La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), la Liga Centroafricana de Derechos Humanos (LCDH) y el Observatorio Centroafricano de Derechos Humanos (OCDH), que llevan muchos años trabajando con las víctimas centroafricanas, acogen con satisfacción este avance tan esperado y significativo en la lucha contra la impunidad de los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad en la República Centroafricana (RCA). Nuestras organizaciones esperan que se respeten las condiciones de un juicio justo y que las víctimas tengan el protagonismo que merecen.
La apertura de un primer juicio en el Tribunal Penal Especial (TPE), aunque tardía, es un paso significativo y esperamos que sea asimismo un avance importante hacia una justicia más completa para las víctimas centroafricanas. A pesar de los esfuerzos de los tribunales nacionales ordinarios por procesar a los autores de los crímenes más graves cometidos en la RCA, a falta de un tribunal especializado eficaz, los resultados continúan siendo insuficientes. En la práctica, son pocos los autores que rinden cuentas, la capacidad humana y económica es limitada y no siempre se refleja debidamente la gravedad de los crímenes internacionales cometidos. Sin embargo, nuestras organizaciones constatan que el 19 de abril de 2022, mientras se aplazaba la apertura del juicio ante el TPE, se inició una vista penal en el Tribunal de Apelación de Bangui que afectaba a más de 120 acusados, tras más de dos años de paralización.
Ante la Corte Penal Internacional (CPI), que también es competente en materia de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en la RCA, hay algunos procesos en curso (contra tres antibalaka y un seleka), aunque se encuentran a miles de kilómetros de las víctimas y de los lugares donde se produjeron los abusos. El TPE como institución con sede en Bangui, está compuesto por personal nacional e internacional y debe ocuparse específicamente de las violaciones graves de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas desde el 1 de enero de 2003. Por ello, está preparado para desempeñar un papel clave en la lucha contra la impunidad de los crímenes cometidos en la RCA.
Hoy son los miembros del grupo rebelde "3R" (Retorno, Reclamación y Rehabilitación) los que están llamados a rendir cuentas ante los jueces,Issa Sallet Adoum, Ousman Yaouba y Tahir Mahamat. Estos habrían cometido crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en las localidades de Lemouna y Koundjili el 21 de mayo de 2019, crímenes que nuestras organizaciones han contribuido a documentar.
En el futuro, se juzgue a otros miembros del personal del gobierno, incluidos los de mayor rango en la cadena de mando de este grupo o de cualquier otra parte en los conflictos que han asolado la RCA desde principios del siglo XXI. Dado que se ha criticado ampliamente al TPE por su lentitud y falta de transparencia, es esencial que la apertura de este primer juicio vaya seguida de esfuerzos reales y visibles para que otros responsables rindan cuentas.
Mientras que todas las miradas estarán puestas en el desarrollo de este primer juicio, cuyos aplazamientos desde la apertura oficial hasta ahora empiezan a suscitar gran inquietud, nuestras organizaciones recuerdan la importancia de que se conceda un lugar central en este proceso a las víctimas y de que se respeten sus derechos. Pedimos asimismo que se respeten las garantías de un juicio justo y esperamos que las condiciones de trabajo de todas las partes implicadas en el juicio –uno de los motivos de los aplazamientos– se ajusten a las normas de derechos humanos. Nuestras organizaciones, comprometidas con las víctimas centroafricanas en este juicio, seguirán muy de cerca las audiencias.
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