La FIDH y el Centro Africano para Estudios de Justicia y Paz (ACJPS) instan al Consejo de Seguridad de la ONU, que remitió la situación en Darfur a la CPI en 2005, así como a los demás Estados a que cooperen plenamente con la Corte y detengan a las personas buscadas por la CPI, incluido el presidente sudanés Omar Al Bashir.
"Es hora de ir más allá de las declaraciones de preocupación sobre la situación en Sudán y de adoptar medidas concretas para ejecutar todas las órdenes de detención contra el presidente Al Bashir y otros sospechosos ante la CPI. Las víctimas y los supervivientes del conflicto de Darfur merecen justicia" , han declarado nuestras organizaciones.
Actualmente hay cinco órdenes de detención en vigor relacionadas con la investigación en Darfur y tres inculpados de Sudán continúan ocupando cargos públicos.
En su informe al CSNU, Bensouda destacó que la investigación en Darfur permanece abierta, a pesar de las grandes dificultades y contratiempos. Expuso los actos de violencia sexual generalizada que se siguen cometiendo, así como los ataques contra la población civil, los defensores y defensoras de los derechos humanos, el personal humanitario y de mantenimiento de la paz. Desde enero de 2015, hay 120 000 personas desplazadas en Darfur. Además, tras la remisión del caso de Darfur a la CPI, se ha extendido el conflicto a las regiones del Nilo Azul y Kordofán meridional.
El informe de Bensouda surge a raíz de la reciente visita del presidente Omar Al Bashir a Sudáfrica, Estado parte en la CPI. Bashir visitó Sudáfrica para asistir a la Cumbre de la Unión Africana, pese a las dos órdenes de detención vigentes en su contra, dictadas por la CPI por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra en 2009 y genocidio en 2010, respectivamente. El Sr. Bashir llegó a la cumbre el 13 de junio y desde su llegada a Sudáfrica, la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI emitió una decisión que precisaba sin ambigüedades que Sudáfrica tenía la obligación de detener y entregar inmediatamente a Al Bashir. El Centro de Litigios del África Meridional (SALC) rápidamente emprendió acciones legales (en inglés) para exigir a las autoridades sudafricanas a que cumpliesen con sus obligaciones internacionales y ejecutasen localmente la orden de detención contra Al Bashir. Bashir salió de Sudáfrica precipitadamente el 15 de junio, a pesar de que el Tribunal Supremo de Pretoria había dictado una orden provisional que obligaba a las autoridades a impedir que abandonara el país. El Tribunal Supremo posteriormente dictaminó que las acciones del Gobierno de Sudáfrica eran contrarias a la Constitución de la República de Sudáfrica (en inglés).
"La falta de acción por parte de Sudáfrica —que de hecho se trata de un incumplimiento deliberado— deja una vergonzosa mancha en su reputación de nación comprometida con el Estado de derecho" , declararon nuestras organizaciones. "Los muchos miles de víctimas del conflicto de Darfur esperan justicia y acciones como estas solo sirven para obstaculizar el camino de la rendición de cuentas por algunos de los delitos más graves cometidos en la historia reciente. Todos los Estados parte y el propio CSNU tienen la obligación de impedir que estos gritos de justicia pasen inadvertidos."
Haciéndose eco de las observaciones de Bensouda al CSNU en su 20º informe, en el que declaraba que " sin unas medidas más firmes y comprometidas por parte del Consejo de Seguridad y de los Estados parte, es poco probable que la situación en Sudán mejore y que los presuntos autores de delitos graves contra la población civil sean llevados ante la justicia", nuestras organizaciones instan al CSNU y a los Estados parte miembros del Estatuto de Roma a que reconsideren su apoyo a la CPI y su esfuerzo por ejecutar las cinco órdenes de detención existentes.
Contexto
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) remitió a la CPI la situación en Darfur por primera vez el 31 de marzo de 2005.
A pesar que han transcurrido diez años, los cuatro principales sospechosos de la investigación, incluido el presidente sudanés Omar Al Bashir, siguen en libertad en Sudán pese a las órdenes de detención en vigor.
En nueve ocasiones, la Sala de Cuestiones Preliminares ha remitido al CSNU la cuestión de la falta de cooperación de Sudán y de otros Estados parte en la detención de los cuatro fugitivos. El 26 de junio, la Sala de Cuestiones Preliminares dictó una orden de remisión al CSNU contra Sudán, al estimar que no había detenido al antiguo ministro de defensa Abdel Raheem Muhammed Hussein, acusado por primera vez en 2012 de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Hussein se convirtió en gobernador de Jartum a principios de junio de 2015.
Tras la remisión del caso de Darfur a la CPI en 2005, el conflicto se ha extendido a las regiones del Nilo Azul y Kordofán meridional. Ahmed Haroun, inculpado por la CPI, es el actual gobernador de Kordofán septentrional. Desde marzo de 2015, cerca de 1,7 millones de personas se han visto desplazadas dentro de las regiones de Kordofán meridional y el Nilo Azul, lo que supone aproximadamente la mitad de la población. Los conflictos se han caracterizado por violaciones masivas del derecho humanitario y del derecho de los derechos humanos, incluyendo ataques terrestres acompañados de bombardeos aéreos.