Tras recordar las dificultades a las cuales se enfrentan los operadores de justicia en Colombia por llevar a cabo su labor en un país flagelado por un conflicto armado interno y el narcotráfico, los más de 80 operadores de justicia que se unieron en un movimiento de solidaridad impulsado en particular por el Juez Baltasar Garzón (Audiencia Nacional Española), recordaron la labor fundamental llevada a cabo por la Corte Suprema, y en particular su condena a altos responsables de crímenes en el conflicto, sin discriminación entre los distintos actores, y por su lucha contra la « penetración en altas esferas del Estado de organizaciones criminales ».
La carta insiste en que « este empeño de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, indispensable y necesario para llevar a cabo su mandato constitucional no puede ni debe ser cuestionado, sino apoyado responsablemente y dotado de las máximas garantías por todos los órganos del Estado, como única vía para que cumpla su misión, se fortalezca la independencia del poder judicial y el Estado Social de Derecho. Al desarrollo de esta acción prestaremos toda nuestra atención y seguimiento ».
La FIDH respalda plenamente este llamado y recuerda que, con ocasión del Examen Periódico Universal de Colombia el pasado miércoles 10 de diciembre, varios Estados hicieron recomendaciones en el mismo sentido al Estado de Colombia, uno de ellos mencionando expresamente su preocupación frente a declaraciones [del gobierno] que podrían afectar su independencia y su credibilidad.