisición de la tierra es basada en la compraventa voluntaria (willing buyer willing seller basis), sin desplazamiento involuntario de persona alguna." [6]

Esta descripción es incorrecta e inconsistente con los hechos documentados. El valle del Bajo Aguán, es muy conocido por ser una de las regiones más conflictivas del país, en lo que se refiere a tenencia y derechos a la tierra. Casos de desplazamiento involuntario han sido documentados en varios informes y pronunciamientos. En el caso de las tres fincas San Isidro, La Trinidad y El Despertar, sentencias firmes judiciales establecieron la restitución de estas tierras a favor de los miembros del Movimiento Auténtico Reivindicativo Campesino del Aguán (MARCA) efectuada en junio de 2012, después de un proceso legal de 18 años. Las sentencias confirman que la adquisición de las tres fincas por los empresarios Miguel Facussé y René Morales no fue legal; también confirmó que las comunidades campesinas respectivas organizadas en MARCA fueron desalojadas ilegalmente en 1994. [7]

El abogado de los campesinos, Antonio Trejo Cabrera, quién había trabajado exitosamente para obtener esta sentencia judicial, fue asesinado el 22 de septiembre de 2012. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos [8], la Alta Comisiona de Derechos Humanos de Naciones Unidas [9], tres relatores especiales de Naciones Unidas [10], la Unión Europea [11], y otras instituciones condenaron el asesinato de Antonio Trejo Cabrera, reconociendo que él como representante legal de MARCA y defensor de derechos humanos había recibido amenazas de muerte, las mismas que también había denunciado ante las autoridades. En sus comunicaciones escritas y orales con organizaciones internacionales de derechos humanos en 2012, Antonio Trejo indicó que según su información, las amenazas de muerte estaban directamente relacionadas con su trabajo por las comunidades campesinas del Bajo Aguán. José Trejo Cabrera, hermano de Antonio Trejo quién públicamente exigió la investigación exhaustiva y la condena de los autores materiales e intelectuales de la muerte de su hermano, fue asesinado de varios tiros en Tocoa, el 16 de febrero de 2013. [12] Estos crímenes son conocidos por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional quien ha abierto un examen preliminar sobre Honduras.

Considerando las obligaciones del Banco Mundial y de sus Estados miembros, queremos subrayar que los 188 Estados miembros del Banco Mundial tienen obligaciones de derechos humanos que respetar, proteger y hacer cumplir. Estas obligaciones se aplican en todas circunstancias, y no permiten la no-aplicación en el marco de la cooperación internacional; al contrario, los Estados deben observar sus obligaciones de derechos humanos en todas sus acciones y en todo momento. Los Estados, cuando actúan como miembros del Banco Mundial, deben hacerlo con la debida diligencia necesaria para garantizar que el Banco Mundial respete, proteja y cumpla con los derechos humanos en donde actúe o sus proyectos impacten. [13] Más aún, las propias Normas de Desempeño sobre Sostenibilidad Ambiental y Social de la CFI, que sus clientes deben cumplir afirman que “las actividades comerciales deben respetar los derechos humanos, lo que significa evitar infringir los derechos humanos de los demás y atender a los impactos adversos sobre los derechos humanos que dichas actividades puedan causar o a los que puedan contribuir.” [14]

Las organizaciones firmantes creemos que hay pruebas suficientes a disposición de la CAO que indican que la CFI, al calificar y evaluar los impactos sociales del proyecto en cuestión, debe tomar en consideración las alegaciones de violaciones de derechos humanos, incluyendo las fuerzas de seguridad de su socio, la represión y violencia generalizada contra las comunidades campesinas en el contexto del conflicto agrario, especialmente el empeoramiento severo de la situación después del golpe de estado en junio de 2009. Además, antes de establecer el proyecto con Corporación Dinant, la CFI debió haber considerado el conflicto agrario de larga data entre las comunidades campesinas y el socio de la CFI en la región del Bajo Aguán, que ya era de conocimiento nacional cuando la CFI aprobó su proyecto de inversión.

Urgimos fuertemente a la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial que detenga de inmediato la cooperación financiera con Corporación Dinant, y se abstenga de retomarla hasta que a) se realicen avances significativos para superar la impunidad de crímenes y de abusos de derechos humanos cometidos contra campesinos/as organizados/as en el Bajo Aguán y personas que los apoyaban; y b) se implemente una solución comprehensiva, justa, pacífica y sostenible al conflicto de tierra entre la Corporación Dinant, el gobierno de Honduras, y los movimientos campesinos locales.

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