21 de junio 2023. Las esperanzas para Guatemala de convertirse en un modelo de reconciliación y de lucha frente a la corrupción para la región se han convertido en un recuerdo lejano. En esta nota, la FIDH presenta todos los argumentos que llevan a la conclusión de que la democracia está en grave peligro en Guatemala. En tan solo cuatro años, el gobierno guatemalteco ha atacado deliberadamente los pilares del sistema democrático: primero, la independencia judicial; luego, la libertad de expresión; y ahora, la integridad de las elecciones.
La nota presenta de manera detallada las dificultades que vienen atravesando las instituciones del país. En 2019, el gobierno guatemalteco ordenó el cierre de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y revocó la inmunidad de los investigadores anticorrupción de las Naciones Unidas. Ese mismo año, el Congreso, que debía elegir nuevos magistrados para la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones, transgredió lo ordenado por la Corte Constitucional y prolongó indefinidamente el mandato de los magistrados actuales. Esta renovación irregular de los mandatos fue clave para cooptar el poder judicial y así asegurar que sus decisiones favorezcan a determinadas personas presuntamente responsables de graves delitos.
La Fiscal General María Consuelo Porras, sancionada por EE. UU. por hechos de corrupción, transformó a la Fiscalía en un ente de persecución penal indebida contra periodistas, jueces y fiscales, defensores de derechos humanos y opositores políticos.
A octubre de 2022, al menos cincuenta y tres funcionarios judiciales habían sido destituidos, criminalizados u obligados al exilio: veintitrés de la FECI, trece fiscales o exfiscales, once funcionarios del Ministerio Público, cuatro jueces y dos magistradas.
Las elecciones del 25 de junio son la continuidad del régimen de corrupción e impunidad
Las elecciones presidenciales, parlamentarias, y municipales de este fin de semana se van a llevar a cabo en un ambiente de zozobra para los periodistas que son críticos con el gobierno actual y la corrupción. Por ejemplo, José Rubén Zamora, prestigioso periodista y fundador de varios medios, se enfrenta a un juicio penal injustificado, en el que no ha tenido garantías básicas para su defensa e incluso sus abogados han sido también criminalizados. Esta semana el periodista ha sido condenado a seis años de cárcel.
Para Jimena Reyes, directora del Programa Américas por la FIDH, “la participación inconstitucional de Zury Ríos, hija del dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt, en las elecciones de este fin de semana y, paralelamente, las decisiones arbitrarias que impiden la participación de otros candidatos, algunos bien posicionados en las encuestas, son indicadores del posible fin de la democracia en Guatemala”.
La FIDH llama a los observadores de las elecciones a denunciar si se detecta una falta de transparencia en el manejo del software para el conteo de los votos. Asimismo, se insiste en la necesidad de observar la falta de libertad de expresión en las elecciones, la exclusión indebida de candidatos y la cooptación de los órganos encargados de velar por el respeto de los derechos políticos de los guatemaltecos.
La FIDH llama también a la comunidad internacional a posicionarse de forma más enérgica ante el riesgo de una transición hacia un régimen dictatorial en Guatemala.
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