Contrariamente a la presentación que se ha realizado de este acuerdo, no se trata de un acuerdo bilateral anodino ya que:
• Vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva de las víctimas francesas y extranjeras de crímenes y delitos cometidos en Marruecos;
• Es contrario al principio de la separación de poderes y a la independencia del poder judicial;
• Otorga prioridad a la justicia marroquí sobre la justicia francesa incluso cuando la víctima es de nacionalidad francesa;
• Es contrario a la obligación adquirida por Francia de llevar ante la justicia a los presuntos autores de crímenes internacionales;
• Pone las víctimas francesas en una situación de desigualdad ante la ley, dependiendo de que el crimen o delito haya tenido lugar en Marruecos o en otro lugar;
• Ordena al juez francés que se inhiba en favor del juez marroquí cuando una persona francesa o marroquí presente una denuncia en Francia, sin ni siquiera examinar los principios fundamentales del derecho a un juicio justo ni presentar previamente una solicitud de extradición.
La FIDH, la LDH, ACAT, Amnistía Internacional Francia y HRW hacen un llamamiento a los diputados y diputadas francesas para que se opongan en la votación del proyecto de ley sobre la adopción de dicho protocolo, ya que supone una peligrosa amenaza para el acceso a la justicia de las víctimas de delitos.
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