No hay fronteras para el covid-19, incluso las comunidades más remotas se han visto afectadas por la pandemia. Sólo un enfoque global puede combatirlo de manera eficiente, pero mientras se contiene la pandemia y aumentan las tasas de vacunación en los países más ricos, otros países apenas han recibido vacunas y lideran las tazas de mortalidad. Como alertó el director general de la OMS, “el declive mundial [de casos] enmascara un aumento preocupante de casos y muertes en muchos países". En algunas regiones del mundo, el número reciente de muertes por cada 100 casos confirmados fue de 9,4% en Perú, 9,2% en México, 4,2% en Afganistán, 3,5% en Túnez, 3% en Sudáfrica, 2,6% en Indonesia.
Aunque recibimos positivamente la iniciativa de los países del G-7 de enviar mil millones de vacunas a naciones de ingresos bajos y medio-bajos, esta estrategia por sí sola no resolverá la pandemia, ya que está lejos de las 11 mil millones de vacunas que se necesitan para lograr el objetivo de vacunar al 70% de la población mundial y poner fin a la pandemia para el próximo año. Además, dado que se espera que las vacunas se administren en 2022, esta iniciativa solo brinda una solución a mediano plazo a un problema que requiere un enfoque mucho más urgente para disminuir las crisis sociales, sanitarias y económicas y reducir la posibilidad de mutación del virus.
Una obligación legal extraterritorial
En abril de 2021, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU señaló el deber de los Estados en materia de cooperación y asistencia internacional para garantizar el acceso a las vacunas contra COVID-19 donde sea necesario, a fin de contribuir al logro del acceso universal y equitativo a las vacunas. Esto se traduce en una obligación legal, tanto para los países de altos ingresos de apoyar la iniciativa COVAX, como para los países productores de vacunas de facilitar el acceso a este tratamiento de salud.
Distribución desigual de vacunas
En abril, el 87% de las vacunas administradas en todo el mundo se destinaron a países de ingresos altos o medio-altos, mientras que los países de ingresos bajos recibieron sólo el 0,2%. Además, en los países de todo el mundo, la respuesta a la pandemia ha exacerbado las desigualdades a las que ya se enfrentaban muchos grupos minoritarios y vulnerables, como los pueblos indígenas, las personas afrodescendientes, migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo. Por otra parte, ha dejado atrás a la inmensa mayoría de las personas que viven en la cárcel, en los centros de detención y en los lugares de internamiento.
Estas desigualdades se ven exacerbadas por el devastador coste humano de la corrupción, ya que se cometen abusos contra los derechos humanos cuando los gobiernos no se protegen contra el fraude y el soborno en las cadenas de suministro de la atención sanitaria en el suministro de los medicamentos esenciales en la lucha contra el COVID-19.
Estas diferencias son particularmente alarmantes, ya que representa una amenaza para la salud pública mundial. Expertos han demostrado que cuanto más tiempo se mantiene la propagación comunitaria, como ocurre en las comunidades no vacunadas, más probable es que el virus del SARS-CoV-2 mute, lo que abre la posibilidad de que surjan variantes más agresivas. Las mutaciones pueden hacer que las vacunas dejen de funcionar, ya que éstas funcionan enseñando a nuestros anticuerpos a "reconocer" un virus por su código genético, un código que cambia cuando el virus muta. Esto significa que incluso aquellos que han sido efectivamente vacunados y viven en áreas donde la población ha sido vacunada estarán en riesgo de infección si se desarrollan más mutaciones, arruinando todos los avances logrados hasta ahora. La inmunidad colectiva mundial es esencial en la lucha contra la pandemia de COVID-19 y no se puede lograr excluyendo a regiones enteras del mundo de la vacunación por intereses privados.
Las prioridades deben cambiar
A raíz de tales discrepancias, es muy preocupante el hecho de que la vacunación de sectores de bajo riesgo como los jóvenes sin problemas de salud, sea priorizada en países de altos ingresos mientras en los países más pobres los profesionales de la salud en primera línea permanecen sin vacunar por falta de vacunas. Países como Reino Unido y Canadá han adquirido suministros suficientes para dar a cada persona hasta ocho o diez dosis de vacuna, respectivamente, mientras que, en países como Níger, República Democrática del Congo, Camerún, Siria, Yemen o Tayikistán, entre otros, las tasas de vacunación ni siquiera llegan al 1%.
Por eso instamos a los estados con altos ingresos que tienen un exceso de vacunas a que envíen inmediatamente dosis a los países más pobres (incluyendo las dosis previamente asignadas para los menores de esos países). Las donaciones de COVAX deben priorizarse sobre la vacunación de menores sin problemas de salud significativos y bajo riesgo de sufrir síntomas graves de COVID-19.
Producción lenta de la vacuna
Si bien muchos Estados en todo el mundo no producen vacunas por sí mismos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU destacó que “los derechos de propiedad intelectual no son un derecho humano, sino un producto social, que tienen una función social. En consecuencia, los Estados Parte tienen el deber de evitar que la propiedad intelectual y los regímenes legales de patentes menoscaben el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales”.
Aparte del COVAX, la forma más eficaz de luchar contra el virus a tiempo implica aumentar y abaratar la producción de la vacuna, principalmente ampliando el número de fabricantes que actualmente la están produciendo. Si bien tomamos en cuenta la decisión del G7 de aumentar la coordinación de la capacidad de producción global de la vacuna en todos los continentes, ello no alcanza a cumplir con las decisiones solicitadas en vísperas de la reunión del G7 de nueve expertos en derechos humanos, a favor de levantar la protección legal de la propiedad intelectual y las patentes con el fin de facilitar el derecho de todos a obtener acceso a vacunas seguras y eficaces.
La propiedad intelectual no puede ser un obstáculo para combatir una pandemia que hasta ahora ha causado millones de muertes en todo el mundo. Por lo tanto, instamos a las naciones de altos ingresos a acordar una suspensión temporal de las patentes de vacunas, tratamientos y tecnologías que luchan contra la COVID-19 que se está discutiendo en la OMC.
Además, las afirmaciones que insisten en que la suspensión de patentes socavaría el incentivo de propiedad intelectual para la investigación de vacunas no son ciertas. La suspensión sería limitada en tiempo y alcance y tendría un objetivo claro: facilitar el acceso global a los productos relacionados con el covid-19. Además, las empresas farmacéuticas que han realizado investigaciones sobre vacunas ya han recibido un amplio apoyo en I + D de los gobiernos, lo que reduce la necesidad de monopolios de patentes. Se han utilizado más de 7 mil millones de euros de fondos públicos para apoyar la investigación de las grandes farmacéuticas para las vacunas de covid-19, lo que contrasta con las ganancias que las empresas han obtenido de la venta de dichas vacunas, que ascienden a más de 15 mil millones dólares para Pfizer, más de 18,4 mil millones de dólares para Moderna y más de 10 mil millones de dólares para Johnson & Jonson, sin incluir el precio de sus acciones, que se han disparado entre un 400 y un 700% desde febrero de 2020.
Otro concepto erróneo es que los países de ingresos bajos o medio-bajos no tienen suficiente capacidad para producir las vacunas, lo que no refleja la realidad, ya que existen numerosas empresas especializadas en tratamientos genéricos capaces de producir la vacuna. El mayor fabricante de vacunas, el Serum Institute que produce la vacuna AstraZeneca, tiene su sede en India, actuando así como fabricante para los estados de ingresos altos, mientras que la mayoría de los beneficios, incluidas las vacunas y la propiedad de patentes, benefician a los países de ingresos altos.
Como en un círculo vicioso, la pobreza ha exacerbado los impactos de la crisis del covid-19 en los países de bajos ingresos y, simultáneamente, la pandemia ha exacerbado la pobreza. Es imperativo que todas las decisiones relacionadas con el COVID-19 sigan las obligaciones extraterritoriales de derechos humanos de los Estados combinadas con las recomendaciones de los expertos en salud para evitar una crisis social, económica y de salud mundial aún mayor de la que no podamos recuperarnos.