Ginebra-París-Tegucigalpa, 6 de noviembre de 2023 - Honduras se enfrenta a un contexto generalizado de desigualdad, pobreza y falta de oportunidades. Desde diciembre de 2022 hasta la fecha, el país se encuentra en estado de excepción con el fin de reducir los altos índices de delincuencia y violencia en al menos 158 municipios del país. Sin embargo, en lugar de garantizar la integridad de las y los hondureños, esta medida ha colocado a la población en una situación de mayor riesgo, tal y como remarcó el Relator Especial de Naciones sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, tras una visita del país en mayo y junio de 2023. Éste constató el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y muertes ilícitas en contextos de detención, así como en barrios y sectores marginalizados, afectando principalmente a jóvenes, mujeres, personas LGBTIQA+ y personas defensoras de derechos humanos.
Frente a esta realidad, la defensa de derechos humanos en Honduras continúa siendo una laboral indispensable, pero una de las más peligrosas, no sólo en el país, sino en la región latinoamericana y el mundo. En los últimos cinco años, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) ha registrado el asesinato de al menos 62 personas defensoras de derechos humanos y cuatro desapariciones. El 66% de las víctimas se dedicaban a la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente.
A lo largo de 2022, la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores en Riesgo de ACI-Participa documentó en un informe presentado a inicios de 2023, 453 violaciones de derechos humanos dirigidas contra 289 personas defensoras de derechos humanos, en 16 de los 18 departamentos de Honduras, además del asesinato de 18 personas defensoras.
Entre los ataques y agresiones más comunes y recurrentes, ACI-Participa identificó actos de estigmatización, criminalización, difamación, persecución judicial, agresiones físicas y verbales, intimidación y amenazas, detención ilegal, desalojos y despojos, discriminación y asesinato en contra de las y los defensores. Las personas defensoras de la tierra y el territorio, de los derechos de las poblaciones indígenas y afro-hondureñas, y de las personas LGBTIQA+ son las que más violaciones a sus derechos humanos sufren, hechos que también han sido denunciados por la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, la Sra. Mary Lawlor y, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la libertad de opinión y de expresión, la Sra. Irene Khan.
A pesar de que el gobierno actual, encabezado por Xiomara Castro, incluyó en su plan de gobierno la implementación de una política integral de protección a las personas defensoras de derechos humanos con el fin de prevenir e investigar ataques, así como reparar a las víctimas y sancionar a los responsables, quienes defienden los derechos humanos continúan realizando su labor en un contexto de alto riesgo.
En el primer cuatrimestre de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reportó el asesinato de al menos ocho personas defensoras de los derechos humanos, de las cuales algunas contaban con medidas de protección del Estado hondureño. De igual manera, desde enero de 2023, la CIDH ha otorgado medidas cautelares a dos personas defensoras de derechos humanos, así como a comunidades y organizaciones, beneficiando a más de 40 personas entre estas. A pesar que el Estado hondureño tiene la obligación de implementar estas medidas, en algunos casos como el de la defensora Hedme Castro la implementación no ha sido adecuada y al contrario, ha puesto a la defensora en una situación de mayor riesgo de sufrir actos de violencia.
ACI-Participa ha documentado que más del 95% de las violaciones que sufren las personas defensoras de derechos humanos quedan en la impunidad. Por otro lado, los grupos criminales se siguen fortaleciendo y continúan amenazando la vida de las comunidades y personas defensoras; así como actores del sector privado, tales como los empresarios, que continúan desplazando y persiguiendo a las personas defensoras, por lo que el contexto en el que se realiza la labor de defensa es de alto riesgo.
De igual modo, se utiliza de manera discrecional el derecho penal en contra de las personas defensoras de los derechos humanos para prevenir y desgastar su labor. Según información de la OACNUDH, se utilizan tipos penales como la “usurpación”, “alteración de términos y linderos”, y “daño a la propiedad privada” para criminalizar a las personas defensoras. Las acusaciones son promovidas principalmente por actores del sector privado, empresarios y particulares. Estos actos también son utilizados como mecanismos disuasorios, impactando en la labor colectiva de defensa de derechos humanos y en las comunidades.
A pesar de que Honduras cuenta desde 2015 con el Sistema Nacional de Protección para los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, este mecanismo no está cumpliendo con sus responsabilidades. Los recursos y capacidades financieras, técnicas, humanas y materiales han sido desmanteladas desde 2022, y se incumplen las medidas de protección otorgadas a las personas defensoras. Asimismo, no se llevan a cabo análisis de riesgo exhaustivos y, de acuerdo con la CIDH, existen graves asimetrías y discrecionalidad en la distribución de los recursos financieros para la implementación de las medidas de protección, con un 85% del presupuesto destinado a seis personas defensoras beneficiarias. Las personas beneficiarias y sus representantes no tienen acceso a la información relativa a sus análisis de riesgo ni tampoco se facilita su participación en la discusión y establecimiento de las medidas más adecuadas para proteger su integridad física y bienestar psicológico. Todo ello, agudiza gravemente la vulnerabilidad de las personas defensoras en riesgo.
Por lo anterior, el Observatorio y ACI-Participa exhortan al Estado de Honduras a:
• Adoptar las recomendaciones señaladas por órganos y mecanismos internacionales para la protección de personas defensoras de derechos humanos en Honduras;
• Cumplir las sentencias dictadas por la Corte IDH, así como, la implementación de medidas cautelares a personas defensoras de derechos humanos otorgadas por parte de la CIDH;
• Garantizar el funcionamiento del Sistema Nacional de Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, a través del fortalecimiento de sus capacidades técnicas, humanas, financieras y materiales;
• Revisar con urgencia las medidas de protección de las personas beneficiarias del Sistema Nacional de Protección, utilizando enfoques técnicos y especializados para realizar análisis de riesgos que puedan garantizar su seguridad e integridad física y psicológica.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefender.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.
La Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI-Participa) es una organización no gubernamental de derechos humanos fundada en 2003, con el objetivo de promover el respeto, protección e investigación de violaciones de derechos humanos en Honduras. ACI-Participa cuenta con Unidad para la Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en riesgo y desde allí, lleva a cabo acciones de investigación criminal, documentación de casos de violaciones de derechos humanos y brinda acompañamiento a la implementación de protocolos de seguridad organizacional, física y psicoemocional.