El pasado martes, una manifestación de entre 13.000 y 20.000 personas promovida por el Frente Patriótico Nacional, fue reprimida por unos dos mil policías, que desalojaron violentamente la plaza del Congreso utilizando balas de goma, gases lacrimógenos, carros lanza-agua y bastonazos, resultando heridas cien personas y provocando centenares de detenciones.
El hecho de que el fiscal Alejandro Nissen, quien ordenó el desalojo con arreglo a la ley del Marchódromo, que establece las prohibiciones de horarios y lugares para actos y marchas, haya presentado una denuncia ante la Fiscalía de Derechos Humanos contra la Policía Nacional por sus actos abusivos constituye una muestra evidente de los excesos ocurridos durante dicha manifestación.
Dicha represión debe entenderse en un ambiente generalizado de descontento contra el gobierno por parte de sectores políticos y sociales, en particular funcionarios, maestros e incluso policías y militares que aún no han cobrado sus salarios del mes de agosto.
En este contexto, un grupo de 34 gremios y organismos sociales ha anunciado " la mayor movilización de la historia " el día 23 de septiembre en todo el país.
La FIDH se encuentra extremadamente preocupada por la proliferación de la criminalización de la protesta social en el Cono Sur. Los Estados que no aseguran a su población los derechos sociales, económicos y culturales y, que recurren a la represión antes que a la concertanción, aseguran por esa vía la multiplicación de la violencia y la desinstitucionalización. La represión política y social es incompatible con los principios fundamentales que rigen una democracia y en contradicción con las disposiciones, tanto internas a estos países, como internacionales que garantizan la libertad de expresión y de manifestación.
La crisis Argentina se extiende a los demás países de la región, el aparato judicial en lugar de ser un dispensandor de justicia, se ha convertido en un administrador de la impunidad, ayer frente a los crímenes de lesa humanidad, hoy frente a la corrupción y medidas de políticas públicas que rayan con un ejercicio criminal del poder.
La FIDH acoge con expectativa la evolución de las investigaciones que deberán esclarecer los hechos ocurridos el pasado martes y llama al gobierno de Paraguay a garantizar el derecho a la libertad de expresión y de manifestación, de manera particular durante las próximas movilizaciones previstas para el próximo 23 de septiembre.