El 40% de todos los ataques yihadistas cometidos en el país en la actualidad tienen lugar en la región central de Malí. En los últimos dos años se ha asesinado a 1200 civiles, se han incendiado alrededor de 50 pueblos y al menos 30 000 personas han huido de la región.
“La escalada de violencia en la región central de Malí está a punto de salirse de control y no se puede resolver mediante grandes operaciones militares. Si no se restablece un Estado fuerte y justo que trate de restaurar los lazos entre las comunidades, seguirá imperando el terror yihadista y las confrontaciones entre comunidades”.
El informe que hoy se presenta se basa en más de 120 entrevistas y testimonios de supervivientes, testigos, antiguos yihadistas y líderes locales obtenidos durante una investigación sobre el terreno efectuada entre mayo y julio de 2018. Contiene una lista de asesinatos y de muertes y los inscribe en el contexto de una dinámica regional de violencia.
Los yihadistas son los principales responsables del terror y la inestabilidad
Desde el momento mismo en que empezaron a considerar la región central de Malí como un área a conquistar mediante el terror en 2012, los yihadistas no han cesado en su intento de desestabilización de la región, sobre todo desde 2015. Dirigida por Amadou Koufa, antiguo predicador local que se había convertido en uno de los líderes de la tristemente famosa Al Qaeda en el Sahel, la katiba Macina actúa contra los militares, los representantes del Estado, los líderes tradicionales y religiosos y contra cualquiera que se oponga a su rigurosa visión de la religión.
Varias decenas de localidades de la región central de Malí se encuentran actualmente en manos de este grupo, que impone reglas de tipo totalitario, comete abusos graves y repetidos (secuestros, actos de tortura, asesinatos, violencia sexual) y cierra las escuelas públicas (de acuerdo con UNICEF, hasta mayo de 2018 se habían cerrado 750 escuelas).
Las milicias comunitarias llenan el vacío que deja la retirada del Estado
En la región central de Malí el colapso de los servicios estatales empezó en el año 2012 –año del ataque yihadista en el norte– lo que provocó un vacío judicial y de seguridad. A su vez, este vacío provocó la proliferación de milicias de autodefensa, generalmente constituidas siguiendo líneas comunitarias y étnicas y actualmente equipadas con armas ligeras. Ya se trate de los fulani, bambara o dogon, todo ellos han contribuido al ciclo infernal de ataques y represalias. La pasividad del Estado a la hora de abordar los abusos cometidos por las diversas milicias, especialmente por las milicias dozo, plantea interrogantes en cuanto al posible apoyo político con el que podrían contar estas milicias.
Los abusos relacionados con las operaciones antiterroristas obstaculizan el restablecimiento del Estado
El ejército de Malí se vio muy afectado por la oleada yihadista de 2012 en el norte del país y los posteriores ataques incesantes por parte de grupos islamistas. Al comienzo de 2018 las autoridades malienses lanzaron un Plan Integrado de Seguridad para las regiones centrales, que exigía reclutar 4000 militares más, así como un aumento de recursos presupuestarios. Se puso en marcha como la operación antiterrorista Dambé en febrero de 2018 y se estima que casi 100 personas han sido ejecutadas de forma sumaria y extrajudicial.
Durante diversas operaciones, seis de ellas se detallan en el informe, algunas unidades del ejército maliense arrestaron y ejecutaron a personas presentadas como “terroristas” e hicieron desaparecer sus cuerpos en fosas comunes. Los seis casos mencionados en el informe dieron lugar a 67 muertos, la mayoría de estas víctimas fueron civiles fulanis asimilados a los yihadistas.
“Algunas operaciones antiterroristas del ejército maliense han sido verdaderas expediciones punitivas que se han desarrollado siguiendo un mismo patrón operativo: arrestos a partir de listas preestablecidas, ejecuciones sumarias, entierro de los cadáveres en fosas comunes. Aunque estos crímenes fueron cometidos contra civiles desarmados –asociados o no con los yihadistas– no se ha producido ninguna condena, lo que podría causar aún más violencia”.
Estos abusos han contribuido a la espiral de violencia y a la marginación de ciertas comunidades. Constituyen un obstáculo para el restablecimiento del Estado en determinadas zonas que están a punto de convertirse en bases de apoyo para llevar a cabo más maniobras de desestabilización, como se ha observado en otros Estados de la región.
“La continua expansión de los grupos armados yihadistas en Malí y en el resto de la región revela el fracaso de las respuestas exclusivamente basadas en la seguridad. Se debería producir un cambio de dirección y de política claro en Malí, así como en el resto de la región de Sahel. La estrategia militar debe alinearse con los objetivos políticos y devolver al Estado su papel de protector y árbitro imparcial. Ante todo, el pueblo pide poder vivir en paz. Restaurar su confianza implicará necesariamente juzgar a los responsables de delitos graves, sean yihadistas, miembros de milicias o agentes del Estado”.