El 26 de octubre 2015, la Comisión Nacional de Monitoreo y Apelación anunció que había adoptado medidas que permiten al 92% de los extranjeros presentar solicitudes de regularización.
La FIDH, junto a sus organizaciones miembros y socios de Marruecos, denunciaron las deficiencias del proceso de regularización excepcional iniciado en 2014, en particular, la rigidez de los criterios de regularización. Estas nuevas medidas son un avance significativo de la nueva política migratoria.