En sus presentaciones ante el Comité de la Convención contra la Tortura (el Comité), la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y sus ligas mexicanas, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH), han expresado su preocupación particularmente sobre la tortura en los casos de violencia contra las mujeres y por el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades policiales para controlar los movimientos de protesta social.
Las organizaciones acogen con satisfacción los esfuerzos de México para mejorar su cooperación con los mecanismos de monitorio del ONU, en particular con los órganos de tratados. En los últimos meses, México fue el objecto de exámenes por seis de los siete órganos de tratados. Además, ha ratificado varias instrumentos de prevención en la lucha contra la tortura, incluso el Protocolo Facultativo al la Convención contra la Tortura, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, etc...En fin, la FIDH felicita México por la declaración del 15 de marzo de 2002 mediante la cual reconoce la competencia del Comité para recibir denuncias individuales de casos de tortura bajo el articulo 22 de la Convención.
Las organizaciones comparten la preocupación del Comité sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades policiales para controlar las protestas sociales, particularmente en Guadalajara, Jalisco, el 28 de mayo de 2004, en San Salvador Atenco, el 3 y 4 mayo de 2006, y más recientemente en Oaxaca. Asimismo, recuerden que los actos violentos cometidos por las fuerzas policíacas incluyeron ejecuciones extra-judiciales, actos de tortura y violencia, detenciones arbitrarias e incomunicaciones, violencia sexual, amenazas y otros abusos.
En este sentido, hacen un exhorto al gobierno de México para llevar a cabo una investigación independiente, exhaustiva e imparcial en torno a estos actos, con el fin de identificar a los responsables y aplicar las sanciones correspondientes. Además, México debe tomar todas las medidas necesarias para garantizar que estos hechos no ocurran de nuevo. "El Gobierno de México debe enviar un mensaje fuerte a las autoridades policiales locales, estatales y federales sobre que las violaciones graves de derechos humanos deben ser sancionadas. México preside el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y debe mostrar que los derechos humanos no son retórica, sino una realidad" recordó Sidiki Kaba, presidente de la FIDH.
Acerca de la violencia ejercida contra las mujeres, recuerden que en visto de la violencia sistemática y de las desapariciones de mujeres y ninas en México, la FIDH, la LIMEDDH y la CMPDPDH han hecho varios informes para alertar las autoridades Mejicanas y la comunidad international, particularmente el Comité contra la Tortura de la ONU. En sus recomendaciones, el Comité valora los esfuerzos realizados por México para abordar los casos de Ciudad Juárez. Sin embargo, la FIDH y sus ligas comparten la opinión del Comité respecto de que los esfuerzos son insuficientes, ya que muchos de los asesinatos y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez, siguen impunes, además de que los asesinatos continúan. El Comité posteriormente señaló que numerosas irregularidades, incluyendo infracciones disciplinarias y penales, han sido cometidas por agentes estatales durante la investigación de estos casos.
Finalmente, exhortan al gobierno de México a implementar todas las recomendaciones formuladas por el Comité de la Convención contra la Tortura, así como las recientemente emitidas por el Comité contra la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
La FIDH, la CMDPDH y la LIMEDDH recuerden al Gobierno de México su responsabilidad para la implementación de las obligaciones internacionales suscritas por el país en todo su territorio y en los tres niveles de gobierno. Urgen el Gobierno de implementar las recomendaciones en el informe y en las observaciones finales de la ONU.