Tras el anuncio del Presidente de su intención de convocar un referendum de aprobación del proyecto de Constitución en diciembre de este año, y descontenta frente a la repartición del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), la oposición al gobierno de Evo Morales procedió a la toma de instituciones estatales en Santa Cruz, Cobija, Tarija y Trinidad.
En Cobija (departamento del Pando), trabajadores de la Prefectura, miembros de los Comités Cívicos y campesinos, armados con bates y palos irrumpieron, saquearon y tomaron violentamente seis entidades públicas: entre el miércoles 3 de septiembre y ayer, fueron tomados el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), las instalaciones de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), la Superintendencia Forestal, la Dirección Nacional de Migración y la oficina de la Representación Presidencial. Las oficinas de la Aduana Nacional y del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) fueron tomadas en los días anteriores. Habría habido amenazas de muerte contra los funcionarios y se denunció además que armas letales abrían sido utilizadas. Asimismo, la representante presidencial en el Pando, Nancy Texeira, alarmó sobre el hecho que está confirmada la llegada de más de 500 campesinos a la capital cobijeña con el propósito de fortalecer la toma de entidades públicas [1].
En Trinidad (Beni), un grupo de 200 personas habría intentado tomar las instalaciones de Impuestos Internos el martes con piedras, palos y armas de fuego, pero fueron repelidos por los efectivos militares, mientras que en la mañana de este jueves, una bomba "molotov" explotó al interior de la Representación Presidencial en Tarija. Ya el miércoles, jóvenes movilizados, según ABI por la Prefectura, habrían intentado ingresar a las oficinas de la representación a las 2h00 de la madrugada. En Santa Cruz también la representación de la Presidencia fue tomada violentamente el lunes 1 de septiembre por unas 60 personas que golpearon a los presentes.
Más grave aún, estos actos de vandalismo y tomas de instituciones han sido acompañados por ataques en contra de miembros de las Fuerzas Armadas y amenazas de toma de cuarteles del Ejército por parte de las autoridades opositoras al gobierno de Evo Morales.
En la noche del martes, grupos armados que intentaban tomar las oficinas del Servicio de Impuestos Nacionales en Trinidad (Beni) atacaron a los militares de la Sexta División con armas blancas y de fuego, dejando diez heridos entre los miembros del Ejército. El presidente del Comité Cívico del Beni, Alberto Melgar, dio "un plazo" de 48 horas para que el comandante de la Sexta División del Ejército, abandonara el "territorio beniano". Ya el 21 de agosto policías habían sido golpeados por miembros de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) en Santa Cruz, cuando estos últimos estaban intentando tomar el Comando Departamental de la Policía cruceña, y en el Pando se estaría amenazando con ocupar las dependencias de las Fuerzas Armadas y del Comando Conjunto.
En este ambiente siguen los ataques y amenazas de carácter racista y discriminatorio en contra de dirigentes sociales y en general de todos los que se supone están a favor del gobierno actual. El último ejemplo es aquello del incendio criminal de la casa del dirigente de la Central Obrera Departamental de Santa Cruz (COD), Lucio Vedia. El dirigente ya había sufrido un primer atentado y sería objeto de amenazas de muerte por parte de la UJC. El domingo 29 de agosto, personas marchando con la COD fueron agredidas e insultadas con propósitos racistas por grupos de choque entre los cuales se identificaron el Grupo Resistencia, Alianza Autonómica de Santa Cruz y la Unión Juvenil Cruceñista.
En este contexto, el gobierno nacional adoptó el Decreto Supremo Nro. 29698 – en vigencia desde ayer-, que « establece los mecanismos de reparación de los daños causados por actos de vandalismo y depredación del patrimonio Estatal provocados por alteraciones del orden público, promovidos por las Prefecturas de Departamento » y en el cual se prevén, entre otros, procesos penales y descuentos de recursos a las prefecturas departamentales en casos de vandalismo o degradaciones a instalaciones públicas. Frente a esta medida, el senador por el Beni, Walter Guiteras, amenazó que "no se atrevan a descontar ni un solo centavo" y aseguró que el pueblo beniano tomaría los cuarteles de la Sexta División, sin tomar en cuenta las consecuencias que podría generar una acción de esa naturaleza.
La FIDH condena firmemente estos actos de violencia con armas letales y blancas cometidos por los comités cívicos y afines con el apoyo de algunas autoridades regionales, que desestabilizan el país y lesionan la institucionlidad democrática. Urgimos a los comités cívicos y a sus afines a regresar a un ejercicio político de su derecho a la oposición. La FIDH llama a la OEA, a las Naciones Unidas y a la Unión Europea para que condenen estos hechos de violencia y para que respalden al gobierno legítimamente constituido de Evo Morales. La FIDH llama también la comunidad internacional a denunciar estos actos y a prestar sus buenos oficios para restablecer el díalogo entre las partes y permitir la estabilidad del Estado boliviano.