Viernes 20 de febrero de 2015, por Ccajar, Prensa - Colectivo
Entre el 6 y el 18 de febrero integrantes del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo han sido víctimas de persecución y de labores ilegales de inteligencia por parte de organismos de inteligencia estatal, tanto en Bogotá como en sus desplazamientos hacia regiones. Estas actividades ilegales han sido puestas en conocimiento del gobierno nacional, los organismos de investigación y control, la Defensoría del Pueblo y la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DH, Oacnudh. Ante esta cadena de hechos de persecución, el Cajar exige en sus comunicaciones oficiales a las autoridades adelantar las investigaciones necesarias, y tomar medidas urgentes y eficaces para que cese la persecución contra el Cajar. Responsabilizamos al Estado y al gobierno nacional por acciones u omisiones que afecten la integridad de nuestra organización y sus integrantes.
El pasado martes 17 de febrero en la cafetería de Almacenes Éxito de la ciudad de Neiva, el abogado Reinaldo Villalba, del Cajar, cumplía con una cita con víctimas de un caso considerado como ejecución extrajudicial, acompañado por un periodista de la región. Durante el almuerzo un hombre llegó y se ubicó al lado de la mesa que ocupaba el abogado, a pesar de que había más mesas vacías. Este hombre portaba un radio de comunicaciones que puso encima de su mesa.
Transcurrido un rato, otro hombre se sentó en la mesa contigua y detrás del abogado, siempre con un teléfono celular en sus manos. El periodista le tomó una fotografía ante lo cual el hombre se levantó de la mesa y se dirigió al abogado y le puso su carné sobre la mesa presentándose como agente de la SIJIN, y argumentó haber recibido informes de seguridad del almacén sobre personas sospechosas, información que fue desvirtuada después por el Jefe de seguridad del Almacén Éxito.
Después de unos minutos se hizo presente el hombre que había almorzado en la mesa vecina y que portaba el radio, y manifestó haber sido el autor de la llamada a la SIJIN. Se dirigió al abogado Villalba a quien saludó como “Doctor Alvear”, y refirió aspectos de la conversación sostenida entre el abogado, el periodista y las víctimas, con lo cual quedó comprobado que se trataba de labores de inteligencia ilegal.
Este hecho preocupante ha estado precedido de otros episodios de seguimientos y amenazas en días anteriores.
El pasado 6 de febrero durante la audiencia pública por el asesinato del dirigente sindical Jorge Darío Hoyos Franco en la que se enjuicia al agente de inteligencia del ejército nacional sargento Fredy Francisco Espitia, la abogada Soraya Gutiérrez del CAJAR fue amenazada por el testigo que estaba declarando, situación de la que dejó constancia expresa en las actas de audiencia. Posteriormente, recibió una llamada en la que preguntan por “Francisco”, es decir, el nombre del agente de inteligencia enjuiciado. Luego, por razones de salud, fue reemplazada por su colega Reinaldo Villalba Vargas también, abogado del Cajar, quien fue objeto de seguimientos dentro y fuera del complejo judicial de Paloquemao en compañía de la abogada Yessika Hoyos, también integrante del Cajar e hija del sindicalista Jorge Darío Hoyos.
El día 12 de febrero de 2015, el abogado Luis Guillermo Pérez Casas, presidente del Cajar, se hallaba en la ciudad de Villavicencio reunido en lugar público con familiares de la masacre de Mapiripán. A este lugar llegó una camioneta Toyota machito, color verde oliva con vidrios polarizados. Después de unos minutos hizo su aparición otro hombre quien permaneció en el local donde se desarrollaba la reunión. De repente, por frente del estadero pasó una moto con parrillero, cuyo ocupante intercambio señas con el hombre que se encontraba al interior.
El día 17 de febrero de 2015, la abogada Carolina Daza Rincón, del Cajar, se encontraba en la ciudad de Villavicencio y al regresar al hotel en el que acostumbra hospedarse, la persona que atiende la recepción le informó que una señora estuvo preguntando por la abogada para entregarle documentos que no presentó ni dejó en recepción. Cabe destacar que la única abogada en dicho hotel era Carolina Daza.
Ante esta cadena de hechos de persecución, el Cajar exige en sus comunicaciones oficiales a las autoridades adelantar las investigaciones necesarias, y tomar medidas urgentes y eficaces para que cese la persecución contra el Cajar. Responsabilizamos al Estado y al gobierno nacional por acciones u omisiones que afecten la integridad de nuestra organización y sus integrantes.