La Sra. Joselma señaló la falta de medidas concretas orientadas a reducir los efectos de la contaminación ambiental sobre la salud de la comunidad y habló también de la falta de avances en la implementación de medidas de reparación que son parte del proyecto de reasentamiento colectivo pactado entre el Estado, la comunidad afectada y las empresas responsables. Para la presentación de su testimonio la Sra. Joselma fue acompañada por representantes de la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) y por el Misionero Comboniano p. Dário Bossi, Misionero Comboniano, miembro de la red “Iglesias y Minería”.
Después de esta reunión, la señora Joselma y el P. Dário continuarán su viaje de incidencia en Europa con otras dos actividades. Primeramente tratarán de las consecuencias de la producción de arrabio sobre la salud con el Istituto dei Tumori, institución europea que realiza investigaciones sobre las enfermedades provocadas por la contaminación ambiental. La Asociación Comunitaria de los Habitantes de Piquiá solicitó la colaboración del Instituto, que llevó a la publicación de este estudio sobre la salud de los habitantes del barrio.
Posteriormente está programado un encuentro en el Vaticano con el Cardinal Peter Turkson, Prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, sobre la necesidad de apoyo a todas las comunidades que sufren los violentos impactos de la minería en América Latina.
Más informaciones sobre el caso:
Piquiá de Baixo es una localidad en la que viven cerca de 1.100 personas, en el Estado de Maranhão. Allí existen altos niveles de emisiones gaseosas y aguas contaminadas liberadas por empresas de producción de arrabio y acero que operan muy cerca de las casas de los habitantes de la zona.
Desde hace más de veinte años los habitantes son víctimas de enfermedades respiratorias, de los ojos y de la piel, cánceres de diferentes tipos y accidentes provocados por las actividades industriales que no respetan medidas de seguridad y de respecto para la salud.
Durante los últimos diez años la comunidad ha luchado para obtener la inmediata reparación de los daños sufridos, la mitigación de la contaminación ambiental y el reasentamiento colectivo en un área limpia y que ofrezca buenas condiciones de salud.
Las organizaciones FIDH, Justicia Global y Justiça nos Trilhos publicaron en 2011 un Informe sobre el caso de Piquiá de Baixo y desde entonces están apoyando a la comunidad para que sean atribuidas las responsabilidades de los causantes de esa situación y para la reparación de las violaciones identificadas.
En 2014, Procedimientos Especiales de la ONU y el Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos y Transnacionales y otras empresas enviaron una Comunicación Oficial al Gobierno de Brasil pidiendo informaciones sobre las graves violaciones de los derechos humanos que afectan la comunidad.