GOBIERNO DE FACTO DESAF

Declaración del Observatorio Internacional sobre la situación de Derechos Humanos en Honduras (OISDHHN)

29 de septiembre de 2009

Ante los últimos acontecimientos en Honduras que han significado una vez más el desprecio del gobierno de facto a la comunidad internacional y, su voluntad expresa de seguir reprimiendo al pueblo hondureño en resistencia pacífica contra el golpe de Estado, el OISDHHN manifiesta:

 Se condena fuertemente la suspensión durante 45 días de las garantías constitucionales. El gobierno golpista publicó el pasado sábado 26 de septiembre de 2009 el decreto ejecutivo PCM-16-2009 que impone nuevamente el toque de queda, suspende la libertad de tránsito, prohíbe las reuniones públicas no autorizadas por la policía o el ejército, impide la libre expresión y autoriza la suspensión de cualquier radioemisora o canal de televisión que ofenda funcionarios gubernamentales o atente contra resoluciones gubernamentales.

 El Observatorio también expresa su repudio por la toma militar y el cierre de los medios críticos al gobierno, el Canal 36 y Radio Globo, que el lunes 28 de septiembre de 2009 fueron asaltados y sacados del aire. Esta actuación violenta la Constitución Política hondureña que en su artículo 73 prohíbe la confiscación de todo equipo utilizado para la emisión y difusión del pensamiento.

 El OISDHHN deplora la muerte de la joven estudiante de derecho Wendy Elizabeth Ávila quien falleció el sábado 26 de septiembre de 2009 en el Hospital Escuela de Tegucigalpa presuntamente por los efectos de los gases lacrimógenos. Se hace un llamado a la Fiscalía de Derechos Humanos para que se investigue este hecho y se establezcan las sanciones penales correspondientes por el uso abusivo y desproporcionado de la fuerza.

 El Observatorio condena igualmente que la respuesta del gobierno de facto a los llamados al diálogo de la OEA, sea la expulsión de cuatro delegados del organismo, la ruptura de relaciones diplomáticas con Brasil y el ultimátum de 10 días dado al gobierno brasileño para definir el estatus de Zelaya.

En este contexto de represión y degradación rápida de la situación queda claro que no existen condiciones para llevar a cabo una campaña electoral. Los y las hondureñas no pueden ejercer sus derechos civiles y políticos con libertad y, están constantemente asediados y amenazados en sus libertades fundamentales.

Por esto, el Observatorio Internacional sobre la situación de Derechos Humanos en Honduras solicita:

1) Al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, aprobar el envío de una misión internacional de urgencia a Honduras compuesta por los relatores especiales de ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias y sumarias, el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias, el relator especial sobre la independencia de jueces y abogados, el relator especial de la situación de defensores de derechos humanos, el relator especial para la promoción y protección de libertad de opinión y expresión, el grupo de trabajo sobre desapariciones forzosas y el relator especial sobre tortura y otros tratamientos crueles, inhumanos y degradantes.

2) Al Fiscal General de la Corte Penal Internacional, utilizar preventivamente las facultades que le otorga el Estatuto de Roma para evitar que se perpetren más violaciones a los derechos humanos en Honduras y de manifestar públicamente que se encuentra monitoreando la situación en Honduras y, que investigará las posibles responsabilidades penales sobre crímenes de su competencia, como el de persecución política, que se agrava con el Decreto expedido por el gobierno de facto.

3) A la Unión Europea, condenar firmemente las últimas acciones represivas del gobierno de facto que atentan contra el diálogo, no reconocer a ningún funcionario hondureño en Europa que se manifieste a favor del golpe de Estado, establecer con claridad que no reconocerá el proceso electoral por la ausencia de garantías democráticas y la violación de las libertades fundamentales.

4) Al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, reunirse de nuevo de emergencia para condenar los nuevos hechos en Honduras así como el desafío lanzado por los golpistas a la comunidad internacional. Urge que el Consejo respalde las resoluciones de la OEA, establezca un plazo perentorio a los golpistas para restablecer en el gobierno al Presidente Zelaya y, establezca sanciones económicas en relación con los golpistas y los empresarios que sostienen el golpe de Estado.

5) A los candidatos presidenciales hondureños y al parlamento de Honduras, repudiar el decreto PCM- M- 016 de 2009 por el cual se suspenden las libertades fundamentales en Honduras por 45 días y, en su lugar hacer un llamado a restablecer al presidente depuesto en el gobierno y a un gran diálogo nacional que permita la superación de la profunda crisis política, social y económica en se ha sumido Hondura como consecuencia del golpe de Estado.

6) Al gobierno de facto para que desista de la aplicación del decreto que restringe libertades fundamentales y garantice el ejercicio y la protección de estos derechos. Este gobierno debe reabrir los medios de comunicación: Canal 36 y Radio Globo y garantizar de inmediato el ejercicio de su libertad de expresión.

Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Iniciativa de Copenhaguen para Centroamérica y México (CIFCA)

FIAN Internacional

Federación de Derechos Humanos de España

Suedwind - Austria

IBIS - Dinamarca

Instituto de Estudios Políticos sobre América Latina y África (IEPALA-España)

Servicio Paz y Justicia (SERPAJ-Uruguay)

Solidaridad Mundial - Bélgica

Plataforma Interamericana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo (PIDHDD)

Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH – Perú)

Para más información contacte:

Martin Wolpold-Bosien, wolpold-bosien@fian.org

Marcia Aguiluz, maguiluz@cejil.org

Luis Guillermo Pérez, LuisG.Perez@cifcaeu.org

Leer más