"La respuesta a la crisis de Burundi por parte del Consejo de Derechos Humanos es la más firme que podía emitir en el marco de su mandato. Aunque aumenta la presión sobre las autoridades del país, la resolución debería complementar los esfuerzos que las instituciones africanas y el Consejo de Seguridad de la ONU deberían continuar haciendo, incluso mediante el despliegue de una fuerza internacional de policía con los medios necesarios para poner fin a la actual escalada de violencia."
La resolución aprobada hoy se basa en el informe final de tres expertos independientes que investigaron las violaciones de los derechos humanos cometidas en Burundi desde el principio de la crisis, provocada por la decisión del presidente Pierre Nkurunziza de mantenerse en el poder más allá de la duración de su segundo mandato constitucional. Este informe señala que "dada la historia del país, el peligro de que se cometa un genocidio está muy presente".
La resolución condena con firmeza las flagrantes violaciones sistemáticas cometidas en Burundi, entre otras, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y actos de tortura, algunos de los cuales pueden ser constitutivos de crímenes de lesa humanidad. Condena asimismo la impunidad generalizada que reina en el país y los actos de incitación a la violencia y al odio étnico.
La resolución reitera la importancia de la rendición de cuentas de los responsables de dichos delitos —en su mayoría, miembros de las fuerzas de seguridad y de los Imbonerakura [1]— que es fundamental para contribuir al esfuerzo por poner fin a la escalada de violencia. La comisión de investigación será la encargada de identificar a los presuntos responsables de las violaciones. Por último, la resolución genera inquietud en relación a las consecuencias que la situación en Burundi puede tener para la estabilidad de la región y hace un llamamiento a tomar medidas que eviten la intensificación de la crisis. La Unión Africana, la Comunidad del África Oriental y las Naciones Unidas hanactuado según sus respectivos mandatos y deben tomar nuevas medidas de forma inmediata para detener la regionalización de la crisis.
"Pierre Nkurunziza, sus seguidores y todas aquellas personas que optan por la vía de la violencia deberían ser conscientes de que no podrán eludir las consecuencias de sus delitos. La CPI, que abrió una investigación preliminar sobre la situación en Burundi y que ahora debería abrir una investigación, podrá utilizar el trabajo de la nueva comisión de investigación para perseguir a los responsables de los crímenes internacionales y enviar una señal a quienes se sientan tentados de seguir su ejemplo."
Desde el principio de la crisis en abril de 2015, la FIDH y la Liga ITEKA han alertado a las instituciones africanas e internacionales de la gravedad de las violaciones cometidas y de sus posibles repercusiones para la estabilidad de la región. En el Consejo de Derechos Humanos, nuestras organizaciones abogaron por realizar de manera periódica debates púbicos sobre Burundi y sesiones especiales dedicadas al país. La resolución aprobada hoy se corresponde plenamente con estos esfuerzos, que han permitido documentar las violaciones y aumentar la presión internacional sobre las autoridades burundesas.