Con 106 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el Senado de la República aprobó la Reforma Constitucional en materia de derechos humanos, lo cual constituye un avance sustantivo en el camino hacia la adecuación del marco normativo mexicano con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
La reforma modifica once artículos de la Carta Magna, destacando principalemente la elevación a rango constitucional los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales, así como la aplicación "prevalente" de la norma más favorable a la persona, la consagración de las obligaciones de las autoridades y la enunciación de los derechos humanos en el eje de la educación, el sistema penitenciario y la política exterior, "el más estricto ámbito de la figura del estado de excepción", la modificación del artículo 33 para reconocer el derecho de audiencia de las personas extranjeras a quienes se pretenda expulsar del territorio nacional, y el fortalecimiento de los organismos públicos de derechos humanos, entre otros.
«Es de esperar que esta modificación una vez en vigor impulse el cumplimiento de los compromisos contraídos por México a nivel internacional» dijo Souhayr Belhassen, Presidenta de la FIDH. En particular, esta reforma podría favorecer la ejecución de las recomendaciones aceptadas por México en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) en el 2009 y el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana. En este sentido, la FIDH insta a los Congresos Locales, que se encuentran discutiendo la reforma, a aprobarla, para garantizar su entrada en vigor a corto plazo, y a proceder con los ajustes legislativos correspondientes a nivel federal y estatal.
No obstante, cabe destacar que, de las 91 recomendaciones dirigidas a las autoridades mexicanas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el marco del EPU de 2009, ocho, referidas al derecho a la integridad personal y el derecho a la justicia (1), aún se encuentran reservadas. La FIDH recuerda que México enfrenta una grave crisis en materia de derechos humanos, particularmente en lo relativo a los derechos de los migrantes, la situación de los defensores, al derecho a la justicia, a la vida y a la integridad personal, en particular en el contexto del arraigo, por lo que la atención a estas recomendaciones debe ser prioritaria.
La aprobación de la reforma constitucional no debe en ningún caso ser considerada como una mera declaración de intención por parte de las autoridades, sino que se debe traducir en la definición y aplicación efectiva de una estrategia encaminada a garantizar la plena vigencia de los derechos humanos en México.
Por lo tanto, la FIDH también urge al Estado mexicano cumplir con la totalidad de las recomendaciones del EPU y demás recomendaciones de los instrumentos de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos (OEA), así como implementar de manera efectiva el proceso de armonización de la legislación interna con el derecho internacional iniciado por la reforma constitucional en materia de derechos humanos.
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