Bruselas, 17 de diciembre 2010
En febrero de 2009, fueron reveladas al publico las actividades ilegales del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad), uno de los servicios de inteligencia de Colombia. En particular, se supo quel DAS, ilegalmente, buscaba espiar, estigmatizar, desacreditar, amenazar, y perseguir los jueces de la Corte Suprema, defensores de derechos humanos, periodistas, sindicalistas, opositores políticos y miembros de organizaciones no gubernamentales.
Varios procesos judiciales contra funcionarios del DAS involucrados en el caso de espionaje ilegal están en marcha. El 28 de agosto del año corriente, uno de los ex subdirectores del DAS, Jorge Alberto Lagos, fue condenado a ocho años de prisión, y ha reconocido públicamente los hechos. Los Diputados del Parlamento Europeo felicitan estos avances judiciales.
Citando la falta de garantías de la justicia colombiana, varios funcionarios del DAS intentan huir del país buscando asilo territorial en los países vecinos. El 19 de noviembre pasado, María del Pilar Hurtado, ex directora del DAS, obtuvo de esta forma asilo territorial en Panamá.
Expresamos nuestra preocupación por la reciente decisión del Gobierno de Panamá, que promueve la impunidad de los responsables de las graves actividades ilegales del DAS.
Quisiéramos recordar a los gobiernos de América Latina que, de acuerdo con la Convención de Ginebra de 1951, el asilo político no debe concederse a las personas a las cuales haya motivos fundados para considerar que han cometido un delito grave de derecho comun, o que son culpables de actos contrarios a los objetivos y principios de las Naciones Unidas.
En este sentido, instamos a los gobiernos de los países latinoamericanos a no conceder asilo territorial a las personas acusadas en el caso del DAS. También reiteramos que el gobierno colombiano tiene la obligación de proteger a todas las personas acusadas en el caso del DAS para que la justicia pueda avanzar en este tema, y acogemos con satisfacción las recientes declaraciones del nuevo presidente colombiano, Juan Manuel Santos, recordando que la justicia colombiana ofrece todas las garantías necesarias para su buen funcionamiento.