22 de abril de 2016
Sr. Alto Comisionado:
Me dirijo a usted para llamar su inmediata atención sobre la difícil situación de los presos de conciencia y presos políticos en Irán, particularmente la de los presos a quienes se niega un tratamiento médico adecuado.
Antes de proporcionarle información sobre las personas reclusas enfermas, quisiera recordarle brevemente varias normas de las Naciones Unidas en vigor, así como la normativa penitenciaria de Irán.
El artículo 22.2. de las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos adoptadas por el Consejo Económico y Social el 13 de mayo de 1977 establece lo siguiente: "Se dispondrá el traslado de los enfermos cuyo estado requiere cuidados especiales, a establecimientos penitenciarios especializados o a hospitales civiles."
El artículo 45.3. de las mismas Reglas: "El traslado de los reclusos se hará a expensas de la administración y en condiciones de igualdad para todos."
Y las disposiciones basadas en el artículo 6.1. que establecen: "Las reglas que siguen deben ser aplicadas imparcialmente. No se debe hacer diferencias de trato fundadas en prejuicios, principalmente de raza, color, sexo, lengua, religión, opinión política o cualquier otra opinión, de origen nacional o social, fortuna, nacimiento u otra situación cualquiera."
Los Principios básicos para el tratamiento de los reclusos (1990) establecen que todos "los reclusos tendrán acceso a los servicios de salud de que disponga el país, sin discriminación por su condición jurídica" (párrafo 9).
El Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1988 establece: "Se ofrecerá a toda persona detenida o presa un examen médico apropiado con la menor dilación posible después de su ingreso en el lugar de detención o prisión y, posteriormente, esas personas recibirán atención y tratamiento médico cada vez que sea necesario. Esa atención y ese tratamiento serán gratuitos." (principio 24)
El Reglamento de la Organización de Prisiones de Irán establece el tratamiento para toda persona detenida tanto dentro como fuera de las prisiones: "Se ofrecerá a la persona reclusa enferma por parte de la institución penitenciaria, siempre que sea posible, los cuidados y la atención sanitaria necesaria... en caso de necesidad, se deberá permitir a la persona reclusa recibir tratamiento externo contando con la aprobación del departamento de salud de la prisión, con el permiso de la dirección del centro penitenciario y la ratificación del juez de vigilancia penitenciaria." (artículo 103)
Es lamentable que las autoridades de la República Islámica de Irán se hayan negado sistemáticamente a respetar las obligaciones internacionales recogidas en las reglas de las Naciones Unidas e incluso en su propia normativa, en particular en lo relativo al acceso de los presos de conciencia a un tratamiento médico periódico y adecuado. Como podrá ver más adelante, no han proporcionado a las personas reclusas enfermas una atención médica y sanitaria adecuada, ni siquiera dentro de las prisiones Estatales y de los centro de salud de los centros penitenciarios —en consonancia con la negación sistemática a los presos políticos de muchos de sus otros muchos derechos— lo que podría equivaler a una práctica generalizada que persigue seguir intimidando a las voces críticas de la sociedad civil contra el régimen, probablemente también a través de delitos de "tortura, castigos inhumanos y malos tratos".
De hecho, las autoridades castigan a los presos de conciencia doblemente: en primer lugar por la detención arbitraria y su encarcelación por actividades pacíficas y, en segundo lugar, creando unas condiciones de encarcelamiento insostenibles que incluyen la falta de atención médica para las personas reclusas enfermas, lo que agrava aún más su mala salud y condiciones físicas.
Lamento tener que insistir en que la información que sigue que no es, en absoluto, una información exhaustiva. No es más que una pequeña muestra de la gran cantidad de personas presas de conciencia enfermas que necesitan atención médica.
Muerte en la cárcel
La FIDH y otras organizaciones de derechos humanos han documentado casos de al menos 50 presos políticos que han perdido la vida en prisión en Irán desde 2003 en circunstancias extrañas, por varias causas, entre otras, palizas y falta de atención médica subsiguiente y tortura y falta de cuidados médicos.
Parece ser que, en algunos casos, las autoridades han negado tratamiento médico oportuno lo que ha provocado la muerte de reclusos (como Akbar Mohammadi en 2006, Hoda Saber en 2011 y muchos otros). En otros casos, los reclusos han muerto por tortura, como Sattar Beheshti, un bloguero y obrero que murió en custodia policial en 2012. El último caso del que se tienen noticias es el de Shahrokh Zamani, un sindicalista, de 51 años, que murió en circunstancias muy dudosas en septiembre de 2015 en la prisión de Rajai-Shahr. Aunque las autoridades señalaron que iban a iniciar una investigación, a día de hoy no han publicado ninguna información al respecto.
La experiencia de los presos puestos en libertad recientemente
Mohammad Seifzadeh, abogado de derechos humanos y miembro fundador del Centro de Defensores de los Derechos Humanos (organización miembro de la FIDH), que fue puesto en libertad el 10 de marzo de 2016 tras cumplir cinco años de condena por sus actividades pacíficas de derechos humanos, ha recordado que no le llevaron al médico hasta un tiempo después de tener un accidente cerebrovascular en prisión. Tenía las manos y pies entumecidos, lo que le afectó a la vista y al oído. Mucho después, en marzo de 2016, la Comisión de Medicina Forense descubrió que había sufrido varios accidentes cerebrovasculares mientras estaba en prisión. La Fiscalía había sido advertida en cuatro ocasiones de la posibilidad de que el Sr. Seifzadeh pudiese morir en la cárcel.
Además, cuando el Sr. Seifzadeh se encontraba hospitalizado por problemas respiratorios tuvo que costear todos los gastos puesto que el centro penitenciario o su departamento de salud nunca se lo pagaría a una persona presa. El Sr. Seifzadeh reiteró que todos las personas recluidas se encontraban en condiciones similares y que las autoridades no han asignado ningún presupuesto para gastos médicos de los reclusos. Si los reclusos no pagan, tendrán que esperar durante mucho tiempo y puede que no sigan con vida. Además, cada recluso tiene que costear los gastos de los tres funcionarios de prisión encargados de su custodia.
Alireza Rajaie, periodista y profesor universitario, que fue puesto en libertad el 4 de octubre de 2015 tras cumplir más de cuatro años a consecuencia de sus actividades pacíficas, sufrió problemas dentales en prisión. Tras su puesta en libertad, se le diagnosticó un cáncer de cara y de mandíbula y recibe tratamiento periódico de quimioterapia.
Algunos de los casos más urgentes
Zeynab Jalalian, una presa política kurda que cumple una condena a cadena perpetua, ha perdido rápidamente la visión, aparentemente debido a las lesiones sufridas y a las graves torturas a las que fue sometida durante la detención preventiva.
Hossein Ronaghi-Maleki, bloguero, ha perdido un riñón y padece insuficiencia renal en el otro (ambas a consecuencia de la tortura y los malos tratos recibidos durante el largo periodo que pasó en prisión preventiva). Padece también de problemas digestivos, hernia discal y artritis en cuello y rodillas. Desde que fue detenido por las manifestaciones que sucedieron a las elecciones presidenciales de 2009, tras el juicio correspondiente al que fue sometido por ejercer su derecho a la libertad de expresión en su blog, está cumpliendo una condena de quince años de prisión.
Nargess Mohammadi, portavoz del Centro de Defensores de los Derechos Humanos (organización miembro de la FIDH) sufre parálisis muscular y complicaciones pulmonares. Durante un breve traslado al centro hospitalario en octubre de 2015, se le encadenó a la cama del hospital. La Sra. Mohammadi cumple una condena de seis años de prisión por sus actividades de derechos humanos y fue detenida para cumplir su condena el 21 de abril. No obstante, las autoridades la pusieron en libertad por razones médicas el 31 de julio de 2012 pero fue detenida de nuevo el 5 de mayo de 2015 aunque sus enfermedades no habían remitido. Está acusada de nuevos cargos por sus pacíficas actividades de derechos humanos. La última vista contra ella se celebró el 20 de abril de 2016.
Issa Saharkhiz, periodista, probablemente padece un tumor cancerígeno de las glándulas suprarrenales. El Sr. Saharkhiz fue puesto en libertad el 3 de octubre de 2013 tras cumplir más de cuatro años acusado en relación a sus críticas contra las autoridades y especialmente contra el Líder Supremo, el ayatolá Jamenei, las autoridades le detuvieron de nuevo el 2 de noviembre de 2015. Desde entonces ha sufrido conmociones cerebrales pero continua en prisión preventiva.
Afshin Sohrabzadeh, preso político kurdo, padece cáncer intestinal y problemas respiratorios. Desde el 2010 cumple una condena a 25 años de prisión acusado como enemigo de Dios (moharebeh) por su pertenencia a grupos de oposición kurdos y se ha informado que fue gravemente torturado durante su detención preventiva.
Otros reclusos enfermos
Ahmad Daneshpour-Moghaddam, preso político, padece una colitis ulcerosa. Está en el corredor de la muerte desde 2009 acusado de contactos con un grupo de la oposición en el extranjero.
Mohsen Daneshpour-Moghaddam, preso político, padece problemas cardíacos, artritis en las rodillas y probablemente la enfermedad de Alzheimer. Está en el corredor de la muerte desde 2009 acusado de contactos con un grupo de la oposición en el extranjero.
Behnam Ebrahimzadeh, sindicalista, sufre artritis en el cuello y hemorragias internas, graves dolores de cabeza y complicaciones renales e intestinales. El Sr. Ebrahimzadeh cumplió una condena de cinco años de prisión por sus pacíficas actividades sindicalistas llevadas a cabo entre 2010 y 2015. Antes de que terminase de cumplir su condena las autoridades han formulado nuevos cargos contra él y ha sido condenado a una nueva pena de prisión de siete años y diez meses.
Bahareh Hedayat, estudiante y defensora de los derechos humanos, podría verse privada de la posibilidad de gestar por la negativa a respetar su derecho a obtener atención médica fuera de prisión. La Sra. Hedayat, recluida desde 2009 por sus actividades pacíficas, tendría que haber sido puesta en libertad en agosto de 2015 pero las autoridades la retienen en prisión para que cumpla dos años de prisión de una condena que había sido suspendida.
Mohammad-Seddiq Kaboudvand, presidente de la Organización de Derechos Humanos de Kurdistán, padece problemas de corazón, de próstata y renales, así como hipertensión. Durante el cumplimiento de su condena en prisión ha padecido un ataque al corazón y accidentes cerebrovasculares. El Sr. Kaboudvand desde julio de 2007 cumple condena a diez años y medio de prisión por sus actividades de derechos humanos.
Mohammad Hossein Kazemeyni-Borujerdi, líder religioso, padece diabetes, asma, la enfermedad de Parkinson, problemas renales y cardíacos y pérdida de visión en uno de los ojos. Desde el año 2006 el Sr. Kazemeyni-Borujerdi cumple una condena a once años de prisión por sus críticas al Líder Supremo y a la ideología religiosa del Estado.
Omid Kokabee, un célebre y joven físico, que desde febrero de 2011 cumple condena a once años de prisión por negarse a colaborar con los programas de investigación militar del país, ha sido recientemente diagnosticado de un carcinoma de las células renales. Se sometió a una intervención médica el 20 de abril de 2016 y se le extirpó un riñón.
Abdolfattah Soltani, abogado de derechos humanos y miembro fundador de la DHRC, padece enfermedades digestivas y problemas de corazón. Desde 2011 el Sr. Soltani cumple condena a trece años de prisión (recientemente reducida a diez).
En conclusión, le insto a que exija a las autoridades iraníes a que garanticen rápidamente a todas las personas reclusas el acceso inmediato a una atención sanitaria y un tratamiento médica adecuado y apropiado, cumpliendo plenamente con las normas internacionales, que ponga en libertad de forma inmediata e incondicional a todos los presos de conciencia que por haber sido detenidos arbitrariamente y que se ajusten a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al PIDCP y a todos los demás instrumentos del derecho internacional ratificados por Irán.
Atentamente,
Karim Lahidji, presidente de la FIDH
CC: Dr. Ahmed Shaheed, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Irán