El documento pone en evidencia la inoperencia del sistema judicial frente a los crímenes de lesa humanidad cometidos por los grupos paramilitares entre el año 2002 a julio de 2007. El comunicado afirma que se indagó por el estado procesal de dos mil cuatrocientos cuatro (2.404) casos, que involucran crímenes de competencia de esta Corte. De éstos la Fiscalía General de la Nación de Colombia facilitó información respecto de mil novecientos setenta y tres (1.973) casos, esto es de un 82.07%. Según lo proveído, de esa suma se dió inicio a un total de 1.284 investigaciones penales, y omitió hacerlo en seiscientos ochenta y nueve (689) casos. Asimismo, se concluye que de las 1284 investigaciones iniciadas sólo un 24.72% se hallan activas y apenas se profirieron 55 resoluciones de acusación o llamamientos a juicio. Además, la fiscalía ha omitido la investigación de los máximos responsables, así como la investigación de los delitos más graves. Las investigaciones no han tenido en cuenta la sistematicidad y el carácter generalizado de los crímenes, En resumen, la impunidad está favoreciendo a los perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad.
Lo anterior indica que el Estado colombiano no tiene la voluntad ni la capacidad para investigar, juzgar y sancionar debidamente a los responsables de la comisión de crímenes de lesa humanidad, por lo que en aplicación del principio de complementariedad, corresponde a la Corte Penal internacional abrir la correspondiente investigación con el fin de evitar la impunidad y de obtener verdad, justicia y reparación integral, derechos fundamentales de las víctimas.
Desde el año 2005, la FIDH y el CCAJAR vienen entregando comunicaciones a la CPI, en las que se demuestra la ausencia de capacidad y de voluntad del Estado colombiano para asumir investigaciones y/o iniciar procesos contra los más altos responsables en la comisión de crímenes de lesa humanidad.
A finales de agosto de este año, el CCAJAR, junto con otras ONGs colombianas, entregaron al Fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo durante su visita a Colombia, una comunicación sobre las extradiciones de 14 jefes paramilitares a los Estados Unidos por el delito de narcotráfico ocurridas en mayo de 2008, las cuales ponen de manifiesto la incapacidad del Estado colombiano para investigar y juzgar a los responsables de cometer crímenes de lesa humanidad.
Los firmantes de la comunicación reiteramos nuestra preocupación al respecto [1]
y recordamos que el Fiscal de la CPI cuestionó las autoridades colombianas sobre « ¿Cómo se asegurará el juzgamiento de los máximos responsables de crímenes que estarían bajo la competencia de la CPI, incluyendo a dirigentes políticos y miembros del Congreso, presuntamente involucrados a los grupos desmovilizados? », especificando: « En particular, me gustaría saber si las investigaciones seguidas hasta la fecha indican la comisión de conductas penadas por el Estatuto de Roma y si la extradición de los líderes paramilitares presenta algún obstáculo en la eficaz investigación de los mencionados políticos ». Estos interrogantes, entre otros, fueron formulados durante la segunda visita que realizó a Colombia [2]
en menos de un año. Recordó, en esta misma ocasión, que su oficina « se encuentra analizando la situación colombiana, a la luz del Estatuto de Roma, ratificado por Colombia ».