En materia de seguridad, la población civil de Malí ha sido la primera víctima desde el inicio de la crisis y continúa sufriendo el enquistamiento y la violencia de los grupos terroristas armados, la intensificación de los conflictos intercomunitarios y los abusos cometidos en el marco de las operaciones antiterroristas.
“Para garantizar una protección efectiva y duradera de la población, es esencial que la MINUSMA continúe apoyando a la justicia y las autoridades malienses con el fin de asegurar el acceso a la justicia y la reparación a las víctimas de los crímenes más graves, y que coopere con la Corte Penal Internacional en su labor de investigación de los crímenes internacionales cometidos en Malí desde 2012.”
El trabajo de la MINUSMA es un elemento fundamental del esfuerzo para promover los derechos humanos y la paz sostenible en el país, principalmente a fin de aplicar el Acuerdo de Paz y Reconciliación en Malí. La renovación del mandato de la MINUSMA y el refuerzo de su personal deben formar parte del esfuerzo constante para proteger mejor a la población civil, permitir el regreso del Estado a ciertas zonas de las regiones del norte y del centro y restablecer el Estado de derecho. Además, se debe prestar especial atención a la capacidad de la MINUSMA para documentar y condenar las violaciones de los derechos humanos cometidas por todas las partes presentes en el territorio maliense, con el fin de recordar que, aunque la lucha contra el terrorismo es legítima y necesaria, se debe llevar a cabo en el marco del respeto de los derechos humanos y las normas y principios universales de protección de las libertades individuales y colectivas.
Nuestras organizaciones celebran los esfuerzos de la División de Derechos Humanos y Protección de la MINUSMA en materia de documentación de los abusos y violaciones de los derechos humanos, que desempeña un papel crucial en la verificación de la información y en la sensibilización.
“En marzo, tras los ataques aéreos en Bounty, la MINUSMA reaccionó rápidamente con una misión independiente para verificar los hechos, y la publicación de un informe que demostró la necesidad de llevar a cabo una investigación judicial independiente sobre lo ocurrido. Ahora, las autoridades tienen la responsabilidad de darle seguimiento.”
Además, el apoyo técnico de la MINUSMA puede contribuir a reforzar aún más el trabajo del Gobierno maliense, sobre todo en el ámbito jurídico y en el restablecimiento de los servicios básicos en las poblaciones del centro y del norte en las que el Estado ya no está presente. En efecto, para que la lucha contra la impunidad se convierta en un pilar principal, es necesario el apoyo constante de la Sección de Asuntos Judiciales y Penitenciarios de la MINUSMA a través del refuerzo de la capacidad del sistema penal, la evaluación de la respuesta judicial y el apoyo a la puesta en marcha de una política y estrategia penal, necesarias para un correcto tratamiento de los informes de violaciones graves de los derechos humanos, como las violaciones sexuales relacionadas con los conflictos. Para reforzar este acompañamiento judicial, es fundamental que la MINUSMA continúe aplicando sanciones individuales y colectivas contra quienes violen los derechos humanos, el alto el fuego y las partes que se nieguen a aplicar el Acuerdo de Paz de 2015.
Por último, tras el anuncio de Francia del fin de la misión de las fuerzas Barkhane, es crucial que se renueve el mandato de la MINUSMA. El acompañamiento en materia de seguridad y política que realiza la MINUSMA junto a las autoridades malienses podría contribuir al éxito de la transición política. Sin embargo, el Consejo debe sacar conclusiones de lo aprendido en cuanto a los límites del enfoque actual, que se basa sobre todo en la seguridad. Para ello, nuestras organizaciones piden también al Consejo de Seguridad que incluya en el mandato de la MINUSMA el acompañamiento de las autoridades malienses en la preparación y organización de las elecciones presidenciales y legislativas previstas para el próximo mes de febrero, etapa indispensable para volver a desplegar la autoridad del Estado sobre el conjunto del territorio lo antes posible.
En el plano político, la AMDH y la FIDH siguen estando preocupadas por los últimos acontecimientos de la transición política que vive el país desde agosto de 2020. Nuestras organizaciones reiteran su condena al golpe de Estado del 25 de mayo y toman nota de la toma de posesión del coronel Assimi Goita, el pasado 7 de junio, como nuevo presidente de la transición, así como del nombramiento, ese mismo día, de Choguel Maiga como primer ministro.
Nuestras organizaciones están preocupadas por la composición del gobierno, nombrado el 11 de junio, en el que únicamente hay 6 mujeres entre los 28 ministros nombrados, es decir, aproximadamente el 21%, lo que vulnera la ley 052 sobre la promoción de las mujeres a cargos nombrados y electos, que prevé una cuota mínima del 30%. Por último, nuestras organizaciones observan igualmente que algunos compromisos asumidos por el primer ministro en materia de respeto de los derechos humanos, durante su discurso de investidura en la primera reunión del gabinete del pasado 13 de junio, en particular en lo que respecta a la lucha contra la impunidad de los abusos cometidos en Bamako en julio de 2020.
En vista de la precariedad de la situación de seguridad, política y humanitaria en Malí, y las múltiples emergencias a las que se enfrenta el país, la AMDH y la FIDH instan al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a adoptar una resolución para renovar y reforzar el mandato de la MINUSMA, y a:
• Dotar eficazmente a la misión de medios y equipos adecuados para mejorar la seguridad de su personal y de la población civil, que son las principales víctimas de la inseguridad.
• Coordinar los esfuerzos con los Estados del Sahel para que la protección de la población civil, incluyendo los niños y niñas, las mujeres, las personas discapacitadas, desplazadas o refugiadas, sospechosas o detenidas, así como las minorías, sea un elemento central en todas las operaciones militares.
• Velar por el estricto cumplimiento de los derechos humanos en las operaciones antiterroristas que llevan a cabo las diferentes fuerzas armadas que intervienen sobre el terreno y promover la rendición de cuentas.
• Continuar y reforzar el apoyo al sistema judicial y a las autoridades malienses para garantizar el acceso a la justicia y la reparación a las víctimas de los crímenes más graves cometidos desde 2012, en particular la violencia sexual relacionada con el conflicto.
• Cooperar con la Corte Penal Internacional (CPI) en su trabajo de investigación y persecución de los crímenes internacionales cometidos en Malí desde 2012.
• Seguir sancionando a las personas o grupos, incluidos los miembros de las fuerzas armadas, por violaciones de los derechos humanos, el alto el fuego y la negativa a aplicar el Acuerdo.