La FIDH publica hoy su informe de observación del juicio celebrado contra el general José Efraín Ríos Montt, condenado el 10 de mayo de 2013 por el Tribunal de Sentencia Primero A de Mayor Riesgo de Guatemala, en una sentencia histórica, a ochenta años de prisión por genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad. El Tribunal declaró que la fiscalía y la parte civil habían demostrado los delitos concretos identificados en la acusación: la masacre de 1.771 indígenas Maya Ixil, el desplazamiento forzoso de 29.000 personas, al menos nueve casos de violencia sexual, y varios episodios de tortura perpetrados por el Ejército entre marzo de 1982 y agosto de 1983. Su co-acusado y ex-jefe de inteligencia militar, el general José Mauricio Rodríguez Sánchez, fue absuelto por falta de pruebas.
La FIDH, durante sus dos misiones de observación judicial, realizadas desde el inicio del juicio, el 19 de marzo, hasta el 24 de marzo, y del 15 al 20 de abril de 2013, advirtió la estrategia dilatoria de la defensa de los acusados, que buscaba crear las condiciones para viciar el juicio a través del abuso fraudulento de amparos, recusaciones y otros recursos. También constató las presiones a las que fueron sometidos los integrantes del Tribunal de Sentencia, los abogados defensores e incluso los propios sobrevivientes y víctimas que declararon como testigos en el juicio, a través de campañas de difamación, intimidaciones y amenazas, llevando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a dictar medidas cautelares el pasado 28 de junio a favor de los jueces del Tribunal de Sentencia.
Jo-Marie Burt, observadora de la misión internacional de la FIDH, declaró: “El juicio es un testimonio del coraje de las víctimas, quienes después de tres décadas de impunidad institucionalizada y negación oficial de los hechos, se atrevieron a hablar ante un tribunal de justicia sobre la violencia sistemática desplegada por el Ejército guatemalteco en sus campañas de tierra arrasada. También es importante reconocer la valentía de los abogados, fiscales y jueces que se esforzaron para llevar el caso a buen término, enfrentando serios riesgos”.
Sorpresivamente, el 20 de mayo de 2013, la Corte de Constitucionalidad decidió ordenar la anulación de parte del debate, lo cual dejaría sin efecto la sentencia condenatoria. La FIDH, en su informe, considera que es una prueba más de la impunidad de la que han gozado durante décadas, y continúan gozando, los más altos responsables de los crímenes perpetrados en el marco del conflicto armado interno. La decisión de la Corte de Constitucionalidad evidencia la falta de voluntad de condenar a Ríos Montt, en la medida en que tres de los cinco jueces que la conforman se alinearon con las maniobras procesales dilatorias de la defensa. Estos hechos se deben probablemente a presiones ejercidas por poderes cercanos al ex-dictador que inclusive solicitaron públicamente la anulación de la sentencia.
Manuel Ollé Sesé, observador de la misión internacional, manifestó que “la perseverancia de los Estados se consigue no con la renuncia a la justicia, sino con su realización frente a la impunidad y al olvido.”
Por su parte, Karim Lahidji, Presidente de la FIDH, afirmó: “Esta situación refleja las debilidades del sistema de justicia en Guatemala y pone en tela de juicio su independencia e imparcialidad, provocando graves consecuencias tanto para las víctimas, en clara violación de su derecho a la verdad, la justicia y la reparación, como para la vigencia del Estado de derecho. Es con el objetivo de solicitarle a la Corte de Constitucionalidad que reforme su decisión que la FIDH publica hoy su informe.”
Recordando que el Tribunal de Sentencia declaró la existencia de genocidio en Guatemala, probando que los crímenes cometidos respondían a un patrón de acción sistemático y generalizado, y que Ríos Montt tenía pleno conocimiento de las actuaciones del Ejército en su condición de Jefe de Estado, la FIDH solicita a la Corte de Constitucionalidad reconsiderar y reformar su decisión, manteniendo vigente la sentencia condenatoria. Asimismo, insta a que en ningún caso, se re-victimice a los sobrevivientes obligándolos a soportar la carga de un nuevo juicio en caso de que se reanude el mismo. La FIDH igualmente exhorta a que se garantice la seguridad de los operadores de justicia y de los abogados y testigos en el caso.
Finalmente, la FIDH urge a las autoridades guatemaltecas a tomar todas las medidas necesarias para fortalecer el sistema judicial, garantizando la imparcialidad e independencia de los jueces en todas las instancias y a asegurar, en particular, la permanencia e inamovilidad de los Tribunales de Alto Riesgo, entidades que permitieron que se juzgara y condenara a un ex Jefe de Estado por uno de los más graves crímenes internacionales.
Descargar el informe "Genocidio en Guatemala: Ríos Montt Culpable" .