Federación Internacional
por los Derechos Humanos

Habría bastado con algunos grafitis pintados en la pared de una escuela y con la detención de sus autores en plena clase para desencadenar la revuelta que se incubaba. Tras más de un mes de manifestaciones pacíficas contra las leyes de emergencia y la arbitrariedad —que, en Deraa, Banias, Baida y Homs, han sido reprimidas con una violencia extrema y en las que las fuerzas de seguridad han utilizado armas de fuego incluso contra aquellos que querían prestar auxilio a los heridos—, el gobierno sirio aprobó finalmente, el martes 19 de abril, un proyecto de ley que deroga el estado de emergencia en vigor desde hace casi cincuenta años. Esta era una de las principales reivindicaciones de los manifestantes. Se ha abolido el Tribunal de Seguridad Estatal encargado de juzgar a los prisioneros políticos y se deberían autorizar nuevamente las manifestaciones.

No obstante, tan sólo unas horas después de los anuncios gubernamentales, las detenciones arbitrarias se han multiplicado y una violencia extrema contra la población ha parecido ser la única respuesta a las reivindicaciones de apertura política y multipartidismo. Con las nuevas leyes «antiterroristas», el nuevo arsenal del poder es igual de restrictivo que el anterior.

Al invocar una conspiración extranjera y las amenazas a la estabilidad del país, el poder dice una cosa y la contraria al mismo tiempo que ignora el llamamiento de decenas de miles de manifestantes que, poniendo en peligro sus vidas, aspiran a la dignidad, las reformas y la apertura al mundo.