El 17 de junio de 2021, en torno a las 11 de la mañana, un hombre armado asaltó la oficina del HDP en Konak, en el distrito de Esmirna, Turquía, y asesinó a una persona que trabajaba para el partido. Se arrestó al asaltante ese mismo día, y el Juzgado de Paz competente de Esmirna ordenó su ingreso en prisión al día siguiente. La prensa reveló que, antes del ataque, el asaltante había publicado en sus cuentas de redes sociales vayas fotografía suyas con armas en diversos lugares en Turquía y Siria, difundiendo mensajes de odio. [1]
Este preocupante ataque se produjo en un contexto de creciente hostilidad política y de continua estigmatización pública y señalamiento de la oposición política, incluso contra el HDP, por parte del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) –en el poder–, y del Partido de Acción Nacionalista (MHP), –su socio de coalición– [2] Estos partidos, a su vez, legitiman los discursos de odio y la violencia contra las figuras de la oposición y contra todas las voces disidentes de Turquía, y alimentan la impunidad de los crímenes cometidos contra ellas. De hecho, en los últimos años se ha producido un aumento de los ataques violentos y las amenazas contra las figuras de la oposición. [3] En 2019, Kemal Kılıçdaroğlu, el líder del principal partido de la oposición, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), sufrió un ataque a manos de un grupo cerca de Ankara, durante el funeral de un soldado. Más recientemente, en mayo de 2021, la líder del Partido Bueno (IYI), Meral Akşener, fue agredida verbalmente en Rize por miembros del AKP y se produjo una pelea entre la multitud. Más tarde, el presidente describió el incidente como “una buena lección” para la líder y comentó que “las cosas podían empeorar.”
En este clima político, sigue pendiente la demanda presentada el 18 de marzo de 2021 por la Fiscalía General del Tribunal de Casación ante el Tribunal Constitucional de Turquía, en la que solicitaba la disolución del HDP y la prohibición de ejercer actividades políticas para sus 687 integrantes. El 21 de junio de 2021, el Tribunal Constitucional admitió la demanda contra el HDP. Por otro lado, se retiró el escaño parlamentario a Ömer Faruk Gergerlioğlu, antiguo diputado del HDP y defensor de los derechos humanos, tras ser condenado a 2 años y 6 meses por “propaganda terrorista” debido a sus publicaciones en redes sociales en 2016. [4] Se procedió a su detención el 2 de abril de 2021 para que cumpliera condena y actualmente continúa en prisión. [5] Además, un gran número de miembros del HDP, entre ellos sus antiguos copresidentes Selahattin Demirtaş y Pervin Buldan, continúan detenidos arbitrariamente, a pesar de una sentencia histórica [6] dictada en diciembre de 2020 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la que se estimó que la detención de Demirtaş viola su derecho fundamental a la libertad, a la libertad de expresión y a unas elecciones libres y limpias con arreglo al Convenio. [7] En toda Turquía, desde las últimas elecciones municipales de marzo de 2019, el Gobierno ha destituido a los/as regidores del HDP elegidos democráticamente en al menos 54 municipios y ha procedido a su sustitución por síndicos gubernamentales. [8]
La FIDH condena firmemente los ataques violentos contra representantes y miembros de la oposición democráticamente elegidos/as y está preocupada por el acoso actual –incluso de tipo judicial– contra miembros de la oposición, así como por los continuos intentos del Gobierno de obstruir sus legítimas actividades políticas, socavar su derecho a la representación política y privarlas de su inmunidad y sus cargos. Lamentamos asimismo que las autoridades no hayan investigado y perseguido de forma rápida, exhaustiva, independiente y eficaz los ataques anteriores contra figuras de la oposición. Esto contribuye a estigmatizar a la oposición y a legitimar la violencia, tanto verbal como física, contra representantes políticos/as y contra todas las voces disidentes del país.
Estos acontecimientos se deben interpretar en el contexto de una progresiva erosión del Estado de derecho y de los derechos humanos, así como del aumento de los ataques contra la sociedad civil y la oposición en Turquía, que amenaza los fundamentos democráticos del país y supone un incumplimiento de sus obligaciones internacionales.
La FIDH insta al Gobierno de Turquía a que:
• Investigue de forma rápida, exhaustiva, independiente y eficaz el reciente ataque contra la sede del HDP y otras amenazas creíbles contra figuras de la oposición, entre ellas, las del HDP, y garantice que sus autores responden ante la justicia.
• Ponga fin inmediatamente al descrédito y la estigmatización pública de los miembros de la oposición y condene públicamente todos los intentos de continuar esta discriminación, tanto por parte de agentes estatales como de agentes no estatales.
• Garantice un entorno propicio, seguro y democrático para el ejercicio efectivo del derecho a la participación y la representación políticas, en el que las figuras elegidas, y la ciudadanía en su conjunto, puedan ejercer sus actividades políticas sin obstáculos ni miedo a sufrir ataques, físicos o verbales, tanto por parte de agentes estatales como no estatales.
• Garantice el derecho a la libertad de expresión y opinión de toda la población de Turquía, incluso en el marco del ejercicio del derecho a la representación política por parte de la oposición; ponga fin al acoso judicial por este motivo contra todas las personas de la oposición –entre ellas, los miembros del HDP–, las personas defensoras de los derechos humanos, los actores de la sociedad civil y todas las voces disidentes y ponga en libertad inmediatamente a las personas detenidas por motivos políticos sin haber respetado su derecho a un proceso justo.
• Garantice el respeto en todo momento de sus obligaciones internacionales, incluido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que exigen que se respete el derecho a la libertad de expresión y opinión, el derecho a la representación y a la participación políticas y el derecho a la protección ante la discriminación y la violencia por parte tanto de agentes estatales como no estatales.