Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia
Bogotá, octubre de 2014
Estimados Magistrados:
Como organizaciones no gubernamentales y redes internacionales, nos dirigimos a Ustedes para mostrarles nuestra preocupación sobre el caso del defensor de derechos humanos internacionalmente conocido, David Ravelo Crespo, miembro de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS) de la ciudad de Barrancabermeja (Colombia).
El Sr. Ravelo se encuentra privado de su libertad desde el 14 de septiembre de 2010 acusado de ser autor intelectual del homicidio cometido en 1991, del entonces secretario de Obras Públicas de Barrancabermeja David Núñez Cala. Durante todo el proceso, los abogados defensores de David así como diferentes instancias y organizaciones internacionales, han denunciado numerosas irregularidades. A pesar de ellas, David Ravelo Crespo fue condenado, en primera y segunda instancia, a 220 meses de cárcel. El pasado 11 de febrero se radicó ante el Tribunal Superior de Bucaramanga (Santander) la sustentación de la demanda de casación y en marzo este Tribunal trasladó el caso a la Corte Suprema de Justicia.
Reafirmando nuestro total respeto por la independencia de la judicatura en Colombia, consideramos que en un Estado de Derecho es fundamental el respeto de las garantías nacionales e internacionales del debido proceso incluyendo el derecho a una legítima defensa y a un juicio justo, garantías que según las denuncias, han sido repetidamente violadas en el desarrollo de este proceso. Por este motivo, nos parece extremadamente importante que la Corte Suprema pueda estudiar las denuncias al respecto y el caso en profundidad para asegurar que David Ravelo sea sometido a un proceso justo e imparcial en el que se le brinden todas las garantías hasta ahora negadas.
Desde que David Ravelo se encuentra detenido, ONGs nacionales, internacionales y mecanismos de las Naciones Unidas han llamado la atención sobre su caso y la falta de cumplimiento de los estándares internacionales del debido proceso. En particular, en marzo de 2011, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, Gabriela Knaul, y la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Margaret Sekaggya, enviaron un comunicado conjunto al Gobierno Colombiano a raíz de la detención de este notable defensor de derechos humanos. En este comunicado, expresaron su preocupación porque «la criminalización del señor Ravelo Crespo se estaría enmarcando en un contexto de aumento de los casos de judicialización contra defensores de derechos humanos en Colombia» [1]. Asimismo, recordamos que en ocasión de la XXII sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se aprobó una resolución que insta a los Estados a garantizar una mayor protección de los defensores de los derechos humanos y exige sobre todo que se ponga fin al uso y abuso de la legislación nacional para criminalizar las actividades de los y las defensoras de los derechos humanos.
Entre las varias irregularidades denunciadas durante el proceso, los abogados de David Ravelo señalaron la ilegitimidad del fiscal William Pacheco Granados, de la Fiscalía 22 de la Unidad Nacional Antiterrorismo, quien dirigió la investigación en contra de David Ravelo. Asimismo el señor Pacheco Granados fue el fiscal que acusó David Ravelo Crespo ante los jueces, y participó en el juicio pidiendo su condena. El señor Pacheco Granados, antes de ser Fiscal era teniente de la Policía Nacional en Armenia (Quindío, Colombia), fue investigado por la Procuraduría y posteriormente destituido de su cargo por la misma instancia, debido a su involucramiento en la desaparición forzada de Guillermo Hurtado Parra, en Armenia, en hechos ocurridos en el año 1991 [2]. Posteriormente, en noviembre de 1993, el señor Pacheco Granados fue condenado a un año de prisión por un Tribunal Superior Militar. Entendemos que según la legislación Colombiana estos hechos lo descalificaban para el ejercicio de cualquier cargo en la fiscalía por lo que nunca podría haber sido el responsable de conducir una investigación contra un defensor de derechos humanos. De hecho, en la actualidad, tenemos noticia de que el señor Pacheco Granados ha sido vinculado a investigación penal por la fiscalía, bajo los cargos de desaparición forzada.
La defensa del Señor Ravelo también denuncia que el caso en su contra está principalmente basado en las declaraciones de dos paramilitares desmovilizados, que fueron condenados por graves crímenes cometidos en la ciudad de Barrancabermeja (entre los cuales destacan las masacres del 16 de mayo de 1998 [3] y la del 28 de febrero de 1999 [4]) a raíz de hechos denunciados por el mismo David Ravelo Crespo. Por estas y otras denuncias los dos paramilitares declararon al Sr. Ravelo Crespo como “objetivo militar” [5]. Actualmente, la Fiscalía General ha imputado cargos a uno de los desmovilizados, Mario Jaimes Mejía alias “El Panadero”, por falso testimonio, por haber señalado al excongresista Aristides Andrade como otro de los autores del homicidio por el que David Ravelo está condenado. En el acta de la imputación de cargos contra Jaimes Mejía, la fiscalía cita varias declaraciones que –a su juicio– ponen en entredicho las declaraciones que el exjefe paramilitar le ha dado a la justicia. Señala también al respecto que “las innumerables contradicciones de las diferentes declaraciones que usted (El Panadero) ha hecho ante la administración de justicia, al ser contrastadas por las recibidas por otros deponentes y otras evidencias materiales”, eran suficientes para procesarlo por su supuesto falso testimonio [6].
Además la defensa de David Ravelo argumenta otra serie de irregularidades como que el proceso actual equivale a una reformulación de los cargos anteriores de los cuales David Ravelo ya fue absuelto, ya que se vuelve a argumentar que como parte de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) ordenó el asesinato de Nuñez Cala. Recordamos que David Ravelo ya estuvo encarcelado 27 meses entre 1993 y 1995 acusado de rebelión, fue juzgado y absuelto de todos los cargos y ganó posteriormente una demanda de reparación contra el Estado que fue condenado a indemnizarle por detención arbitraria [7].
Como organizaciones no gubernamentales y redes internacionales hemos venido realizando un seguimiento muy cercano a este caso y hemos expresado en numerosas ocasiones nuestra preocupación por estas y otras irregularidades sustentadas por los abogados defensores de David Ravelo que, como mencionábamos, entendemos que socavan el derecho de defensa del Señor Ravelo así como las garantías del debido proceso.
Confiando plenamente en el máximo tribunal de justicia de Colombia, esperamos que tomen en cuenta las preocupaciones mostradas anteriormente y que la Honorable Sala admita y examine el recurso extraordinario de casación interpuesto por la defensa del Sr. Ravelo Crespo para asegurar así que este defensor de derechos humanos sea sometido a un proceso justo e imparcial en el que se le brinden todas las garantías hasta ahora negadas.
Atentamente,
ABColombia
Abogados sin Fronteras Canadá
Acción de los Cristianos para la Abolición de la tortura (ACAT-France)
ASK! - Grupo de Trabajo Suizo por Colombia
Christian Aid
Colombia Solidarity Campaign
Cooperacció
Colombian Caravana UK Lawyers’ Group - Grupo de Abogados del Reino Unido de la Caravana Internacional de Juristas
Front Line Defenders
Haldane Society of Socialist Lawyers
Justice for Colombia
Justicia por Colombia España
kolko - Menschenrechte für Kolumbien,
Latin America Working Group (LAWG)
Lawyers’ Rights Watch Canada
Misereor
Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (Organización Mundial contra la Tortura – OMCT y Federación Internacional para los Derechos Humanos – FIDH)
Oficina Internacional de Derechos Humanos –Acción Colombia (OIDHACO)
PBI – Peace Brigades International – Proyecto Colombia
Protection International
Taula Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia
Unión Internacional de Abogados
United Steelworkers
War on Want
Washington Office on Latin America (WOLA)
Adhesiones individuales
Alice Krispijn miembro de la Caravana Internacional de Juristas - Países Bajos
Harald Wiersema miembro de la Caravana Internacional de Juristas - Países Bajos
Wout Albers miembro de la Caravana Internacional de Juristas - Países Bajos
Para contacto por favor dirigirse a:
kolko - Menschenrechte für Kolumbien e.V.
Greifswalderstr. 4
10405 Berlin
E-mail: mail(a)kolko.net