El derecho a la alimentación en Colombia: Hambre, desnutrición y dependencia alimentaría.

26/06/2007
Comunicado

La situación del derecho a la alimentación en Colombia se encuentra bastante lejos de su plena garantía. En buena medida, la desigualdad en la distribución de los ingresos y la riqueza explica esta situación. Según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Colombia es el undécimo país con mayor desigualdad del mundo.

Conforme lo establecido por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) los porcentajes de colombianos y colombianas en estado de pobreza e indigencia estarían alrededor del 49.2 % y el 14.7 %, respectivamente.

Balance de la situación alimentaria y nutricional de Colombia

Tomando como referencia los datos oficiales de la FAO, el hambre en Colombia muestra un claro comportamiento ascendente, con un ritmo de crecimiento que ya supera la velocidad con que se incrementa esta calamidad en el promedio del mundo en desarrollo e, incluso, África Subsahariana . Este crecimiento sigue en el 2006.

Las cifras más recientes de carácter oficial (correspondientes al año 2005) indican que 12 de cada 100 niños y niñas menores de 5 años sufren de desnutrición crónica; el 44.7 % de las mujeres gestantes son anémicas o el 11 % darán a luz bebés con bajo peso; el 53 % de los menores de 6 meses de edad no reciben lactancia materna exclusiva; el 36 % de la población tiene una deficiente ingesta de proteínas; y, el 41 % del total de hogares colombianos manifiesta algún grado de inseguridad alimentaria.

Hambre y desplazamiento forzado

Colombia es el tercer país a escala mundial con mayor número de personas en situación de desplazamiento forzado interno, superado únicamente por el Congo y Sudán. Tal realidad genera efectos permanentes en cuanto a la situación alimentaria de esta población se refiere.

Según estadísticas de organismos internacionales, un 87 % de los hogares desplazados se encuentra en franca situación de inseguridad alimentaria. No es extraño entonces que del total de población desplazada evaluada por algunos estudios, el 85 % de los hogares manifiesten reducir el número de comidas por falta de dinero, o que el 56 % de sus niños y niñas y el 70 % de sus adultos, se acuesten a diario con hambre.

El impacto de la severa situación nutricional de los desplazados y desplazadas puede ejemplificarse con unas cifras adicionales:

 La desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años pertenecientes a esta población es de un 22.6 %; es decir, 10 puntos porcentuales por encima de la media nacional y según datos de la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia-2005.

 Apenas un 18 % de niños y niñas de la población desplazada reciben lactancia exclusiva y con una duración promedio de tan sólo 1.5 meses, siendo que las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud hablan de seis meses como mínimo. Esto, obviamente, representa una seria amenaza para la vida e integridad física y mental de esos niños y niñas.

 El 59.7 % de las mujeres desplazadas gestantes sufren de anemia y en una cifra que supera en 15 puntos porcentuales el promedio nacional.

Se ha encontrado que para la población desplazada el principal problema reportado en cuanto a su inseguridad alimentaria, es la incapacidad de generar ingresos suficientes. De hecho, el promedio de los hogares desplazados apenas si consiguen ingresos equivalentes al 68 % del salario mínimo vigente a nivel nacional. Tal situación es más grave en aquellos hogares de jefatura única femenina.

La desigualdad en la propiedad de la tierra

En la actualidad Colombia muestra un proceso continuo de concentración en la propiedad de la tierra. De acuerdo con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, alrededor de 2428 propietarios públicos y privados (0.06%) poseen 44 millones de Hectáreas del territorio registrado catastralmente (53.5%), controlando en promedio 18.093 Ha por propietario. En contraste 2.2 millones de propietarios (55.6%) y de predios (56.8%) corresponden a una estructura de minifundios menores de 3 Ha, lo cual equivale a un 1.7% del territorio registrado catastralmente. Al comparar la primera y la segunda franja de control territorial, encontramos que el territorio promedio de cada uno de los grandes propietarios es equivalente a 6000 veces la propiedad promedio de los microfundistas y minifundistas.

Esta tendencia en la distribución de la propiedad genera un uso inadecuado del suelo que pone en peligro la producción de alimentos en Colombia y la economía campesina tradicional. Según cifras oficiales el país solo está utilizando un 37% de la tierra apta para la agricultura, mientras en contraste, la ganadería absorbe alrededor del 208% de la tierra apta para esta actividad. Alrededor de entre 9 y 10 millones de Hectáreas aptas para la agricultura no se están usando para este propósito.

Se acrecienta la dependencia alimentaria.

Desde el año 2002 el Ministerio de Agricultura ha mantenido una estrategia de Política exportadora basada en buena medida en la promoción de cultivos no alimentarios, o alimentarios marginales para la dieta básica. La orientación fundamental se centra entonces en 22 productos que serán objeto de apoyo institucional por vías de crédito preferencial o exenciones tributarias. Estos cultivos pueden agruparse en ocho conjuntos:

1.Cultivos de tardío rendimiento, cuyo ciclo de cosecha dura más de cinco años.: Palma de aceite, cacao, caucho etc.
2.Frutas tropicales
3.Hortalizas: Ají, espárrago, cebolla bulbo, brócoli etc.
4.Potenciales exportables: tabaco, algodón fibra media y larga y papa amarilla.
5.Acuicultura
6.Tradicionales exportables: Café, flores, azúcar, plátano y banano.
7.Agrocombustibles: Etanol a partir de caña de azúcar, caña panelera y yuca, y biodiesel con base en palma de aceite.
8.Otros: Forestales, carne bovina y lácteos, cafés especiales.

Tal énfasis amenaza tanto a la producción de alimentos básicos para la dieta de las y los colombianos, como a la posibilidad de consolidar un sistema de abastecimiento alimentario basado en el mercado interno y la producción campesina tradicional, fuente tradicional de alimentos en nuestro país.

La amenaza de los agrocombustibles.

Uno de los puntos más preocupantes de la apuesta agroexportadora se relaciona con la decisión del Gobierno Nacional de incentivar la producción de agrocombustibles. Aunque en la actualidad Colombia produce un millón de litros diarios de etanol, en la actualidad el Gobierno Nacional está buscando aumentar la producción de agrocombustibles, lo cual traería graves consecuencias para la alimentación de las y los colombianos:

En primer lugar se espera que aumente el área sembrada para los agrocombustibles, mientras se reduce el área sembrada de cultivos alimentarios. Mientras los cálculos oficiales revelaban que el área de cultivos transitorios (arroz, distintas variedades de maíz, sorgo, ajonjolí, papa, trigo, fríjol, maní y hortalizas) tendía a una reducción de 200.000 Hectáreas en 2006. La Palma aceitera pasó de contar con 145.027 Hectáreas en 1998 a 275.317 en 2005. Lo cual indica que mientras en siete años el cultivo de Palma de aceite casi se duplica, los cultivos destinados a la alimentación se vienen reduciendo.

En segundo lugar, los precios de los alimentos tienden al alza gracias a la producción de agrocombustibles. La utilización de Caña para la producción de etanol ha generado que solo en 2006 la panela (una fuente barata de energía para los sectores más pobres) aumentara un 83.07%, (mientras la inflación anual para marzo de 2007 se encuentra en 5.78%). El kilo de Panela pasó de costar 705 pesos en enero a costar 1290 en diciembre, mientras la Harina de maíz subió un 40% durante el año 2006.

Por todas estas razones la FIDH conjuntamente con la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo le pide al gobierno Colombiano que invite al Relator Especial sobre el derecho a la alimentación a Colombia.

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