15 de agosto de 2023. En los últimos dos años, los talibanes han impuesto políticas cada vez más abusivas, especialmente contra mujeres y niñas y minorías religiosas y étnicas, que vulneran claramente las obligaciones de Afganistán en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. Se han condenado ampliamente las políticas que prohíben y limitan el acceso de las mujeres y las niñas a la educación, el trabajo y otras oportunidades para ganarse la vida, la libre circulación y el acceso a espacios y servicios públicos. En su informe conjunto al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), publicado en junio de 2023, el relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Discriminación contra la Mujer y la Niña afirmaron que el trato que los talibanes dispensan a las mujeres y las niñas “puede equivaler a persecución por motivos de género –un crimen de lesa humanidad– y se puede calificar como apartheid de género”.
Las personas activistas, especialmente las mujeres, que protestan contra las políticas de los talibanes desde dentro de Afganistán se enfrentan a algunos de los mayores riesgos por alzar la voz y, sin embargo, son quienes más se hacen oír. Han persistido, a pesar de que los talibanes han respondido con violencia física, redadas, detenciones y encarcelamientos arbitrarios, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, desapariciones forzadas y ataques a sus familiares.
A medida que disminuye la atención internacional hacia la crisis y que las violaciones de derechos humanos por parte de los talibanes se normalizan a ojos de la comunidad internacional, nuestras organizaciones continúan constatando crímenes de derecho internacional y otras graves violaciones de derechos humanos. Nos preocupa asimismo la seguridad de las personas defensoras de los derechos humanos que se encuentran bajo custodia talibán. Algunos ejemplos, aunque hay muchos más, son los casos del defensor del derecho a la educación Matiullah Wesa, detenido y encarcelado arbitrariamente el 27 de marzo de 2023, y de Rasool Parsi, profesor universitario, erudito islámico y activista de la sociedad civil, que permanece encarcelado desde el 6 de marzo de 2023. Las personas en situación de riesgo carecen prácticamente de cualquier protección interna y de salvaguardias legales y los talibanes han llevado a cabo acciones haciendo caso omiso de los marcos legales existentes o los han situado en un plano ambiguo en el que no se aplican.
Aunque muchas personas defensoras de los derechos humanos en situación de riesgo se han visto obligadas a abandonar Afganistán en los últimos dos años, hay muchas más que permanecen en el país, atrapadas y ocultas, sin apenas recursos para ponerse a salvo. Quienes han cruzado las fronteras hacia los países vecinos carecen de soluciones duraderas, corren el riesgo de ser expulsadas, a menudo atraviesan dificultades económicas y se enfrentan a un riesgo creíble de persecución si regresan a Afganistán. Sin embargo, no pueden rehacer sus vidas en su país de acogida y a menudo carecen de perspectivas de reasentamiento fuera de la región. En sus actuales países de acogida –a menudo Irán, Turquía y Pakistán– sufren amenazas, como detención, violencia, extorsión y deportación, y carecen de acceso a servicios esenciales, como atención sanitaria y educación.
La situación extremadamente difícil de quienes se encuentran dentro de Afganistán se ve agravada por la crisis humanitaria, ya que el 97 % de la población vive en la pobreza, frente al 47 % en 2020. Según cifras de la ONU 28,8 millones de personas, más de la mitad de la población del país, necesitan ayuda humanitaria para sobrevivir, mientras que 3,2 millones de niños/as y 800.000 mujeres embarazadas y lactantes están desnutridos. A esta situación han contribuido también los amplios recortes de la ayuda, que perjudican principalmente a la población afgana y no a los talibanes, y la prohibición impuesta por los talibanes de que las mujeres trabajen en organizaciones no gubernamentales y en la ONU ha impedido que se preste un apoyo eficaz a la población más necesitada, especialmente a los hogares encabezados por mujeres. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), "las restricciones impuestas a las mujeres están exacerbando las vulnerabilidades existentes a las que se enfrentan las mujeres y las niñas, así como los hogares encabezados por mujeres". La OCHA determinó que el 48 % de los hogares encabezados por mujeres presentan una puntuación de consumo de alimentos (PCA) pobre, en comparación con el 39 % de los hogares encabezados por hombres.
Es necesario presionar a los talibanes para que pongan fin a las violaciones y la represión y rindan cuentas por sus presuntos delitos según el derecho internacional, lo que incluye investigar si se ha cometido el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos de género contra mujeres y niñas. Las voces de la población afgana y de quienes se han visto obligados a abandonar el país deben hacerse oír en sus llamados para que se ponga fin a las graves violaciones de derechos, se haga justicia y se ofrezca reparación. A tal efecto, el fiscal de la Corte Penal Internacional debe garantizar que la investigación que realice su oficina, así como cualquier procesamiento resultante abordan todos los patrones de criminalidad subyacente de todas las partes en los conflictos armados de Afganistán, incluidos los crímenes presuntamente cometidos por los talibanes contra mujeres y niños, en consonancia con la Política sobre el Delito de Persecución de Género y la Política sobre la Infancia de la corte. Además, las autoridades judiciales de terceros Estados deben estudiar la posibilidad de incoar causas penales contra personas implicadas de forma verosímil en delitos graves basándose en el principio de jurisdicción universal de acuerdo con las leyes nacionales.
La comunidad internacional debe ser más coherente y eficaz en su respuesta a las violaciones cometidas por los talibanes, lo que incluye presionar urgentemente para que se ponga fin a las represalias violentas y se libere a las personas que actualmente se encuentran detenidas arbitrariamente por los talibanes. La comunidad internacional también debe atender las demandas de un mecanismo de rendición de cuentas más sólido para la investigación y la recopilación de pruebas sobre violaciones de derechos humanos, y de renovar y reforzar el mandato del relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán con recursos adicionales para mantener el escrutinio sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán. En cuanto a la población afgana que se encuentra en tránsito o en los países vecinos, los gobiernos deben tomar más medidas para asegurar su protección, entre otros, poner fin a las deportaciones y ampliar y acelerar los programas de reasentamiento de las personas afganas vulnerables en terceros países.
Por último, los talibanes, como autoridades de facto, siguen siendo responsables de aplicar los tratados internacionales que Afganistán ha ratificado y, por tanto, deben cumplir las obligaciones que emanan de los tratados internacionales humanitarios y de derechos humanos de los que Afganistán es parte. La comunidad internacional debe mantener unánime y firmemente su postura de que solo hay un resultado aceptable: debe haber justicia, rendición de cuentas y reparación por todas las graves violaciones de derechos humanos cometidas en Afganistán.