Detenciones y amenazas contra profesores y estudiantes universitarios en Bogotá

25/11/2008
Comunicado

La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) manifiestan su seria preocupación sobre las recientes detenciones y hostigamientos en contra de varios miembros de las universidades públicas de la ciudad de Bogotá, tanto estudiantes como profesores, así como de algunos integrantes de ONG de derechos humanos, además de las recientes amenazas de muerte contra la comunidad universitaria de instituciones públicas de parte de las

En efecto, la OMCT y la FIDH han conocido que hace unos días se produjeron en la ciudad de Bogotá una serie de detenciones de un profesor y de estudiantes de universidades públicas, como la Universidad Nacional de Colombia, en el marco de una orden dada por la Fiscalía General de la República [1] con el fin de que se investiguen las bases de datos de varias universidades, vulnerando de esta manera derechos fundamentales tanto de estudiantes como de profesores.

A partir de las informaciones recibidas se tiene conocimiento que entre los detenidos se encuentran la Sra. María Antonia Espitia y el Sr. Reyes López Ipayú, estudiantes de la Universidad Nacional; la Sra. Cristina Isabel Guzmán, actriz de teatro y estudiante de la Universidad Nacional; el Sr. William Javier Díaz Ramírez, docente de la Universidad Distrital; el Sr. Hugo Giovanni Hilarión, integrante de la Friedrich Ebert Stiftung en Colombia – FESCOL, y el Sr. Edison Javier Reyes Roa, integrante de la ONG "Territorio Sur".

Del mismo modo, los abogados de los detenidos han informado que la Unidad Antiterrorismo de la Fiscalía General de la Nación ha impartido la prohibición de conocer las pruebas existentes en contra de las personas procesadas, un hecho que afecta el ejercicio de los derechos al debido proceso y a la defensa, lo cual podría volver arbitraria la privación de la libertad, conforme a los parámetros indicados por el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas.

Esta oleada de detenciones se inscribe en el marco de la estigmatización que de ellos se ha hecho en discursos de autoridades o personas relevantes del Estado, desde el Presidente de la República, lo cual además ha originado la reactivación de graves amenazas de muerte provenientes del grupo paramilitar conocido como las «Águilas Negras» en contra de los estudiantes de las universidades públicas, en particular estudiantes y profesores de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.

Se ha conocido que, durante los últimos meses diversos funcionarios del Estado colombiano han señalado en sus declaraciones, de manera genérica y sin individualizar responsabilidades, a organizaciones estudiantiles o grupos dentro de la comunidad universitaria, como colaboradores de la guerrilla.

Estos señalamientos han tenido un gran eco en los principales medios masivos de comunicación del país. En los últimos días, el grupo paramilitar las Águilas Negras ha aprovechado este acondicionamiento de la opinión pública para amenazar con la muerte física o simbólica, es decir con el destierro, a estudiantes y profesores de la Universidad Nacional. En efecto, hace pocos días llegó a varios correos electrónicos del medio universitario un mensaje que contiene graves amenazas. En el mensaje se afirma, entre otras cosas: « (…) declaramos objetivo militar a los subversivos infiltrados en la Universidad que supuestamente se abanderan de las luchas reinvindicativas, gremiales y sociales (…) ».

La OMCT y la FIDH expresan su serio rechazo e indignación frente a este tipo de detenciones y frente a la estigmatización y hostigamiento contra docentes, estudiantes universitarios y miembros de organizaciones sociales, y señalan su grave preocupación por la falta de garantías en el territorio colombiano en cuanto al ejercicio de la libertad de expresión y asociación; al ejercicio de la defensa y promoción de los derechos humanos, así como de la autonomía universitaria.

La OMCT y la FIDH urgen a las autoridades colombianas a que cesen sus señalamientos y categorización general hacia los estudiantes y profesores universitarios y a que tomen todas las medidas oportunas y apropiadas para garantizarles una protección eficaz. Se llama también a la liberación inmediata de los profesores y estudiantes en caso de que la Fiscalía General no esté en la medida de presentar las pruebas y los elementos que fundamentarían su detención.

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