En aplicación del Estatuto de Roma, si el Estado de la nacionalidad del acusado o el Estado sobre el territorio del cual el crimen fue perpetrado es un Estado partida, la CPI es competente. Así la CPI sería competente para conocer el crimén perpetrado por un soldado norte americano sobre el territorio de un Estado partida ? Para los Estados Unidos, Estado no partida, tal situación es inaceptable : tratan entonces de limitar las condiciones del remite de los nacionales de los estados no partida a la Corte condicionandola a la autorización expresa del Estado de la nacionalidad del acusado.
Hay muchas razones de crear que la delegación de Estados Unidos presentará durante la próxima sesión de la Comisión Preparatoria, del 27 de noviembre al 08 de diciembre, una propuesta en este sentido a integrar en el Acuerdo de cooperación entre las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional. Sería retroceder sobre una propuesta categoricamente rebotada por 120 Estados en Roma durante la adopción del Estatuto.
Es fundamental que Francia, que demostró su compromiso político en favor de la Corte ratificando su Estatuto el 9 de junio 2000, quede firme y no complaciente frente a la posición américana, reafirmando, durante las próximas negociaciones, el principio fundamental de mantener la integridad del Estatuto tal como fue adoptado en Roma en julio 1998 y ratificado desde esta fecha por 22 países. La creibilidad, el funcionamiento y la independencia de la futura CPI están hoy amenazados !
La Coalición francesa para la Corte Penal Internacional pide expresamente a Francia, primer miembro permanente del Consejo de Seguridad a haber ratificado el Estatuto y que asume actualmente la Presidencia de la Unión Europea :
1. De adoptar una posición firme y de tratar que los Quince Miembros adopten la misma posición, para que las iniciátivas américanas no salgan.
2. De mantener esta posición frente a toda otra propuesta de misma naturaleza durante la sexta sesión de la Comisión preparatoria del 27 de noviembre al 08 de diciembre 2000 que apuntaría directamente o indirectamente a condicionar el remite de los nativos de un Estado no partida a la Corte a la autorización del Estado de la nacionalidad del acusado.
For more information :
In Paris - Jean FOLLANA, President of the French Coalition for an International Criminal Court and representative of Amnesty International French chapter (tel. +33 1 53 38 65 65)
In New York - Jeanne SULZER, International Justice Program Officer at the International Secretariat of the FIDH (tel. +33 6 12 18 06 41 / FIDH Paris : +33 1 43 55 25 18)