En un informe conjunto hecho público hoy (en iglés), el Observatorio y la Asociación Justicia Paz y Democracia (AJPD) describen un entorno en el que los defensores y defensoras de los derechos humanos y los periodistas de Angola están sometidos a acoso judicial y administrativo, actos de intimidación, amenazas y otras formas de restricciones de su libertad de asociación y de expresión.
Nuestras organizaciones publican este informe (en inglés) una semana antes del comienzo del juicio en Luanda de un importante periodista y defensor de los derechos humanos, Rafael Marques de Morais. El informe también sale a la luz en un contexto en el que las autoridades de Angola han introducido recientemente un proyecto legislativo cuyo objetivo es regular las actividades de las ONG y que, en caso de ser adoptado por el presidente en su forma actual, perjudicará de forma considerable las labores independientes de defensa de los derechos humanos en el país.
"Las autoridades de Angola mantienen voluntariamente a los defensores y defensoras de los derechos humanos, así como a los periodistas, en una situación de vulnerabilidad. Juicios injustos, acoso recurrente, actos de intimidación y leyes restrictivas son métodos propios de estados que no toleran la oposición. Esta situación debe terminar y las autoridades de Angola tienen que aceptar la existencia de voces disidentes," declararon nuestras organizaciones.
El 24 de marzo de 2015, comenzará en Luanda el juicio contra el periodista Rafael Marques de Morais, acusado de delitos de difamación criminal. Se acusa a Marques difamación a raíz de la publicación, en 2011, de su libro "Diamantes de Sangre: Corrupción y Tortura en Angola" en el que denuncia la corrupción y las violaciones de los derechos humanos presuntamente cometidas por algunos agentes estatales y empresarios de la industria minera del diamante. El Observatorio y la AJPD hacen un llamamiento a las autoridades angoleñas para que retiren los cargos de difamación criminal contra Rafael Marques y se atengan a las recomendaciones regionales e internacionales que instan a despenalizar la difamación y a proteger el trabajo relativo a los derechos humanos.
"Durante muchos años Rafael Marques ha sido blanco de las autoridades. Este juicio es un ejemplo más de la voluntad del régimen de restringir su libertad de expresión y socavar su trabajo de información sobre las violaciones de los derechos humanos cometidos en el sector de la industria extractiva. Como se ilustra en nuestro informe, las irregularidades procesales observadas desde que Marques fue acusado en enero de 2013, muestran claramente que no podrá tener un juicio justo," añadieron nuestras organizaciones.
Recientes ataques contra los defensores y defensoras de los derechos humanos
El informe revela que los defensores y defensoras de los derechos humanos y los periodistas que denuncian cuestiones que pueden resultar sensibles, como la corrupción, la mala gobernanza, las demoliciones y los desalojos forzados o la situación de derechos humanos en Cabinda, son los principales blancos de las autoridades.
Algunos casos recientes ilustran claramente esta tendencia. En Cabinda, el 14 de marzo de 2015, tuvo lugar la detención arbitraria de Marcos Mavungo, exmiembro de la organización Mpalabanda, y del abogado Arão Bula Tempo, antes de una manifestación programada para el mismo día, en denuncia de las violaciones de derechos humanos y la mala gobernanza reinante en la provincia. Ambos fueron trasladados a la oficina provincial para una investigación penal y todavía continúan detenidos. El 16 de marzo, los dos fueron acusados de "sedición". El Observatorio y la AJPD hacen un llamamiento a las autoridades para que procedan a su liberación inmediata y pongan fin a lo que parece ser el acoso judicial de quienes trabajan en defensa de los derechos humanos.
Anteriormente, el 18 de febrero de 2015, hubo un robo en las oficinas de la organización Omunga, una organización establecida en la provincia de Benguela, muy conocida por su postura contra las demoliciones y desalojos forzados. Dos hombres armados, vestidos con uniformes militares, atacaron al guardia y robaron una cámara y un teléfono. A pesar de la demanda interpuesta por José Patrocino, el Coordinador de Omunga, y, mientras se somete con cierta frecuenta a miembros de su organización a actos de intimidación, la policía no ha llevado a cabo ninguna investigación seria e imparcial hasta la fecha. El Observatorio y la AJPD expresan su profunda preocupación ante estos recientes acontecimientos ya que ponen de manifiesto la existencia de un entorno cada vez más inseguro para el trabajo de defensa de los derechos humanos en Angola. Nuestras organizaciones instan a las autoridades a que identifiquen a los autores de este robo y los sometan a juicio ante un tribunal independiente.
Intentos por continuar restringiendo la libertad de asociación
Nuestras organizaciones expresaron la más profunda preocupación ante la presentación, en febrero de 2015, de un proyecto de ley sobre las actividades de las ONG, a propuesta del Ministerio de Asistencia Social y Reinserción y del Servicio de Inteligencia Exterior. Con el pretexto de prevenir el terrorismo, el proyecto de ley, que se adoptará por decreto presidencial, contiene algunas disposiciones que, si se aplicasen, podrán poner considerablemente en peligro el trabajo de las organizaciones independientes de derechos humanos en Angola. Entre otros, la ley exige que las ONG presenten un certificado de registro para recibir autorización para llevar a cabo sus actividades so pena de suspensión o cierre. No obstante, como lo ilustra el informe, hasta la fecha, la mayoría de las organizaciones de derechos humanos independientes, incluyendo la AJDP, no han recibido todavía el certificado en cuestión por parte del Ministerio de Justicia. Además, varias disposiciones de esta ley resultarán en un mayor control de las autoridades sobre sus actividades (diseño y plan de aplicación), cuentas (origen de los fondos) y gestión interna de la ONG (empleo del personal, compras de suministros). Así, se exigirá a las ONG que soliciten la aprobación de las autoridades antes de la puesta en práctica de sus proyectos, que realicen actividades que beneficien a las comunidades o que compren suministros exclusivamente en el país. El Observatorio y la AJDP instan a las autoridades a que se abstengan de aprobar una ley tan restrictiva, puesto que infringe los compromisos y obligaciones de Angola en materia de respeto de la libertad de asociación.
Nuestras organizaciones lamentan el hecho de que " durante muchos años, han sido habituales los impedimentos estructurales al trabajo de los defensores y defensoras de los derechos humanos en Angola. El proceso de registro de las ONG sigue siendo complejo, costoso y opaco, y el sector de las ONG está paralizado por la falta de recursos humanos y de sostenibilidad financiera. La ley, si se adopta en su forma actual, puede conducir a la extinción de organizaciones independientes de defensa de derechos humanos en Angola."