El martes 23 de junio de 2020, las fuerzas de ocupación israelís mataron a Ahmad Erekat, residente en Abu Dis, Jerusalén Este, en el puesto de control de Container de la Cisjordania ocupada. Los soldados israelíes dispararon a Ahmad con medios letales sin que fuera necesario y sin que hubiera peligro de muerte o de lesiones graves. Después le dejaron desangrarse durante una hora y media hasta que murió, mientras las fuerzas de ocupación israelíes le negaron acceso a atención médica, a pesar de que había una ambulancia israelí en el lugar. También impidieron a una ambulancia de la Media Luna Roja llegar hasta Ahmad.
Ahmad tenía cuatro hermanos y era propietario de una empresa de camisetas. Ese mismo día iba a celebrarse la boda de su hermana, para quien estaba haciendo algunos encargos y a quien estaba ayudando con los preparativos. La hermana de Ahmad, Iman, ya estaba vestida de novia cuando le dijeron que habían matado a su hermano. El propio Ahmad tenía previsto casarse con Lubna en septiembre. Su boda se había retrasado desde mayo debido a la covid-19.
El día después del asesinato de Ahmad, el miércoles 24 de junio de 2020, el ejército israelí publicó un vídeo donde se le acusaba de embestir con su vehículo el puesto de control antes de que le dispararan los soldados israelíes. En las primeras imágenes publicadas, Ahmad aparece borroso al bajar del vehículo. Al desenfocar a Ahmad, las fuerzas de ocupación israelíes intentaban, al parecer, poner en duda las circunstancias en las que le dispararon y mataron. Esta situación obedece a una práctica del ejército y los medios de comunicación israelíes de intentar ocultar la verdad sobre el uso generalizado y sistemático de la fuerza letal contra la población palestina por parte de las fuerzas de ocupación israelíes, incluso mediante imágenes de vídeo borrosas que se utilizan para intentar justificar los asesinatos.
Tras las protestas de la familia de Ahmad, el ejército israelí publicó un vídeo en el que aparecía claramente la imagen de Ahmad. El segundo vídeo muestra con claridad que Ahmad no estaba armado y que levantó las manos, sin que supusiera una amenaza para los soldados israelíes, que iban totalmente armados, ni para ninguna otra persona que se encontrase en la zona.
Según el derecho internacional, el asesinato de Ahmad Erekat es una ejecución extrajudicial y una muerte deliberada, lo que conlleva una responsabilidad penal individual como crimen de guerra ante la Corte Penal Internacional (CPI). Ahmad es la víctima palestina número 21 abatida por las fuerzas de ocupación israelíes durante el primer semestre de 2020 en el territorio palestino ocupado.
Menos de un mes antes de la muerte de Ahmad, las fuerzas de ocupación israelís mataron a Iyad Al-Hallaq en Jerusalén Este ocupado, mientras se dirigía a un centro de día para personas con discapacidades en la Ciudad Vieja, en un hecho que constituye una ejecución extrajudicial, una muerte deliberada y un crimen de guerra.
Es necesario entender las muertes de Ahmad Erekat y de Iyad Al-Hallaq, así como de innumerables personas palestinas, en el contexto de la política generalizada y sistemática de tirar a matar que utilizan los soldados israelís contra la población palestina a ambos lados de la Línea Verde. En general, Al-Haq ha documentado una escalada en el uso de la fuerza letal por parte de Israel contra la población palestina en los últimos cinco años, que ha provocado la muerte de 754 personas palestinas a manos de las fuerzas de ocupación israelíes en el territorio palestino ocupado desde octubre de 2015.
La impunidad generalizada de Israel debe considerarse como parte integrante de su régimen institucionalizado de opresión racial y de dominación sistemática sobre el pueblo palestino, que constituye el crimen de apartheid.
Desde su muerte, el cuerpo de Ahmad ha sido retenido a modo de sanción por las autoridades de ocupación israelí, como una forma de castigo colectivo ilegal, prolongando así el sufrimiento de su familia y negándole un entierro digno. Las fuerzas de ocupación israelí continúan reteniendo 63 cuerpos de personas palestinas, con el pretexto de usarlos como "moneda de cambio".
Además, otros 253 cuerpos de personas palestinas continúan pudriéndose en cementerios anónimos de Israel, sin que hayan sido identificados. En 2016, el Comité de la ONU contra la Tortura consideró que la práctica de retener cuerpos de personas palestinas es un trato cruel que está prohibido, y pidió a Israel, la Potencia ocupante, que "adopte las medidas necesarias para devolver lo antes posible los restos mortales de los palestinos que todavía no han sido devueltos a sus familiares para que puedan ser enterrados según sus tradiciones y costumbres religiosas, y evitar que se repitan situaciones similares en el futuro".
Asimismo, la organizaciones pidieron urgentemente justicia y rendición de cuentas internacional para poner fin a la impunidad israelí y que los expertos en derechos humanos de la ONU condenen públicamente la muerte de Ahmad Erekat, que se entregara incondicionalmente el cuerpo de Ahmad así como los cuerpos de todas las personas palestinas retenidos impunemente por las autoridades de ocupación israelís, y que Israel, la Potencia ocupante, revise sus reglas de intervención en cuanto al uso de armas de fuego.
Las organizaciones también pidieron los Procedimientos Especiales que "reconocieran que la política sistemática de Israel de disparar a matar contribuye al mantenimiento del régimen de apartheid de Israel de opresión racial y de dominación sistemáticas sobre el pueblo palestino en su conjunto, lo que, en el marco de un sistema de impunidad, impide a la población palestina luchar de manera efectiva a las políticas y prácticas de apartheid de Israel". Como ha indicado la familia Erekat, "estos asesinatos tienen lugar en un contexto más amplio de apartheid y expansión colonial de los asentamientos".
En general, las organizaciones respaldaron los llamados realizados por la familia Erekat pidiendo justicia y una rendición de cuentas a escala internacional, incluida la política de Israel de tirar a matar. Pidieron que los Procedimientos Especiales de la ONU instaran a terceros Estados a activar mecanismos de jurisdicción universal para juzgar a los presuntos autores de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad ante sus propios tribunales, y solicitaran "la apertura inmediata y sin demora de una investigación completa y exhaustiva de la CPI sobre la situación en el Estado de Palestina".
Por último, estos grupos instaron "a los Estados Miembros y a las Naciones Unidas en general a abordar los factores fundamentales que contribuyen a perpetuar la opresión palestina, en particular poniendo fin a la prolongada ocupación y anexión ilegal de Jerusalén por parte de Israel, levantando el cierre de Gaza con efecto inmediato y desmantelando el régimen de apartheid de Israel hacia el pueblo palestino en su conjunto, a fin de defender el derecho del pueblo palestino a la libre determinación y a regresar a sus hogares, tierras y propiedades, como exige el derecho internacional".
Las organizaciones dirigieron su llamamiento a cinco Relatores Especiales de la ONU, entre ellos el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado desde 1967, el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, el Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y el Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo.