El informe (en inglés) establece que bajo el régimen actual, la violencia sexual se dirige contra las personas detenidas por las fuerzas de seguridad, de forma indiscriminada y con independencia del contexto en el que se produjo su detención. Además de los opositores al régimen del general al Sisi, estos ataques se dirigen contra miembros de ONG, estudiantes, mujeres y cualquier persona percibida como un peligro para el orden moral.
"La magnitud de la violencia sexual que tiene lugar durante los arrestos y el tiempo de detención, la similitud de los métodos empleados y la impunidad general de la que disfrutan los autores indica que se trata de una cínica estrategia política cuyo objetivo es asfixiar a la sociedad civil y silenciar toda oposición," declaró Karim Lahidji, presidente de la FIDH.
El informe, basado en entrevistas realizadas a víctimas, abogados y miembros de ONG de derechos humanos, revela la implicación de miembros de la policía, de funcionarios del servicio nacional de inteligencia y de militares en actos de violencia sexual, incluidas violaciones, abusos sexuales, violación con objetos, electrocución de los genitales, difamación con argumentos de índole sexual y chantaje.
| "Nos agredieron en una redada encabezada por el jefe del servicio inteligencia Penal de Alejandría (Mabahith)... Nos hicieron arrodillarnos con las manos detrás de la cabeza. Apartaron a las mujeres jóvenes y nos cachearon mientras estábamos de cara a la pared, abusando sexualmente de nosotras e insultándonos. Intenté retirar la mano de uno de los soldados de los servicios centrales de seguridad de mi pantalón, pero después me golpearon con sus armas hasta que ya no pude resistirme más." K., activista de una ONG egipcia de derechos humanos. |
Las fuerzas de seguridad del Estado comenten estos actos de violencia a gran escala, burlándose del compromiso del Gobierno de hacer de la lucha contra la violencia sexual en Egipto una prioridad. Las medidas que se han tomado, fragmentarias y simbólicas, que incluyen reformas legislativas parciales y la creación de una unidad en el Ministerio del Interior dedicada a la lucha contra la violencia sexual, han tenido poca repercusión ante la propagación de esta epidemia.
El informe de la FIDH muestra que se tolera ampliamente esta violencia y los autores, ya sean actores estatales o civiles, en muy raras ocasiones se ven obligados a responder por sus delitos. Desde el juicio celebrado en julio de 2014 contra siete hombres acusados de participar en agresiones sexuales colectivas en la plaza Tahrir durante la toma de posesión del presidente al Sisi en junio de 2011, no han tenido lugar más juicios por actos de violencia sexual colectiva. En cuanto a las fuerzas de seguridad, a pesar de las denuncias, no se ha juzgado a ningún agente por delitos de violencia sexual.
El papel desempeñado por las fuerzas de seguridad en la comisión de agresiones y acoso sexual, inclusive durante los registros corporales, los controles de seguridad y en las comisarías de policía, disuaden aún más a las víctimas de presentar denuncias. El clima general de impunidad favorece y alienta la comisión de más actos de violencia tanto por parte de agentes del Estado como de civiles.
"El Gobierno egipcio debe acabar de inmediato con estos delitos, cometidos por funcionarios que están bajo su autoridad directa. Deben velar por que se investiguen seriamente todas las alegaciones, y por que se enjuicie y sancione a los responsables de conformidad con las normas internacionales," afirmó Amina Bouayach, secretaria general de la FIDH.
Mientras permite estos delitos, el régimen de al Sisi se ha apropiado de la lucha contra la violencia sexual, con el pretexto de reforzar la seguridad del Estado. Desde el otoño de 2013, el Gobierno ha orquestado una campaña de represión contra las personas LGBT. Las fuerzas de seguridad han llevado a cabo redadas en establecimientos de baños, donde han detenido a personas LGBT a partir de informaciones reunidas mediante vigilancia en Internet y las han acusado de "perversión" y de "indecencia sexual". El Gobierno justificó la detención arbitraria de estas personas, que en muchos casos fueron sometidas a actos de violencia sexual, alegando la necesidad de proteger la moral y el orden religioso de Egipto.
Este informe complementa la información presentada en el informe publicado en abril de 2014 sobre la violencia sexual cometida por civiles contra las mujeres en el ámbito público, en el que la FIDH y varias ONG egipcias pusieron de manifiesto que el Estado no había investigado de forma efectiva ni perseguido judicialmente a los autores de violaciones colectivas, agresiones sexuales y acoso, y pidió la adopción de diez medidas urgentes para acabar con la violencia contra las mujeres.
Descargue el Informe: Asfixia de la sociedad civil egipcia: Explosión de la violencia sexual por parte de las fuerzas de seguridad bajo el régimen de al Sisi (en inglés)