Esta decisión interviene tras el fallo de la Corte de Constitucionalidad de la República de Guatemala, notificado el 14 de diciembre 2007, en el cual esta última rechazó la extradición a España de Angel Anibal Guevara Rodríguez, ex ministro de la defensa, y Pedro García Arredondo, antiguo comandante de la policía. La FIDH había manifestado su repudio frente a la decisión de la Corte de Constitucionalidad guatemalteca que descartaba la competencia de España para juzgar, entre otras, del crimen de genocidio cometido en Guatemala bajo el principio de jurisdicción universal consolidando así aún más la impunidad que gangrena el Estado de Guatemala [1].
Mediante su auto, la Audiencia Nacional denuncia "una clara actitud dilatoria" de las autoridades guatemaltecas frente a la investigación española. Además, subraya la grave violación al derecho internacional y a la obligación de ‘todas las naciones civilizadas de prevenir y sancionar" el delito de genocidio que representa el hecho que la Corte de Constitucionalidad considere lo acontecido contra el pueblo maya como un delito político. " Esto no hace más que reiterar lo que ya quedó suficientemente establecido, a saber que el Estado guatemalteco no ha hecho nada para sancionar tal delito, constatada la comisión del mismo en el pueblo maya por lo que España puede y debe perseguir universalmente tal delito [2].
En consecuencia, la Audiencia Nacional considera que, más que nunca, es competente para juzgar el genocidio y los otros crímenes y que frente a la ausencia de voluntad de las autoridades guatemaltecas de llevar a cabo las diferentes comisiones rogatorias que tenían como objetivo obtener en Guatemala la información necesaria para proceder a la investigación debe acudir a otras fuentes de investigación. Por esa razón solicita que "las víctimas, perjudicados, testigos, investigados" suministren al Juzgado español la información que tengan sobre estos crímenes.
La FIDH, la Asociación Pro Derechos Humanos y CALDH consideran que esta información se puede canalizar a través de las organizaciones de la sociedad civil.
Souhayr Belhassen, la presidenta de la FIDH aplaude esta determinación para juzgar los crímenes atroces que se cometieron durante lo que fue el más grande genocidio de toda América Latina en el siglo XX y le pide al nuevo Presidente de Guatemala que rompa con este ciclo de impunidad y colabore plenamente con la Audiencia Nacional.
Estas organizaciones también llaman a la Corte de Constitucionalidad a que resuelva en contra y a la brevedad el amparo interpuesto por el General Ríos Montt en el proceso Guatemalteco por las desclasificación de los documentos militares en manos del ministerio publico.