El Observatorio ha conocido con preocupación que entre el 4 y el 11 de marzo de 2008, cinco sindicalistas fueron asesinados y que se considera como muy probable que estos crímenes estén relacionados con la participación de las víctimas en la marcha del 6 de marzo y/o en su preparación.
El 4 de marzo, la Sra. Carmen Cecilia Carvajal, asociada a la Asociación de Institutores Norte Santandereanos (ASINORT), fue asesinada en el municipio de Ocaña, Norte de Santander. Un día después, el Sr. Leonidas Gómez Rozo, dirigente de la Unión Nacional de Empleados Bancarios (UNEB), fue igualmente asesinado en Bogotá. El 7 de marzo, el Sr. Rafael Boada, presidente del mismo sindicato UNEB, seccional Bucaramanga fue asesinado en esa ciudad y el Sr. Gildardo Antonio Gómez Alzate, delegado de la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA), fue asesinado en la ciudad de Medellín. Por su parte el Sr. Carlos Burbano, Directivo de la Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios (ANTHOC) y líder de la movilización del 6 de marzo en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá, desapareció el 9 de marzo y su cadáver fue descubierto dos días después. El Sr. Carlos Burbano, había sido amenazado y hostigado previamente al 6 de marzo por su labor como organizador de la marcha.
Por otro lado, el 12 de marzo de 2007, grupos paramilitares autodenominados Aguilas Negras, enviaron amenazas de muerte en contra de numerosos miembros de ONG y de organizaciones sociales que impulsaron la jornada de homenaje nacional a las víctimas del paramilitarismo, la parapolítica y los crímenes de Estado [1].
El Observatorio recuerda que éstos hechos han ocurrido en medio de un contexto general de ataques contra la movilización del 6 de marzo de parte de varios sectores de la sociedad colombiana, incluidos políticos y periodistas [2] y que en diferentes regiones de Colombia los promotores de esta jornada fueron víctimas de constantes amenazas por parte de los grupos de autodefensa (Águilas Negras), como el Sr. Dario Tote, comunero indígena de la población de Kokonuko y coordinador de la marcha del 6 de marzo en el departamento del Cauca, y la Sra. Ingrid Vergara Chávez [3] y el Sr. Pedro Geney, coordinadores de la misma en el departamento de Sucre, todos integrantes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE).
El Observatorio condena firmemente los cinco asesinatos ocurridos estos últimos días, y manifiesta de nuevo su seria preocupación por la seguridad e integridad física y psicológica de todos los miembros de organizaciones de derechos humanos y/o movimientos sociales que promovieron la marcha del 6 de marzo.
El Observatorio manifiesta más generalmente su seria preocupación por las constantes amenazas, los actos de hostigamiento y de intimidación, incluidos asesinatos y desapariciones forzadas, de los cuales son víctimas los defensores de derechos humanos en Colombia desde varios años.
El Observatorio recuerda que el artículo 95 de la Constitución Política Colombiana señala que es deber de las personas en Colombia "defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica", y que la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998 precisa en particular la protección del derecho de toda persona "individual o colectivo, de promover la protección y el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, tanto en el plano nacional como internacional y a esforzarse por ellos" (Art.1).
El Observatorio urge las autoridades colombianas a que aseguren la seguridad e integridad física y psicológica de todos los defensores de derechos humanos así como de todas las personas que participaron en la marcha del 6 de marzo y/o en su convocatoria y organización, y también que lleven cabo una investigación completa, independiente, exhaustiva e imparcial en torno a los asesinatos, las amenazas y los actos de intimidación arriba mencionados.
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