El informe demuestra que la ruptura del diálogo político, la impunidad de los autores de lo que a menudo han sido graves violaciones de los derechos humanos, la falta de una reforma efectiva sector de la seguridad y la instrumentalización de la justicia han llevado a la actual crisis de seguridad y a la degradación de la situación política.
Según afirma Dismas Kitenge, vicepresidente de la FIDH, que dirigió la misión de investigación en Burundi, "los violentos choques que se están produciendo en estos momentos en Burundi son resultado directo de la represión que ha llevado a cabo el régimen de Pierre Nkurunziza en los últimos años, que se ha intensificado antes de las elecciones generales. Nuestro informe muestra cómo y por qué hoy, en Burundi, existe un clima de desconfianza generalizado hacia las instituciones públicas, la policía y el sistema de justicia, y cómo esta desconfianza amenaza con perjudicar a la estabilidad del país."
La investigación llevada a cabo por la FIDH e ITEKA ha servido para documentar varios casos de actos de violencia con motivación política, sobre todo contra activistas de la oposición. Las pruebas reunidas muestran que en 2014 y 2015 activistas de la oposición han sufrido intimidaciones, amenazas y violencia física a manos, sobre todo, de Imbonerakure, la liga juvenil del CNDD-FDD, el partido en el poder. Más preocupante aún resulta el hecho de que estos abusos a menudo hayan sido perpetrados con la complicidad de funcionarios públicos (policía, servicios de inteligencia y administración local). La seguridad sigue siendo un motivo de preocupación importante en Burundi y el informe muestra que las autoridades no han respondido de forma adecuada para evitar que se cometan abusos, entre los que se incluyen ejecuciones sumarias y extrajudiciales atribuidas a las fuerzas de defensa y de seguridad.
El informe revela asimismo las tácticas utilizadas por quienes ocupan el poder para eliminar las voces disidentes, especialmente de los defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas, y explica el modo en que la manipulación del sistema de justicia contribuye a ello.
Hoy, a un mes de la celebración de las elecciones generales, existen temores muy justificados de que se produzca una grave degradación de la situación política y de las condiciones de seguridad. La cuestión de un posible tercer mandato del Presidente Pierre Nkurunziza ha dominado el debate público en los últimos meses, acentuando las divisiones entre los grupos políticos y causando el descontento de amplios sectores de la población. A la luz de la violenta respuesta de la policía, que ha actuado contra quienes han protestado de forma pública contra este posible tercer mandato del presidente saliente, es innegable el riesgo de que se produzca un estancamiento político que llevaría a una escalada de violencia.
Los choques que han tenido lugar en los últimos días ya han tenido consecuencias terribles. Al parecer, han muerto al menos 13 personas, entre ellas un soldado, la mayoría a consecuencia del uso de la munición real utilizada por la policía contra los manifestantes. Al menos 161 personas han resultado heridas, muchas de ellas de gravedad. Casi 600 manifestantes han sido detenidos y encarcelados y hay información sobre los malos tratos infligidos a algunos de ellos. Varios informes han corroborado la implicación de miembros de Imbonerakure, junto a la policía, en la represión de los manifestantes. En varios distritos de la capital, como el municipio de Kanyosha, miembros de Imbonerakure se han dejado ver con armas de fuego, han disparado tiros de advertencia para evitar que los manifestantes salgan a la calle e incluso han lanzado granadas contra algunos de ellos. En otras zonas como Kinama, al parecer, han golpeado y detenido a manifestantes antes de entregarlos a la policía. Otras informaciones indican que el 6 de mayo manifestantes del municipio rural de Kanyosha capturaron y golpearon a unos ocho miembros de Imbonerakure, antes de entregárselos los militares.
La violencia se ha unido a restricciones impuestas a las libertades fundamentales, que incluyen el cierre de una de las estaciones de radio más populares, RPA, y serias limitaciones a otras dos, Bonesha FM e Isanganiro, a quienes se les ha prohibido emitir en las zonas provinciales.
A la vista de la gravedad de la situación, la comunidad internacional tiene la responsabilidad de impedir que prosiga la escalada de violencia y de degradación de la situación política y de las condiciones de seguridad en Burundi. En el informe, nuestras organizaciones instan especialmente a las Naciones Unidas y la Unión Africana a que no solo aumenten su compromiso político y diplomático Burundi, sino que también analicen la posibilidad de utilizar otros mecanismos, como sanciones, para frenar la violencia, presionar para que se reanude el diálogo político y se restablezca el Estado de derecho en Burundi.
Si Pierre Nkurunziza no retira personalmente su propia candidatura, lo que parece altamente improbable, y los agentes burundeses no logran alcanzar un acuerdo negociado para terminar con el estancamiento político, nuestras organizaciones insisten en que las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Africana (UA) deben proponer de forma inmediata la creación de un comité independiente de expertos, formado por líderes africanos, internacionales y, si es posible, de Burundi, de reconocida integridad e imparcialidad y con un sólido historial en derecho internacional o constitucional. Este comité, presidido por una persona elegida por consenso, recibiría el mandato de emitir una decisión vinculante sobre si Pierre Nkurunziza puede o no, de acuerdo con la ley, presentarse a las elecciones para un nuevo mandato presidencial, así como aplicar medidas encaminadas a consolidar la confianza para la celebración de elecciones tan pronto como sea posible.
Mientras, la ONU, la UA y la Unión Europea deben mostrar claramente que están preparadas para responder a las violaciones de los derechos humanos que se han observado, haciendo uso de los mecanismos pertinentes establecidos por las cartas de estas organizaciones.
Las instituciones, Estados y empresas que proporcionan apoyo logístico técnico y financiero para la celebración de las elecciones deberían establecer condiciones claras para brindar este apoyo, e informar a las autoridades de que se suspenderá toda ayuda en el caso de que existan violaciones de los derechos humanos. Las instituciones y Estados que prestan apoyo en el entrenamiento de las fuerzas de seguridad y de defensa deben hacer lo mismo.
La ONU y la UA deben también estar preparadas para intervenir en caso de que la violencia se intensifique, con objeto de garantizar la protección de los civiles tan rápido como sea posible.
Por último, la Fiscalia de la Corte Penal Internacional debe realizar una declaración pública y oficial para recordar que los crímenes cometidos en Burundi pueden recaer bajo la competencia de la corte y que se deben pedir responsabilidades a quienes los cometan.
Descargar el informe "Burundi: Evitar una explosión"(disponible en francés)