El informe es el resultado de una misión internacional de investigación, llevada a cabo por el Observatorio en México del 15 al 26 de junio de 2008, y durante la cual los representantes de la misión pudieron entrevistarse en el Distrito Federal, Oaxaca y Chiapas con un amplio número de actores institucionales y de la sociedad civil, defensores de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y/o culturales. El informe intenta mostrar la complejidad de situación política mexicana y pone en evidencia la necesidad de un profundo cambio de cultura y normativo con relación a los derechos humanos y a la posibilidad de actuar en tanto defensor de los mismos.
Es inevitable que el diálogo con los defensores de derechos humanos generalmente se produzca a partir de temas sensibles para las autoridades. Por ello debería tratarse de que el diálogo se realice conforme a una política que todos reconozcan necesaria y que permita fortalecer actitudes, normas, mecanismos y resultados en la protección de derechos de todos los sectores sociales. Ello requiere que los defensores dispongan de un marco legal e institucional adecuado de reconocimiento de las organizaciones como entidades de utilidad pública y que existan, además, espacios en los que puedan participar e incidir efectivamente en las políticas de Estado. Con relación a la defensa de las víctimas de violaciones de los derechos humanos, la acción de los defensores mexicanos se ve obstaculizada por la impunidad generalizada. La misma los afecta doblemente: con relación a las víctimas a quienes asisten, y con relación a las amenazas y los hostigamientos de que son blanco, circunstancias por las cuales se ven obligados a recurrir a la vía internacional. La evolución de México ha estado marcada por tensiones y conflictos recurrentes en los últimos años, consecuencia de fuertes disputas políticas, de urgentes exigencias vinculadas a graves desigualdades socioeconómicas, marginalización y discriminación de sectores y grupos sociales, étnicos, etc. derivadas de medidas de ajuste estructural, de libre comercio, de proyectos integracionistas.
En ese contexto, la situación de las y los defensores y de las organizaciones de derechos humanos ha seguido siendo preocupante, sobre todo en el marco de disputas y conflictos socioeconómicos, políticos, eco-ambientales, etc. Su labor de asistencia y protección a las víctimas, de colecta de información, de denuncia de las exacciones y de los responsables, la lucha contra la impunidad etc. ha motivado frecuentes amenazas, hostigamientos, atentados y campañas de descrédito a través de medios de comunicación de masas, por parte de grupos de interés, autoridades y funcionarios, empleados o agentes públicos federales, estatales y municipales. Los textos jurídicos y los organismos de procuración y administración de justicia han seguido siendo instrumentalizados para perseguir y acosar a los defensores de derechos humanos. Y en muchos casos, las autoridades, incluyendo instituciones públicas de derechos humanos, también han omitido cumplir con su obligación de investigar y sancionar a los responsables de los actos de intimidación, las amenazas y ataques contra los defensores de derechos humanos y sus familiares. Situación que fomenta y fortalece la existencia de un clima de impunidad y correlativamente de mayor inseguridad y riesgo para los defensores, además de un sentimiento de desconfianza hacia las instituciones y la autoridad pública.
El Observatorio solicita a las autoridades de México a que respeten plenamente los derechos de los defensores de derechos humanos en el país y reconozcan su labor, a que tomen las medidas más apropiadas para garantizar en cualquier circunstancia su integridad física y psicológica, a que pongan término a cualquier acto de hostigamiento, incluido a nivel judicial, y que permitan la instauración de un entorno favorable al desarrollo de sus actividades, conforme a las recomendaciones de este informe. El Observatorio también hace un llamado a las autoridades nacionales para que respeten en cualquier circunstancia las disposiciones de la Declaración de Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General el 9 de diciembre de 1998, y en particular sus artículos 1 y 12.2, y de forma general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por México. Asimismo el Observatorio hace un llamado a las autoridades de México para que adopten y pongan en práctica medidas legislativas, administrativas o de otra índole para asegurar la aplicación efectiva de las resoluciones de la Asamblea General de NU (59/192 y 60/161), de la Asamblea General de la OEA (AG/RES. 2412) y las recomendaciones de los organismos y mecanismos de supervisión, incluidas las formuladas por la CIDH en su "Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos en las Américas" (marzo 2006).
El Observatorio solicita a la Unión Europea, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y su Oficina en México, a la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los Defensores de Derechos Humanos, a los Relatores sobre Libertad de Expresión y Opinión, sobre la Independencia del Poder Judicial, Jueces, Fiscales y Abogados de las Naciones Unidas y al Relator Especial sobre la Libertad de Expresión ante el sistema interamericano a que continúen prestando atención y que vigilen de modo permanente la evolución de la situación de los defensores y de las organizaciones de derechos humanos en México, y estimulen y apoyen las iniciativas de los defensores y las organizaciones dirigidas a crear y desarrollar mecanismos de atención y asistencia urgente en caso de necesidad.