En unas pocas semanas el mundo ha entrado en la crisis sanitaria mundial más importante que ha conocido desde hace casi un siglo, sacudida por la propagación de la covid-19, calificado de pandemia por la OMS el 11 de marzo pasado. A día de hoy, se han registrado más de medio millón de casos en todo el mundo y han muerto más de 21.300 personas como resultado de la contaminación por el virus en 163 países (Fuente: OMS).
Las crisis excepcionales exigen medidas excepcionales: confinamiento obligatorio, cuarentena, cierre de fronteras, prohibición de viaje, cierre de tiendas, requisición de equipos médicos, toque de queda, etc. Se multiplican las iniciativas de los gobiernos para tratar de limitar el contagio. Una respuesta contundente que se justifica por motivos sanitarios para proteger el derecho a la salud de todas las personas, pero que requiere la máxima vigilancia por parte de las organizaciones de derechos humanos. Nuestro deber es velar por que estas iniciativas sean proporcionadas y justificadas.
Los Estados autoritarios no deben utilizar la lucha contra la covid-19 como pretexto para aumentar la adopción de medidas liberticidas y sofocar las voces disidentes. Tampoco debe servir de excusa para que los países con tradiciones democráticas más arraigadas socaven los derechos económicos y sociales de su población por medio de medidas antisociales, en particular en lo que respecta a los derechos laborales de su ciudadanía.
Derechos
Cuando esas medidas sean necesarias, los gobiernos deben garantizar el derecho a la vida, la salud, la vivienda y a un nivel de vida adecuado, así como el acceso a alimentos y agua, especialmente para aquellas personas que corren mayor riesgo y para quienes el costo de la crisis sanitaria es particularmente elevado. Se debería prestar apoyo específico a las personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo, así como a las personas sin hogar. Los trabajadores y trabajadoras con bajos salarios y del sector informal deberían ser objeto de apoyo prioritario. Se deberían tener en cuenta las necesidades específicas de las personas con discapacidad, los ancianos y las personas en prisión o detención.
Los derechos humanos deben seguir ocupando un lugar central en el pensamiento de los Estados. El 16 de marzo, un grupo de personas expertas de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos reiteró este extremo e instó a los Estados a no abusar de las medidas de seguridad en su respuesta a la epidemia de coronavirus.
Derivas
A pesar de este llamamiento, la FIDH y sus 192 organizaciones miembros han observado abusos alarmantes. Algunos Estados están mostrando una flagrante falta de transparencia en la gestión de la crisis sanitaria y están limitando de forma abusiva la libertad de expresión, sobre todo, en línea, así como el derecho a la información para evitar la difusión de información de interés público que consideran molesta.
En China, donde las autoridades acosaron a Li Wenliang, el médico que dio la alarma sobre el nuevo virus, se ha suprimido toda información independiente sobre la situación. También se puede cuestionar la situación real en Corea del Norte, Myanmar o Laos, por ejemplo, donde la tasa de casos notificados es especialmente baja (no se ha identificado ningún caso en Corea del Norte, según fuentes oficiales), además de las graves consecuencias que puede tener la falta de información sobre la propagación del virus. Sucede lo mismo en Rusia, país fronterizo con China, donde el número de casos registrados oficialmente, el 26 de marzo, era de solo 658 por cada 144,5 millones de habitantes.
En Honduras, el pasado 17 de marzo, la policía aprovechó el toque de queda del Gobierno para organizar la captura de una líder de la oposición. En Israel, el Estado utiliza a los servicios secretos para rastrear a las personas que han dado positivo de la covid-19.
La FIDH insta a los Estados a adoptar una actitud solidaria y respetuosa con los derechos humanos en la lucha contra la covid-19.
Respetar el carácter excepcional y limitado mientras permanecen vigentes las medidas de urgencia
Se debe informar públicamente de las medidas de urgencia que vulneren o limiten los derechos humanos y deben ajustarse a un marco claro determinado por el derecho internacional. La restricción de la libertad de circulación y las medidas de cuarentena pueden ser necesarias, pero deben circunscribirse estrictamente a la duración y la escala que se requiera para luchar contra la propagación del virus. Los Estados tendrán que tomar las medidas necesarias para restablecer la situación existente antes de la epidemia una vez la crisis haya pasado.
El derecho internacional establece que toda medida que derogue la legislación general debe ser "conforme a la ley" y "necesaria en una sociedad democrática" para la protección de la "seguridad nacional", el "orden público", la "salud o la moral públicas" o los "derechos y libertades de los demás".
No utilizar la crisis sanitaria para reducir indebidamente el espacio de la sociedad civil y reprimir a las personas defensoras de los derechos humanos.
En condiciones normales, las personas defensoras de los derechos humanos suelen ser objeto de ataques, amenazas e intimidaciones a gran escala. La lucha contra la covid-19 no debe ser utilizada como pretexto por algunos Estados para cometer o reforzar abusos contra las personas defensoras y reducir el espacio de la sociedad civil.
A este respecto, la FIDH manifiesta su preocupación por el hecho de que determinadas medidas de vigilancia y control de la población instauradas en el contexto de esta crisis se estén utilizando para reprimir las voces disidentes y que las medidas de restricción se estén empleando para socavar los derechos de las personas defensoras de los derechos humanos.
China, por ejemplo, ha pedido a toda su ciudadanía que instale una aplicación en su teléfono inteligente para controlar su estado de salud, su ubicación y su entrada en un espacio público. Aunque en estos momentos esta medida adicional de control social no se dirige específicamente a las personas defensoras de los derechos humanos, nos preocupa que pueda utilizarse después de la crisis sanitaria para vigilar y reprimir los movimientos sociales y a las personas defensoras de los derechos humanos.
En Rusia, las autoridades también han comenzado a instalar cámaras de reconocimiento facial para localizar a las personas que han vulnerado las medidas de la cuarentena. Teniendo en cuenta el historial de violaciones de los derechos humanos de las autoridades rusas, existe el riesgo de que estas tecnologías se utilicen después del brote para hostigar a quienes se manifiestan de forma pacífica.
Las personas que están especialmente expuestas o son vulnerables a la crisis deben recibir un apoyo específico y reforzado
En todas partes, las medidas de contención se multiplican y son cada vez más estrictas. Si bien su implantación suele estar justificada desde el punto de vista sanitario, su aplicación puede tener consecuencias especialmente graves para las personas que son objeto de discriminación por motivos de origen, sexo, clase, discapacidad, edad, entre otros.
Por ejemplo, hay muchas personas que no tienen dónde refugiarse o se ven obligadas a confinarse en condiciones de hacinamiento e insalubridad. En Francia, se ha multado y sancionado a personas sin hogar por no cumplir con las medidas de confinamiento mientras que se les ha proporcionado muy poco apoyo para protegerse del virus y satisfacer sus necesidades más básicas (como la vivienda y la alimentación).
¿Cómo pueden las personas con discapacidad, que a menudo dependen de la ayuda de sus familiares o del personal especializado, respetar las medidas de aislamiento?
La crisis afecta de manera desproporcionada a las mujeres y las niñas. Para muchas mujeres, el confinamiento también aumenta el riesgo de estar expuestas a la violencia doméstica o intrafamiliar. El hacinamiento en los hospitales y la falta de material limitan aún más el acceso de las mujeres al aborto, como en los estados estadounidenses de Texas y Ohio, donde el aborto se ha incluido en la lista de operaciones no urgentes.
Es necesario que los Estados desarrollen con urgencia mecanismos especiales para combatir la violencia contra las mujeres en el contexto de esta crisis sanitaria, presten un apoyo adecuado a las víctimas y den una respuesta integral a la covid-19 que tenga en cuenta los efectos de la epidemia en función del género.
Las empresas también deben hacer su parte, garantizando la protección de la integridad de su personal, especialmente de quienes tienen una mayor exposición en su actividad por su trabajo en tareas de recepción, contacto con el público o cuidado personal. Cuando las empresas no dispongan del equipo necesario o no puedan garantizar un entorno de trabajo que cumpla las recomendaciones en materia de salud, los Estados deben proporcionar los medios, ya sean jurídicos o financieros, para que las personas en situación de riesgo puedan ejercer su derecho a la salud sin tener que elegir entre ese derecho y su empleo.
En nombre de la solidaridad nacional, los gobiernos deben poner en marcha medidas específicas para apoyar a las personas que se encuentran en primera línea.
Los derechos humanos no deben ser los grandes perdedores en esta crisis.
Para ello, todas las medidas que se adopten para hacer frente a la crisis sanitaria deben estar justificadas y ser proporcionadas, y deben aplicarse sin discriminación y durante unos plazos razonables.
La FIDH expresa su apoyo a todas las personas movilizadas sobre el terreno para luchar contra la pandemia de la covid-19 y se une a los esfuerzos de las ONG, colectivos y personas que trabajan para garantizar que esta crisis no sea una oportunidad para hacer retroceder los derechos humanos. Solidaridad y vigilancia.