Desde el 1 de junio de 2015, un tribunal de Chelyabinsk, en la región de los Urales, está juzgando a 17 personas por cometer actos que, según la Fiscalía, constituyeron “altercados masivos”. Los hechos se remontan a los días 24 y 25 de noviembre de 2012, cuando cientos de reclusos subieron a la azotea de la prisión para protestar contra la práctica de la tortura y la extorsión a la que parte del personal penitenciario les sometía a diario. Los reclusos pedían que Moscú enviara a un fiscal y equipos de medios de comunicación, para que hicieran un seguimiento de sus quejas con respecto a la administración. Los sucesos que ocurrieron en el interior de la prisión, que rápidamente lograron una amplia cobertura mediática, transcurrieron pacíficamente y concluyeron cuando se accedió a cumplir las peticiones de los reclusos.
Por otra parte, fuera de la colonia penitenciaria hubo enfrentamientos entre familiares y amigos de los reclusos y unidades antidisturbios de la policía, que se saldaron con ocho policías heridos y 38 personas detenidas. Seis de los acusados enjuiciados son antiguos reclusos que se encontraban fuera de la cárcel durante los sucesos.
El Consejo Presidencial de Derechos Humanos de Rusia envió una misión de investigación al lugar inmediatamente después de la protesta. La misión recogió 358 denuncias, de las que 255 estaban relacionadas con tortura, violencia física y otras formas de hostigamiento. Destapó una trama de corrupción en gran escala —que consistía en la extorsión de dinero a los familiares de los reclusos y en el uso generalizado de la violencia— en la que estaba implicada la dirección del centro penitenciario, los guardias y una “sección disciplinaria” formada por presos. La misión descubrió prácticas que incluían mantener a los reclusos atados a una reja durante todo un día y a veces durante más tiempo. Denunció, por ejemplo, que un preso fue atado a una reja, con un cubo en la cabeza y rociado con un pulverizador de pimienta durante aproximadamente 16 horas por haber escrito numerosas quejas sobre las condiciones de reclusión. Además, la misión determinó que las vías establecidas para formular quejas eran totalmente ineficaces. Asimismo, la misión criticó deficiencias en la investigación sobre la muerte de un recluso en el verano de 2012, presuntamente por SIDA, pero que, según testigos, ocurrió a consecuencia de una paliza de los guardias de la colonia penitenciaria.
En una declaración publicada el 11 de marzo de 2013, el Consejo Presidencial concluyó que existían en la prisión “violaciones, masivas, sistemáticas y flagrantes de los derechos e intereses de los reclusos”. Concluyó también que “todas estas circunstancias habían dado lugar a una situación en la que (...) resultaba imposible proteger los derechos y los intereses de las personas que cumplían condena en la prisión IK-6. Por ese motivo los reclusos se vieron obligados a llevar a cabo una protesta, que ha recibido la atención de la opinión pública no solo en la región de Chelyabinsk, sino en todo el país”.
Pese a la gravedad de los actos documentados por el Consejo Presidencial, estos han quedado, por regla general, impunes. En relación con el plan disciplinario, doce agentes recibieron advertencias. El director de la Colonia número 6, el Sr. Mekhanov, fue destituido. Varios funcionarios de la colonia y del Servicio Penal Regional, incluido su director, también fueron obligados a jubilarse o fueron transferidos a otros empleos.
Hasta el momento, únicamente ha sido acusado el antiguo director de la colonia, el Sr. Mekhanov. El 22 de diciembre de 2014, un tribunal le impuso una condena condicional de tres años de prisión en relación a diez casos de extorsión de dinero y bienes, así como por organizar la fabricación ilegal de cuchillos. El 5 de junio de 2015, el tribunal dictó otra sentencia en la que también se declaró al Sr. Mekhanov culpable de abuso de funciones públicas (extorsión de dinero a reclusos y sus familiares) en otras ocasiones. Esta vez, se le impuso una condena condicional de un año y medio de prisión, aunque, se le eximió del castigo mediante un indulto. Los actos de tortura no dieron lugar a ningún proceso judicial.
A petición de las organizaciones locales y, en vista de que los manifestantes corren riesgo de que se les impongan duras penas por la acción de protesta originada por actos de extrema gravedad, la Red Europea de Litigios Penitenciarios ha establecido una misión de observación para el juicio, auspiciada por un comité directivo internacional formado por nueve personas expertas.
Sin perjuicio de las observaciones que publicará el comité directivo, la Red y la FIDH están profundamente preocupadas por el hecho de que no se ha tenido en cuenta el contexto de tortura que dio lugar a la protesta durante la fase preliminar del juicio. En estas condiciones, cualquier deficiencia en la citación de testigos de la defensa hará peligrar gravemente la imparcialidad del juicio. Además, la falta de una investigación efectiva y en profundidad para identificar y enjuiciar a los responsables supone una vulneración del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (TEDH, Lyapin contra Rusia, 24/07/2014, nº 46956/09). Por tanto, la Red y la FIDH instan a las autoridades a poner fin a esta situación de impunidad y recuerdan que, en virtud del artículo 3, la investigación debe ser completa, rápida, imparcial y sujeta al escrutinio público (Lyapin contra Russia, prev.).