"Naciones Unidas acaba de enviar un mensaje claro al presidente Kabila: respete el Estado de derecho, la Constitución y el proceso electoral; de lo contrario, tendrá que rendir cuentas a la comunidad internacional. Con ello, el Consejo de Derechos Humanos nos ha recordado que el respeto a los procesos electorales democráticos y los derechos humanos están interrelacionados, en la RDC y en todas partes."
La resolución aprobada hoy expresa una gran preocupación en relación a la violencia cometida en el contexto de las elecciones, incluso mediante un uso desproporcionado de la fuerza contra manifestantes que pedían al presidente Kabila su cese en el cargo tras el fin de su segundo mandato constitucional, el 19 de diciembre de 2016. Asimismo, plantea el aumento de las restricciones de las libertades fundamentales, en especial las detenciones arbitrarias, las amenazas contra la sociedad civil, periodistas y miembros de los partidos políticos y las restricciones de las libertades de expresión y asamblea.
La resolución establece la celebración de debates públicos sobre la RDC en todas las sesiones ordinarias del Consejo durante 2017. Asimismo abre la puerta a nuevas acciones —incluso a través de una sesión especial, como había solicitado la FIDH en julio de 2016—. Este aumento de la atención que se presta a la RDC está en consonancia con las preguntas formuladas durante el 33º Periodo de Sesiones, que concluye esta misma noche.
"El Consejo de Derechos Humanos ha dado un paso en la dirección correcta, pero la auténtica prueba será su capacidad de responder a lo que sucede en el terreno, que puede amenazar la estabilidad de la región. El Consejo debe permanecer alerta y estar dispuesto a seguir contribuyendo al esfuerzo internacionales para evitar una crisis cuyas consecuencias pueden ser incalculables."
El 19 de septiembre, la FIDH, sus organizaciones miembros y colaboradoras en la RDC y las organizaciones miembros de la coalición #MiVotoDebeContar instaron a las autoridades congoleñas a poner fin a la represión y a garantizar las libertades de expresión y asamblea, cuando las actuales manifestaciones masivas en varias ciudades del país, entre otras Kinshasa, exigen la marcha de Kabila en diciembre de 2016.
Sin embargo, las fuerzas de seguridad han retomado una brutal represión de las manifestaciones, a pesar de que contaban con la autorización del Gobierno. Según la información que hemos reunido, entre el 19 y el 20 de septiembre varias decenas de civiles fueron asesinados por las fuerzas de seguridad en Kinshasa. Los agentes hicieron uso de armas letales y fuego con munición real contra la muchedumbre. Cerca de un millar de manifestantes, incluyendo oponentes políticos y miembros de la sociedad civil independiente así como periodistas, fueron detenidos y arrestados arbitrariamente, algunos de ellos en régimen de incomunicación.
Muchos todavía permanecen detenidos. Varios hombres, algunos vestidos con uniforme, participaron en el saqueo de diversas sedes de partidos políticos, cuatro de ellos (UDPS, FONUS, ECIDE y MLP) fueron incendiados. Los ataques también se dirigieron contra la sede de dos partidos políticos partidarios del presidente. En otras ciudades, entre ellas Kisangani y Goma, detuvieron a activistas de los derechos humanos, entre ellos, a cuatro miembros del Movimiento Filimbi de Kisangani, la abogada Cathy Bosongo y Simplice Kapipa, Gauthier Kasonya y Abedi Radjabu, que continúan detenidos. Se ha informado que algunos de elles fueron sometidos a torturas.
Nuestras organizaciones instan a las autoridades del país a poner fin a la represión de quienes se oponen a que el presidente Kabila se mantenga en el poder y a poner en libertad incondicional a todas las personas detenidas arbitrariamente, entre ellas las que permanecen en régimen de incomunicación.