La Corte consideró que el proyecto Quifa se llevó a cabo en violación de los derechos fundamentales de este último, específicamente el derecho a la consulta previa.
Nuestras organizaciones acogen con satisfacción esta decisión y piden a Pacific E&P y Ecopetrol actuar en conformidad con aquel, y suspender de manera inmediata las actividades que actualmente se desarrollan a una distancia inferior a dos (2) kilómetros del límite del Resguardo Indígena Vencedor Pirirí. De igual forma se insta que todas las empresas de la región atiendan las solicitudes de realización de consulta previa por otros proyectos de forma puntual y de buena fe.
El alto tribunal reconoció que “la constante entrada y salida de personal, maquinaria, insumos y materiales, la generación de olores, ruidos e iluminación permanente, y la afectación de los cuerpos de agua [...]. Situaciones todas que han de considerarse entonces como afectaciones directas de sus vidas, creencias, instituciones, bienestar espiritual y de las tierras que ocupan o utilizan de otra manera”. En consecuencia, concluyó que la participación de dicha comunidad en las decisiones relativas al proyecto Quifa era necesaria, y su no realización por parte de Pacific E&P fue ilegal.
El derecho a la consulta previa es un derecho fundamental y la obligación de su cumplimiento es constitucional. Sin embargo, la ausencia de una reglamentación suficientemente precisa y clara, impide una protección eficaz de los derechos de los pueblos indígenas y las minorías étnicas.
Las organizaciones firmantes lanzaron en noviembre de 2014 una evaluación de impacto sobre las actividades de Pacific E&P en el Meta. El informe se ha enfocado en el análisis de las consecuencias que ha tenido la operación de esta empresa sobre el medio ambiente, los derechos de los indígenas y los derechos de los trabajadores. Dicho informe será publicado durante el primer semestre de 2016. Las recomendaciones que resulten de este estudio serán dirigidas a las autoridades, Pacific E&P y Ecopetrol, teniendo en cuenta que este último asumirá responsabilidad de las operaciones en el bloque Rubiales a partir de junio 2016.
En el marco de la investigación, las comunidades indígenas de Puerto Gaitán han denunciado insistentemente la presencia de otros proyectos como el Oleoducto de los Llanos, la Red Eléctrica PEL, y las operaciones de Hocol (filial de Ecopetrol), que generan afectaciones sin que las empresas y autoridades hayan realizado la consulta previa desconociendo las órdenes que la Corte Constitucional ha proferido.