La abolición de la pena de muerte ha seguido el curso de la historia. Las cifras hablan por sí solas: en 1977, únicamente dieciséis países habían abolido la pena de muerte. Casi cuarenta años más tarde, dos de cada tres países la han abolido de hecho y de derecho, un signo de la lucidez por parte de la opinión pública y de los gobiernos en relación con estas sentencias inhumanas e inútiles. Sin embargo, no podemos dejarnos engañar, ya que la tendencia mundial hacia la abolición no está garantizada. Durante los últimos años, se ha desarrollado un fenómeno profundamente inquietante: en el nombre de la lucha antiterrorista, un número de países cada vez mayor ha restablecido la pena capital.
Recientemente, Nigeria, Bangladesh y Túnez añadieron algunos actos terroristas a la lista de delitos punibles con la muerte. Otros, que durante muchos años habían respetado una moratoria de las ejecuciones, han restablecido esta terrible práctica. Tal es el caso de Chad, donde la lucha contra Boko Haram llevó a que se retomaran las ejecuciones en 2015, después de una moratoria de doce años. Pakistán volvió a ejecutar de nuevo en diciembre de 2014. Sin embargo, en Karachi, la lucha contra el terrorismo fue tan solo una excusa para restablecer la pena de muerte. Únicamente el 10% de las condenas a la pena de muerte de los últimos dos años fue por actos terroristas. En Pakistán, en los corredores de la muerte se encuentran miles de infractores de derecho común.
En otros países, se utiliza una interpretación muy vaga del terrorismo para combatir todo tipo de oposición. Por ejemplo, en Irán se utiliza la acusación de terrorismo para ejecutar a personas cuyo único delito es pertenecer a un grupo étnico o religioso minoritario.
En otros lugares del mundo, la lucha contra el terrorismo se utiliza principalmente para silenciar a la oposición. En Egipto, una ley aprobada en agosto del 2015 permite que líderes de “entidades terroristas” sean sentenciados a muerte. Cientos de miembros de los Hermanos Musulmanes fueron así condenados a muerte, a menudo en juicios rápidos basados en confesiones forzadas.
Al fin y al cabo, ignorar las normas de un juicio justo es la característica distintiva de los países que restauran la pena de muerte.
Consciente de estas decisiones arbitrarias, a lo largo de los años la sociedad civil ha aprendido a movilizarse. Por ejemplo, se han anulado sentencias de personas condenadas con problemas mentales o se han exigido nuevos juicios en casos de errores judicial probable.. ¿Pero quién va a movilizarse para salvar a un terrorista de una ejecución inminente? No muchos… sin embargo, nuestro deber moral no puede ser selectivo: el respeto del derecho a la vida debe prevalecer. Es evidente que debemos condenar a quienes siembran el terror… pero no imitándolos. La ejecución es una herramienta de los terroristas, no pertenece al Estado de derecho. “Cuando un país democrático condena a muerta a un terrorista, él mismo está utilizando un método de terroristas”, repite a menudo Francoise Rudetzki, fundadora de Atentados SOS.
Normalmente, los defensores de la pena capital utilizan un solo argumento: la disuasión. Según ellos, blandir el espectro de la muerte evita que muchas personas lleven a cabo sus planes. Pero se equivocan. La correlación entre la reducción del índice de delincuencia y el restablecimiento de la pena de muerte nunca se ha demostrado y, aunque algún día lo fuera, seguramente no sería cierto en el caso del terrorismo, ya que quienes colocan bombas no parecen temerle a la muerte. Además, los terroristas pueden utilizar la pena capital para convencer a sus tropas de que su venganza es justificada y así alimentar el ciclo de violencia.
Es fácil manipular las emociones de la sociedad después de una masacre para justificar el restablecimiento de la pena de muerte, como vimos por la propuesta del presidente Erdogán tras el fallido golpe de estado.
Sin embargo, es mucho más difícil movilizar a la opinión pública hacia la abolición. Esta lucha podría durar décadas, y Francia es un buen ejemplo de ello: entre el apasionado discurso de Jean Jaurès en 1908, en el que afirma que la pena capital es “contraria a las aspiraciones más altas y a los sueños más nobles de la humanidad”, y su abolición en 1981, se sacrificaron muchas vidas. Sálvennos de este gran retroceso, incitado por los terroristas, que al derramar nuestra sangre ponen a prueba nuestros valores.