La decisión de enviar una misión se tomó en el mes de
octubre de ese mismo año, antes de la huida de Fujimori
al Japón y los sucesos institucionales y políticos que le
siguieron. Tenía por objetivo inicial realizar el seguimiento
de las constataciones y recomendaciones de la misión
anterior realizada en agosto de 1998, dedicada al estudio
de las instituciones judiciales y la situación penitenciaria.
Entre ambas fechas la FIDH había enviado también una
misión de observación electoral.
Durante las semanas que precedieron a la llegada de la
misión y durante su estadía, los sucesos políticos y
jurídicos sucedieron a un ritmo totalmente imprevisto.
El parlamento rechazó la renuncia de Fujimori y se
pronunció por su destitución por "incapacidad moral
permanente".
El nuevo gobierno transitorio se constituyó por
personalidades independientes y unánimemente
respetadas en la sociedad peruana. Dos defensores de
DDHH son miembros de éste, el Ministro de Justicia ha
sido presidente de la Comisión Andina de Juristas, y la
Ministra de Promoción la Mujer y el Desarrollo Humano es
miembro de la Coordinadora Nacional de DDHH.
La sociedad peruana vive un extraordinario momento de
esperanza y de reconstrucción institucional en un contexto
de relativa incertidumbre. El gobierno actual es un
gobierno de transición que concluirá sus funciones con las
elecciones previstas para abril de 2001, cuyos resultados
aún permanecen inciertos, por ello se requiere la vigilancia
de la comunidad internacional para garantizar la
transparencia del proceso electoral.