Ayer se realizó una audiencia convocada por el Ministerio Público del Estado de Maranhāo sobre el proceso de reubicación de las 230 familias de la comunidad de Piquiá de Baixo, en Açailândia, que desde hace más de veinte años sufre de la contaminación ambiental causada por las industrias siderúrgicas ubicadas en la zona. Asistieron representantes de tres Secretarios estatales del Municipio de Açailândia y del Sindicato de las Industrias Siderúrgicas del Estado de Maranhāo (SIFEMA). En la mesa faltaba Vale, primera empresa minera del mundo, la cual estaba celebrando a unas cuadras del lugar de reunión la venida del mayor barco del mundo comisionado por la empresa sur coreana Daewoo. Sin embargo y a pesar de su ausencia deplorada por todos los actores presentes, el encuentro permitió llegar a un acuerdo entre el Municipio de Açailândia y el SIFEMA para la expropiación - en un plazo de 30 días - del terreno eligido para la reubicación de la comunidad de Piquiá de Baixo. El encuentro también permitió fijar próximas audiencias para el monitoreo del plan de reubicación, incluyendo los aspectos relacionados a urbanización e infraestructura. También se realizarán reuniones específicas entre el Ministerio Público y la Defensoría Pública del Estado y entre el Estado y la Vale para que asuman sus responsabilidades y compromisos concretos, con plazos definidos, para una resolución efectiva de los problemas de la comunidad.
El pasado 18 de mayo, la Federación Internacional de Derechos Humanos, Justicia Global y la Red Justicia en los Rieles (Justiça nos Trilhos) publicaron el informe «Cuánto valen los derechos humanos? Los impactos sobre los derechos humanos con relación a la industria minero-siderúrgica en Açailândia», que analiza los daños causados por las actividades de Vale y empreas vinculadas en materia de salud en las comunidades de Piquiá de Baixo y del asentamiento California en el estado Maranhāo y le insta, así como a sus socios, a poner fin a la contaminación ambiental en la zona. Este Informe fue presentado en Sāo Luis, Brasilia y Río de Janeiro en audiencias con representantes del Ministerio Público Federal, del Banco Nacional de Desarrollo (BNDES), de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia, del Ministerio Público, de los Ministerios de Minas y Energía, de Salud y de Ambiente así como sus contrapartes a nivel estatal y representantes del Municipio de Açailândia. El informe logró tener una repercusion significativa en la prensa nacional e internacional. No obstante, Vale se negó a reunirse con los representantes de nuestras organizaciones.
Por otra parte, en el día de hoy, la FIDH dirigió una carta abierta a la Presidencia de Brasil con el propósito de manifestar su profundo desacuerdo ante el rechazo a las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de la suspensión de la construcción de la represa hidroeléctrica de Belo Monte, proyecto en el cual está involucrado Vale, que recién volvió a formar parte del consorcio (deteniendo 9%) tras una inversión de 1,45 mil milones de dólares. Estas medidas cautelares solicitan al Estado brasileño suspender la construcción de la represa hidroléctrica de Belo Monte, Estado de Pará, mientras no haya realizado las debidas consultas con las comunidades indígenas afectadas por este proyecto y adoptado medidas para proteger la vida, salud e integridad personal de sus miembros.
Nos parece sumamente preocupante que el Estado brasileño no tome las medidas necesarias para prevenir, impedir y condenar las violaciones de derechos humanos perpetradas por las empresas transnacionales en el marco de la realización de megaproyectos de desarrollo, sino que privilegie e incluso legitime las actividades de estas empresas en detrimento del derecho a la salud, a un ambiente sano, a la integridad personal y a la vida de las comunidades ubicadas en los territorios donde se éstas actúan.
Recordando que el Estado brasileño debería hacerse garante de un desarrollo económico en el pleno respeto de los derechos humanos, instamos a las autoridades brasileñas acatar las medidas cautelares emitidas por la CIDH, suspendiendo la construcción de la represa hidroeléctrica de Belo Monte, así como investigar las violaciones de derechos humanos cometidas por las empresas en la cadena minera-siderúrgica y garantizar la reparación de las personas y comunidades afectadas. Más generalmente, instamos al Estado brasileño ejercer un mayor control sobre las actividades de las empresas transnacionales y sus impactos, específicamente en materia ambiental y social, así como garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada de las comunidades indígenas, de acuerdo a sus obligaciones internacionales.