En todo el mundo, las cosas están cambiando. En la mayoría de lugares las ejecuciones están disminuyendo y cada vez más países están abandonando la pena capital en la ley o en la práctica. Sin embargo, el año pasado se registraron 657 ejecuciones. Son 657 ejecuciones de más, debemos redoblar nuestro esfuerzo para abolir esta despreciable forma de castigo.
Al mismo tiempo, es crucial que quienes están actualmente acusados de cometer un delito capital tengan acceso a una asistencia jurídica de calidad. En muchos lugares, se priva de este derecho fundamental a las personas que se enfrentan a acusaciones que podrían ser castigadas con la ejecución. Algunas de ellas pasan días detenidas sin acceso a un abogado, para que, al final, se les asigne uno desbordado por los muchos casos de los que se ocupa. Otras veces, conocen a su abogado en la misma sala del tribunal, al comienzo del juicio. Algunos abogados carecen de los conocimientos y la capacidad necesarios para defender un caso de pena capital o están demasiado asustados para defender activamente a sus clientes, ya que temen las consecuencias de defender a alguien que se enfrenta a determinados cargos.
Los clientes de Vincent Soligbo tuvieron suerte. Este abogado defensor de casos de pena capital ha representado gratuitamente a personas que se enfrentan a la pena de muerte en Nigeria. Desde 2013, trabaja con personas condenadas a muerte y ha descubierto que la mayoría de ellas —durante el juicio e incluso después de su condena— nunca ha podido ejercer su derecho constitucional a una asistencia jurídica adecuada. Muchas de estas personas simplemente no podían permitirse pagar los servicios de un abogado para recurrir su condena, y fueron posteriormente ejecutados en la horca por el Estado.
Esta falta de asistencia jurídica adecuada hizo que muchas personas acabaran en el corredor de la muerte, a menudo solo por confesiones obtenidas mediante tortura. “Muchas veces pienso en lo que habría sido de mis clientes si no hubieran podido contar con una representación diligente y adecuada”, afirmó el abogado, que pudo defender con éxito a varios acusados.
Lo que Vicent Soligbo había observado no es, por desgracia, un fenómeno aislado. En muchos países se detiene, encarcela e incluso se tortura a las personas hasta que confiesan sus crímenes y se enfrentan a procedimientos judiciales que pueden llevarlos a la pena de muerte, todo ello sin un abogado a su lado. Esto viola lo que probablemente sea el principio más básico de nuestros sistemas de justicia penal: el acusado es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
No podemos tolerar este status quo, a menos que creamos que las condenas basadas en confesiones obtenidas mediante tortura son aceptables, que es normal que los acusados conozcan a sus abogados en el tribunal o que los recursos económicos de los acusados determinen su posibilidad de acceder a un abogado competente. Es necesario contar con abogados defensores eficaces y capacitados para garantizar un juicio justo: el derecho a una asistencia jurídica adecuada no es un lujo y nunca debería considerarse como tal.
Esto significa que, desde el momento en que una persona es acusada de un delito, debe contar con un abogado experto. Es decir, el acusado debe tener un abogado cualificado que se ocupe de su caso, con acceso a la información pertinente relativa al caso de su cliente y que pueda reunirse con él cuando sea necesario. Significa también que el abogado debe recibir un pago adecuado y tener acceso a los recursos necesarios para defender a su cliente.
Los asesinatos patrocinados por el Estado son una afrenta a la dignidad humana. Constituyen un castigo cruel, inhumano y degradante, y deben ser abolidos en todos los países, desde Irán hasta Belarús, desde Viet Nam hasta los Estados Unidos. Sin embargo, mientras exista este castigo mortal, es crucial que todas y cada una de las personas acusadas de un delito capital cuenten con una asistencia jurídica adecuada.
La FIDH es miembro fundador de la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, que dedica el 18º Día Mundial contra la Pena de Muerte al papel esencial que desempeña la representación legal en los casos de pena capital.