El sábado 13 de diciembre, el Consejo de Seguridad Nacional (integrado por el Ministerio de la Defensa, el de Seguridad Pública, el Organismo de Inteligencia, la Fiscalía General, la Corte Suprema de Justicia, la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada) aseguró que existiría, en el territorio salvadoreño, al menos unos 40 grupos fuera de la ley que poseen y usan armamento de guerra y se nombró a determinadas zonas. Se presentó como pruebas fotografías de personas que reciben adiestramiento militar con armas de grueso calibre.
Desde entonces, se afirmó que estos grupos estarían integrados por pobladores de zonas de influencia de la ex guerrilla del FMLN. El propio Presidente Saca ha dado declaraciones públicas para relacionar a activistas del FMLN con dichos grupos cuando las encuentas electorales muestran una gran ventaja de esta organización sobre el partido del gobierno. Estas declaraciones no sólo coartan la libre conciencia del elector, el derecho a recibir información veraz por parte de las autoridades, pero puede provocar agresiones o atentados contra los activistas de este movimiento político de oposición.
Estas acusaciones, además de generar temor entre los cuidadanos y de poder tener repercusiones en el proceso electoral ponen en peligro a las comunidades que han sido nombradas como hospedando a los supuestos grupos armados ilegales. Así, la FIDH expresa su preocupión frente a la presencia, el martes 16 de diciembre, de un contingente de 150 militares fuertemente armados en la comunidad El Papaturro, que denunció un montaje que puede exponer sus vidas o la libertad de sus dirigentes, ya que según la comunidad allí no hay ningún grupo armado ilegal. De la misma manera se sospecha que se trate también de un montaje la denuncia de un auto abandonado con armas en El Paisnal la noche del lunes 15 de diciembre.
Por lo tanto, se està generando un clima de temor que pone sombras sobre el proceso electoral y se afectan los derechos de la oposición política de cara a los comicios electorales que tendrán lugar el próximo mes (Consejos Municipales y Asamblea Legislativa) y en marzo del 2009 (presidenciales). La FIDH urge al Presidente Saca a cesar esta campaña que genera un clima de miedo y a darle plena vigencia al derecho de participar libremente en la dirección de los asuntos publicos incluyendo el derecho de ser elegido y de poder votar
La FIDH urge a las autoridades judiciales a investigar y sancionar a todas aquellas personas y autoridades que estarían desarrollando este tipo de montajes.